La preocupación actual por la conservación ambiental está enmarcada en un sistema complejo, de carácter nacional e internacional y proyectada hacía marcos como: el Acuerdo de París (para tratar de impedir el calentamiento global del planeta en este siglo); el Protocolo de Montreal (para revertir el agujero en la capa de ozono); la Moratoria de la Caza de Ballenas acordada por la Comisión Ballenera Internacional (WCI, por sus siglas en inglés)… que forman parte de una larga lista de tratados acuerdos y normas de todo rango, dirigidas a proteger especies, valores o ecosistemas con extensión y/o proyecciones muy diversas.
El conjunto de información relativa a estos temas se mantiene constante en los medios de información y con tendencia creciente, proyectándose antes o después, en normas y regulaciones que producen algún tipo de limitación y coste para algún colectivo (pueden llegar a ser la totalidad de los ciudadanos) que se convierte inmediatamente en afectados.
Los colectivos afectados directamente por cualquiera de estas regulaciones ambientales, en general reaccionan de forma genérica y clara con un planteamiento directo, conocido y ampliamente extendido: “la acción, hecho, conducta… que se verá afectada, restringida, prohibida o sancionada, siempre hasta este momento -se ha venido haciendo así- sin que se hayan producido efectos evidentes, claros, importantes… y además los efectos de gran escala y hacía futuro son inventos o cuando menos exageraciones bien intencionadas (incluso en algunos casos malintencionadas)”.
Esta situación, así explicada simplemente, ha dado lugar a una reacción negacionista de los problemas ambientales y sus consecuencias, lo que directamente exime de tomar acciones y hacer frente a los costes actuales y los del futuro (que no se han de tener en cuenta porque los peligros no existen o son exageraciones, fruto de sociedades políticas de ociosos y ricos y/o ecologistas ideológicamente radicales también de sociedades ricas y ociosas).
La confrontación se está generando por el avance lento, pero constante, hacia mayorías sociales concienciadas en el ámbito internacional, con núcleos que dan lugar a minorías resistentes en base a la dificultad y coste, que la materialización del equilibrio ambiental de cada actividad produce de forma inevitable al conjunto social y a cada minoría en particular, apoyadas en la actualidad en las posiciones de la administración de EEUU.
Es importante poder hacer una reflexión anterior a la necesidad de acciones específicas en cada caso, para saber dónde está la respuesta de la cuestión principal que se señala de una u otra forma:
“Antes se podía hacer sin problemas, porque ahora no se puede o no se debe hacer”.
La respuesta a esta cuestión es genérica y común a todos los problemas ambientales. Específicamente en el ámbito marino (para usar ejemplos propios de estas reflexiones), serían el crecimiento de la población mundial y por tanto del conjunto de sus necesidades y el desarrollo de las capacidades tecnológicas aplicables a satisfacer estas necesidades, en/o, desde el océano.
Resulta difícil entender desde la visión actual, que prácticamente hasta los años 70 del siglo XX, se aceptaba sin discusión la libertad de pesca más allá de las 12 millas de las aguas territoriales de cada país costero. La razón para pasar de la libertad total al control de los países ribereños dentro de las 200 millas fue la evidencia de que, recursos que hasta ese momento se consideraban inagotables, fueron objeto de una enorme flota industrial internacional que en 20 o 25 años (desde el final de la segunda Guerra Mundial y de la de Corea) evidenciaron inequívocamente que podrían acabar, prácticamente de forma inmediata, con las poblaciones de especies concretas objeto de explotación pesquera.
Con mucha dificultad se puso en marcha un proceso por el que se pasó de la pesca libre internacional al control de cada estado ribereño en su ZEE (200 millas), lo qué está jurídicamente consolidado a escala global en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar UNCLOS desde su entrada en vigor el 16 de diciembre de 1994. La capacidad técnica de la flota española de faenar en cualquier lugar del mundo, como una de las flotas industriales dominantes, hizo que la ratificación del Tratado por parte de España se retrasara hasta 1997.
En este ejemplo, la necesidad de la población de proteínas junto con la capacidad de armar flotas tecnológicamente eficientes, demostraron que la pesca libre sin control tenía que regularse o podían desaparecer especies y ecosistemas de forma definitiva, en muchos lugares del mundo donde se desarrollaban pesquerías industriales internacionales.
La generalización de la realidad que señala que:
Una parte sustancial de las necesidades crecientes de la humanidad se van a atender desde el aprovechamiento de los recursos renovables o no renovables del océano y desde el uso de su espacio para el desarrollo de funciones y servicios críticos, acelerado por el desarrollo exponencial de nuevas actividades en el mar (acuicultura; generación y almacenamiento de energía; elaboración de productos y sustancias particularmente combustibles; comunicación y procesos de datos…) que se vienen a sumar a las tradicionales de pesca y transporte marítimo ( más del 90% del transporte internacional es marítimo).
Confluyendo con la capacidad, por primera vez en la historia, de que en el océano se puede hacer, casi cualquier cosa, en cualquier lugar y profundidad.
En paralelo a las evidencias de la capacidad de destrucción en los años 70, desde el mismo momento prácticamente se empezaron a crear y poner en marcha las primeras figuras modernas de protección:
El Sistema de Santuarios Marinos en EE. UU. en 1975; en ese mismo año el Acta de Protección del Parque Marino de la Gran Barrera de Arrecifes en Australia; complementándose lentamente el ámbito global con: el Convenio sobre la Biodiversidad 1992; Meta de Aichi 2010; el Marco Global de Biodiversidad de Kunming-Montreal 2020 y el Tratado de la Alta Mar BBNJ en 2025 (el pasado septiembre).
El conjunto de aceleración de las necesidades, posibilidad de capacidades y su certeza, es la base inequívoca para la adopción de medidas que garanticen que el aprovechamiento del océano va a ser desarrollado sobre bases de sostenibilidad.
La nueva realidad plantea la necesidad de actuar con la rapidez necesaria (urgencia) tratando de sincronizarse con las acciones de explotación y uso, de ahí que el, objetivo 2030 aparezca como la primera referencia de respuesta para conseguir la protección directa del 30% del océano, incluyendo los valores más críticos y frágiles, sin que ello suponga renunciar a la voluntad de la mejor gestión del 70% restante.
La realidad global se concreta en Canarias en la posibilidad de contribuir de forma significativa al compromiso español con la UE de alcanzar el 30%. En este año 2025 se está alcanzando el 25%, quedando un último esfuerzo.
Con esta intención, el próximo martes se celebrará en la sede de la Fundación Universitaria de Las Palmas la Jornada de puesta en común de las iniciativas y propuestas de nuevas áreas y valores a proteger en la Demarcación Marina de Canarias. Impulsada por el proyecto MPAs Canary Islands, como un esfuerzo adicional de personas, instituciones y administraciones (Estado y Comunidad Autónoma) por contribuir a la concreción y radicación de AMP como fórmula de conservación vinculada a la sociedad y a la puesta en valor de la conservación.
