La consolidación de informes sectoriales, especializados en series largas de datos anuales, permiten tener una percepción coherente de situación para cada uno de los objetivo por los que se generan, simultáneamente, la cantidad y calidad de los conjuntos de datos permiten abordar análisis de mayor complejidad al añadir elementos de interpretación (para los que no fueron diseñados) a problemas socioeconómicos de mayor trascendencia.
La regularidad y constancia que el Informe AROPE ofrece de la realidad social de Canarias, es un elemento adicional y/o complementario que debe orientar otros muchos análisis específicos: Tener el 31,2% de la población en riesgo de pobreza y exclusión social como señala el Informe AROPE, debe inequívocamente ser un objetivo socioeconómico central para el Archipiélago.
Sin embargo, el análisis de la serie temporal 2014/2024 refleja que el indicador viene mejorando continuamente en valor absoluto, pasando del 42% de 2014 al 31,2% en 2024, un diferencial de 10,8%, que, en valor referenciado a la media nacional ha disminuido al triple de velocidad (el valor nacional pasó del 29,2 al 25,8% (3,4% en 10 años) y en Canarias la disminución ha sido del 10,8% en el mismo periodo.
Estas cifras señalan con claridad y dan valor al proceso general de mejora que se viene impulsando y son indicadoras de su éxito, de forma que manteniendo y mejorando (aunque solo fuera de forma incremental), permitiría alcanzar la media nacional en los próximos cinco o seis años. Lo que es de mayor importancia al haberlo hecho en un contexto en que los indicadores económicos generales de Canarias en relación con el conjunto del Estado y en valor absoluto, no han mejorado de forma sustancial (manteniéndose los diferenciales Canarias/Estado en indicadores como el PIB per cápita en 6.623€ en 2023 y en salario medio anual 3.996€ en 2023).
Como ya ha sido objeto de estudio desde estas reflexiones, el factor acelerador principal de mejora en los indicadores de pobreza es el empleo consecuencia del crecimiento económico y mejor cuando este crecimiento económico se deriva de actividades con mayor valor añadido (cómo es el generado por la economía azul), teniendo en cuenta que en Canarias supone una aportación de diversificación económica necesaria y que sin duda, se dispone del conocimiento y capacidades tecnológicas necesarios, para que se haga en las condiciones de sostenibilidad medioambiental y social imprescindibles.
En Canarias, esta relación es evidente desde la mera comparación directa de la variación del índice AROPE y el paro registrado en el Archipiélago, con una correlación lineal (r=0,897) para la serie 2014-2024, excluidos los años singulares 2016 y 2020. Aun considerando que son datos simultáneos a la existencia de 146.293 parados y 125. 059 extranjeros afiliados (2025) a la Seguridad Social.
El empleo tiene una correlación directa con la formación requerida para su desempeño, creciendo esta correlación con el aumento de los requerimientos específicos para cada uno de ellos y en consecuencia con el crecimiento de los salarios.
En la franja más alta, la formación de muy alta especialización en gran medida viene aportada desde las universidades y coincidiendo en el tiempo de esta reflexión, aparece también de forma regular en este caso: el Informe de la Fundación CYD 2025 sobre la universidad española, que incluye a las universidades canarias, con el valor adicional que permite referenciar los datos al conjunto nacional.
El Informe CYD, analiza cómo las universidades convierten los recursos disponibles en resultados en formación, investigación, transferencia de conocimiento, empleabilidad, internacionalización y contribución territorial.
En este marco general, las universidades canarias aparecen como un caso particularmente claro de las tensiones entre volumen de actividad, limitaciones presupuestarias y capacidad de generar impacto regional.
El sistema universitario presencial canario, se sitúa (según los indicadores del Informe), como el noveno de España si se atiende al número de estudiantes matriculados, egresados y personal docente e investigador.
Esta posición lo coloca en una franja media-alta dentro del conjunto autonómico, es una estructura con masa crítica suficiente para desempeñar un papel central en el desarrollo social, científico y económico del Archipiélago. Lo que, en territorios ultraperiféricos como Canarias, hace que las universidades asuman funciones que van más allá de la docencia y la investigación estricta, actuando como principales polos de formación de capital humano cualificado; como soporte técnico para administraciones públicas y empresas y como nodos de conexión con redes científicas nacionales e internacionales.
Uno de los elementos más determinantes para entender la posición del sistema universitario de Canarias, es la financiación por estudiante. Los indicadores sitúan al Archipiélago entre las comunidades autónomas con menor inversión pública universitaria por alumno, con una cifra en torno a los 8.900 euros anuales, situándolo en el grupo de cola del sistema español.
Los resultados del Informe señalan que, incluso en condiciones de financiación menos favorables, el sistema canario ha sido capaz de construir nichos de especialización competitivos a nivel nacional. La clave de estos logros suele estar en la acumulación de grupos de investigación consolidados, la vinculación con necesidades concretas del territorio y una tradición docente fuerte en determinados campos.
Las universidades canarias juegan un papel estratégico en la diversificación económica del Archipiélago. La apuesta por titulaciones y líneas de investigación en energías renovables, digitalización, biotecnología marina o logística atlántica… debe buscar ampliar el tejido productivo más allá de las actividades económicas tradicionales; fortalecer estos ámbitos contribuye a la resiliencia económica regional.
En el plano de la contribución regional, uno de los espacios donde el sistema canario aparece mejor valorado en las comparativas CYD es precisamente su impacto en el entorno. La colaboración con administraciones públicas, la participación en proyectos de desarrollo territorial, la formación continua para profesionales y la transferencia tecnológica a sectores clave, refuerzan el papel de las universidades como motores de desarrollo insular. En regiones con menor densidad de centros de I+D privados, como Canarias, esta función se vuelve aún más crítica.
La imagen global que emerge del Informe CYD 2025 para Canarias es, el de un sistema universitario con peso significativo dentro del conjunto nacional, capaz de generar resultados competitivos en áreas concretas y con una fuerte vocación de servicio territorial, pero condicionado por una financiación estructuralmente baja en términos comparados y por las dificultades añadidas de la insularidad y la ultraperiferia.
En términos relativos, las universidades canarias no se sitúan entre las líderes en recursos ni en producción científica absoluta, pero tampoco en los últimos puestos (que le correspondería por los recursos disponibles), en resultados académicos o impacto regional. Su posición intermedia-alta en volumen de actividad, combinada con una inversión por estudiante claramente inferior a la media de las comunidades mejor financiadas, sugiere un sistema que opera bajo presión constante, optimizando recursos para sostener niveles de calidad y especialización.
En definitiva, un aspecto más de la necesidad de gestionar e impulsar una realidad compleja, con pocos recursos y en un contexto de futuro internacional incierto, que requiere permanentemente el esfuerzo de priorizar y gestionar adecuadamente los recursos público-privados disponibles.
