El último año viene siendo, como es ampliamente conocido, escenario de procesos y decisiones internacionales de gran relevancia para la gestión de la atención necesaria a las necesidades de la humanidad (actuales y más importantes futuras) y para la necesidad urgente en muchos casos, de preservación medioambiental global.
Desde estas reflexiones se ha venido prestando particular atención a esta realidad en el espacio marino, recordando siempre la dimensión del océano global, tanto por su propia problemática como por la proyección y efecto del océano sobre los sistemas terrestres.
De especial importancia, en positivo, ha sido la entrada en vigor del Tratado de la Alta Mar (Acuerdo sobre la Conservación y el Uso Sostenible de la Biodiversidad Marina en Areas fuera de las Jurisdicciones Nacionales), por sus siglas en inglés, BBNJ (Biodiversity Beyond National Jurisdiction). El Acuerdo, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 19 de junio de 2023 tras más de 20 años de negociaciones, quedó abierto a la firma el 20 de septiembre de 2023. El depósito de las primeras 60 ratificaciones se alcanzó el 19 de septiembre de 2025, lo que permitió su entrada en vigor el 17 de enero de 2026 (120 días después de las primeras 60 ratificaciones). El respaldo internacional ha continuado ampliándose y, a finales de junio de 2026, se han alcanzado los 90 Estados parte y 145 Estados signatarios.
La mera secuencia temporal y su duración global es una medida directa de su importancia (que se constata en cualquier revisión de contenido que se haga) y en consecuencia, una vez que se ponga en marcha su estructura organizativa y funcional se empezarán a concretar los efectos positivos globales para la conservación del medio oceánico.
Este éxito por sí mismo podría ser el ejemplo y estímulo para que la comunidad internacional global pueda enfrentar en conjunto el desafío derivado de la necesidad crítica de encontrar el equilibrio entre el aprovechamiento de los recursos y servicios que el océano proporciona hoy y la garantía de la subsistencia a largo plazo de la sociedad global. Dicho equilibrio exige considerar la preservación ambiental, imprescindible para que se pueda conseguir tal subsistencia.
Sin restar relevancia al Tratado, el último año también ha estado marcado por acontecimientos de signo contrario. Entre ellos destaca el cambio de orientación de la política ambiental de Estados Unidos tras la llegada de la nueva Administración, materializado con la firma, el 20 de enero de 2025 (el mismo día de la toma de posesión presidencial), de iniciar la retirada del Acuerdo de París, proceso que se hizo efectivo en enero de 2026.
Esta decisión, no solo es importante en sí misma, sino que lo es más como símbolo del proceso generalizado de acción activa para debilitar los esfuerzos por alcanzar el equilibrio ambiental y aún más porque da soporte al “negacionismo total” de la existencia de la necesidad de cualquier tipo de medida o acción de conservación ambiental a cualquier escala espacio temporal. En este contexto, uno de sus efectos más significativos ha sido el impulso y la mayor visibilidad internacional de posiciones que niegan o minimizan la existencia, el origen antropogénico o la gravedad del cambio climático, dificultando la construcción de consensos globales para afrontar el principal desafío ambiental del siglo.
Con todo, lo realmente peligroso de la posición adoptada por la actual Administración estadounidense, no radica únicamente en el cuestionamiento de evidencias ampliamente respaldadas por el conocimiento científico, sino en las consecuencias que tiene la deslegitimación del conocimiento científico como fundamento de la toma de decisiones “la estupidez basada en la insolvencia científica”, no es original de esa Administración y no por falta de ciencia del mejor nivel en su país (desde el modelo geocéntrico hasta otras concepciones posteriormente refutadas por el avance del conocimiento). En todos esos casos, el progreso científico terminó imponiéndose, aunque con ritmos diferentes y, en ocasiones, tras importantes costes sociales, económicos y ambientales, constituyendo la base sobre la que se ha sustentado buena parte del progreso de la humanidad.
Lo realmente peligroso en el momento actual es entender que el atractivo social de estas posiciones no se deriva principalmente de compartir conceptos erróneos o interesados, si no de minusvalorar el efecto social generalizado de la crisis financiera 2008/2009 en los países desarrollados, en los que las condiciones de vida de partes importantes de su población han empeorado objetivamente, sino lo que es peor, ha truncado sus perspectivas de futuro, de forma que antes de la crisis la impresión social ampliamente aceptada era que el futuro tenía buena perspectivas, mientras que en los últimos años la impresión que se va consolidando es que las condiciones de vida del futuro serán peores (que las de sus padres).
En este contexto resulta relativamente sencillo construir un discurso según el cual, si el cambio climático no existe y si los desafíos ambientales han sido exagerados, los recursos públicos se están malgastado y por tanto deberían reorientarse hacia necesidades sociales más inmediatas, como el empleo, la vivienda, la sanidad o la educación, así como hacia políticas dirigidas a mejorar las perspectivas económicas de las generaciones futuras.
Esta narrativa se ve reforzada por el hecho de que las políticas de conservación ambiental requieren inversiones para obtener beneficios apreciables a medio o largo plazo, a lo que se suma que no se ha dedicado el esfuerzo suficiente a explicar a los ciudadanos la relación existente entre la conservación ambiental, el bienestar económico y social y la seguridad de las generaciones futuras, favoreciendo discursos simplificadores que presentan ambos objetivos como incompatibles, cuando, en realidad, forman parte de un mismo desafío de sostenibilidad.
Con ser importante, el problema no es solo la posición de la Administración estadounidense, sino que con su peso dimensión y capacidad de influencia está dando cobertura e impulso a estas ideas en múltiples países desarrollados y con la misma problemática, lo que empieza a hacer el problema cada vez mayor.
Conviene recordar que, pese a que la Unión Europea ha desempeñado un papel de liderazgo internacional y ha sido uno de los principales impulsores del Tratado de la Alta Mar, comienzan a surgir dificultades internas derivadas de discursos que cuestionan las políticas ambientales y climáticas, favorecidos por el cambio de orientación de la Administración estadounidense y cada vez más asumidos por determinados sectores políticos y sociales europeos.
La preocupación no radica únicamente en la posición conceptual coyuntural de Estados Unidos, que pasará como ya ha sucedido, sino en que la reversión del deterioro de las condiciones socioeconómicas que favorecen la aceptación de los planteamientos de equilibrio socioeconómico y ambiental requerirán, en el mejor de los casos, procesos difíciles y largos.
Este escenario exige comprender la realidad y orientar la acción sobre la base del mejor conocimiento científico y su amplia difusión, con el fin de recuperar los consensos sociales e internacionales necesarios para afrontar los retos ambientales. Mientras estos se consolidan, resulta prioritario impulsar actuaciones ambientales cercanas y viables, apoyadas en el rigor científico, la participación social y una colaboración público-privada cada vez más sólida como elemento esencial para la sostenibilidad.
