Respecto a las energías renovables marinas en general y la eólica en particular, 2025 termina con la misma expectativa que comenzó:
“El Ministerio y las dos Secretarías de Estado están trabajando para publicar la Orden de Bases y a continuación la Resolución de Convocatoria de la subasta para las adjudicaciones correspondientes “
Este era el mensaje que se recibía en la comunicación con el
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, MITECO, en cualquier nivel (desde los técnicos hasta la ministra).
El optimismo tenía base específica, ya que se habían resuelto los dos grandes y difíciles prerrequisitos necesarios, de un lado por la dimensión espacial afectada, los casi 500.000 km2 de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) española y la variedad y singularidad de los espacios marinos incluidos en ellos, que debían ser regulados y de otro, por la dificultad conceptual, ya que en el Real Decreto regulador se debía incluir una visión y marco general suficientemente amplio y previsor que permitiera el proceso industrial y tecnológico (en situación de desarrollo en muy distinto nivel, inexistente en España e incipiente con carácter general), necesario, acelerado y adaptable.
El primero había culminado el largo y difícil proceso de establecer los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM) español, a partir de un borrador sometido a una primera información pública en su contenido regulatorio, y en una segunda, como parte del proceso de evaluación ambiental, culminados en septiembre de 2021.
El MITECO necesitó un año y medio adicional para finalmente aprobar en el Consejo de Ministros de 28 de febrero de 2023, los POEM de la ZEE española, y otro año más para aprobar el Real Decreto 962/2024 de 24 de septiembre (tras un nuevo proceso de información pública, del 27 de febrero a 25 de marzo de 2024).
De esta forma se podrían considerar culminados y superados los dos prerrequisitos necesarios para que el proceso concluyera con la publicación de la Orden de Bases y la Resolución (cómo señalaban todas las previsiones al inicio de año).
La expectativa no solo se basaba en el trabajo hecho, las necesidades energéticas nacionales, tecnológicas, empresariales y la planificación nacional comprometida con el resto de los Estados de la Unión Europea, sino en que la propia ministra Aagesen indicaba en la prensa: “estamos trabajando para tener una subasta de eólica marina este año, para lo que saldrá la Orden con las bases y después la Resolución”. (Cinco Días 21-2-25 y Energías Renovables 31-3-25)
Con el transcurso del año, el secretario de Estado de Energía Sr. Groizard, (12-9-25 Energías Renovables) señalaba: “se está avanzando en el marco normativo, por lo que se espera lanzar la primera subasta muy pronto”. La obviedad de que el secretario de Estado no puede contradecir a su ministra, trató de superarse con la idea del “muy pronto,” cuando todo el que leyó en la entrevista ese concepto (en septiembre) sabía que lo que estaba confirmando es que no habría convocatoria en 2025, como se termina de conformar.
El propio secretario de Estado (como apoyo a la argumentación sobre la voluntad ministerial de culminar el proceso de desarrollo de las renovables marinas), señalaba las ayudas promovidas para el desarrollo de tecnología (particularmente para la eólica flotante), que servirían de impulso al desarrollo de un conjunto de empresas españolas tecnológicamente muy avanzadas y competitivas en el ámbito internacional, así como el programa sometido a información pública (en julio de este año) para reforzar capacidades portuarias orientadas a la fabricación, montaje, y mantenimiento de parques eólicos marinos: Port EOLMAR al que se dedican más de 160 M€. Evidentemente son acciones complementarias de interés e importancia en sí mismas, que no impiden ni matizan la consecuencia de que 2025 es un año más perdido, simplemente por la incapacidad del MITECO de desarrollar su trabajo.
No por conocido y evidente debe dejar de señalarse que el tiempo en general no es una variable neutra y mucho menos en procesos industriales que ocurren en el mercado internacional y que tienen finalidades tan concretas y urgentes como aumentar y conseguir la autonomía energética nacional y europea y hacer posible la eliminación de la emisión de Gases de Efecto Invernadero de forma social y económicamente equilibrada.
El nuevo año de demora ocurre en un contexto cambiante que matiza sus efectos, aunque no el efecto negativo y perjudicial para el conjunto del país y de la Unión Europea. En el ámbito internacional se vienen a consolidar dos estrategias extremas:
Por un lado, la administración de Estados Unidos, que a partir de las ventajas económicas que le genera la reactivación de la producción y comercialización de sus combustibles fósiles en grandes cantidades (apoyada en un negacionismo ambiental de conveniencia), lo que supone un freno radical y evidente al desarrollo de las EERR en su territorio y otros países de su influencia, lo que limita e impide la entrada y desarrollo de las empresas europeas líderes mundiales.
Por otra parte, China impulsa y no pone freno a la producción y consumo de combustibles fósiles, mientras que en paralelo impulsa y lidera, con carácter general y específico, el desarrollo de todo tipo de energías renovables (esta misma posición es seguida por otros países con distintas fórmulas, como salvando las distancias, hace Noruega de acuerdo prácticamente con la misma estrategia).
La posición de la Unión Europea queda marcada por no disponer de producción significativa de combustibles fósiles, lo que ha sido origen de su dependencia energética de terceros (evidenciada drásticamente con la invasión de Ucrania), que tiene como consecuencia la necesidad de acelerar la incorporación de las EERR, aprovechando la satisfacción de esta necesidad para generar el desarrollo tecnológico competitivo que permita formar parte del liderazgo internacional de su implantación.
La necesidad de autonomía energética de España es común y forma parte del conjunto europeo, con una capacidad de desarrollo tecnológico que se sitúa en los niveles europeos más altos.
En esta realidad en el conjunto de la UE y de España en particular, se debe asegurar la instalación de capacidades de generación y es aquí donde la incapacidad administrativa española (que no es exclusiva en el conjunto de países de la UE europeo), se convierte en un obstáculo (que la Comisión está tratando de resolver e impulsar, con éxito limitado, como demuestra la propia situación española).
Para Canarias, las EERR marinas en general y la eólica marina de forma particular e inicial tiene las mismas consecuencias que para el resto del país y de la Unión Europea, pero adicionalmente existen dos características distintas que le dan una mayor y crítica importancia:
-La desconexión del continente europeo (quedando como posibilidad la conexión al continente africano), que obliga a la autoproducción y que no podrá alcanzar los niveles necesarios sin la contribución de la EERR marinas al mix general del Archipiélago.
–La capacidad de producción de combustible para las necesidades no electrificables, como el transporte aéreo y naval, que determinan las posibilidades socioeconómicas de su futuro.
Con el valor añadido que el desarrollo de ambas tiene en el crecimiento económico y generación de empleo. Necesidades adicionales canarias que requieren acelerar al máximo el proceso de desarrollo e implantación, por cuanto es necesario y de la mayor importancia, “la anticipación”, ya que ha de hacerse en competencia con otros territorios y espacios económicos.
