Nos acercamos al final del año y salvo sorpresa (que sin duda sería bien recibida), no hay indicios de que sea posible la convocatoria de la concurrencia competitiva, siguiente paso del proceso necesario para el eventual desarrollo de la eólica marina en España.
La consecuencia directa y objetiva es: que no se podrá cumplir con el objetivo nacional de desarrollo de 3 GW en el 2030 (la experiencia internacional señala claramente que este tipo de proyectos necesitan más de cinco años para materializarse), frustrándose por tanto el crecimiento económico como consecuencia del desarrollo de esta industria emergente (instalación de parques), debilitándose en el ámbito internacional la posición de las empresas tecnológicas españolas, disminuyendo los estímulos al desarrollo tecnológico y además, se retrasa alcanzar la autonomía energética deseable para la que estas instalaciones son una aportación relevante.
En el contexto internacional europeo, el componente nacional que no se moviliza no ayuda a paliar la realidad occidental, marcada por el retraso y limitaciones que supone la posición de la administración actual de los EEUU, ni ayuda a compensar (ni siquiera mínimamente), el deslizamiento de este desarrollo tecnológico hacia Asia-Pacífico.
En estas circunstancias, las últimas semanas se van produciendo encadenadamente noticias provenientes de Escocia, que muestran con claridad que el avance no solo es posible, sino que ocurre, y no es porque allí sea más fácil (que no lo es), sino porque existe una voluntad gubernamental clara y determinada, que formalmente se apoya en los mismos criterios que soportan la estrategia nacional española.
En las últimas semanas (31 de julio de 2025) el Gobierno escocés dio el consentimiento al proyecto Berwick Bank Offshore Wind Farm para instalar hasta 4,1 GW (ampliamente mayor que el objetivo nacional español para 2030 de 3 GW), en la costa de East Lothian.
La cantidad de producción de energía prevista de este parque es prácticamente el doble de la necesaria para abastecer todos los hogares de Escocia y aproximadamente el 17% del total del Reino Unido. Como información general, están previstos hasta 307 aerogeneradores, conectados a tierra en dos puntos, lo que supone el avance sustancial para la consecución de los objetivos de cero emisiones netas para Escocia y Reino Unido, un gran impulso de la lucha contra el cambio climático, el refuerzo de la seguridad y autonomía energética nacional y el importante crecimiento de la economía verde.
Junto a esta infraestructura enorme, en los mismos días se producían noticias de la autorización del avance del proyecto de Salamander de 100 MW de eólica flotante en la costa frente a Peter Head, constituido por siete grandes turbinas (con una altura máxima de 310m).
Ambos proyectos se encuentran en el planeamiento estratégico nacional de Escocia de tener instalado en 2030 unos 11 GW de eólica marina conocida como: Offshore Wind Policy Statement 2020.
Estas últimas noticias en Escocia, que se vienen a sumar a un continuo informativo en la misma dirección desde la aprobación de su plan estratégico, pudieran hacer pensar que allí no existen las dificultades que tenemos en España y que por eso es más fácil, mientras que aquí estas dificultades son suficientes para impedir siquiera arrancar el desarrollo de los mínimos objetivos nacionales para 2030.
Nada más lejos de la realidad, allí como aquí, existen problemáticas similares:
La publicación de la noticia del gran parque de Berwick provocó la declaración inmediata de la National Trust for Scotland, que calificó la información “como profundamente decepcionante” ante el temor de que ese parque cause un daño significativo a las colonias de aves marinas de la reserva natural de la St Abb’s Head.
En el mismo contexto, la Federación de Pescadores Escoceses, demandó una moratoria para detener las autorizaciones de nuevos parques por los daños irreversibles al medio ambiente y el efecto sobre la flota pesquera y sus caladeros históricos.
En esta realidad, el Gobierno escocés no se detiene y arranca “un nuevo proceso de planificación” para hacer posible desplegar hasta 37,4 GW (+1 GW experimental) en 2040, cómo continuidad al plan actual de alcanzar los 10 GW de eólica marina comercial del que forman parte los proyectos referidos.
La planificación se inicia con un proceso amplio de consulta que culminó el 22 de agosto de 2025 (como hemos visto, en la misma fecha en que se estaban dando las autorizaciones de los parques).
La información conocida del proceso de consulta viene a señalar las mismas preocupaciones generales que en cualquier otro lugar, a pesar de los avances objetivos que ya se están produciendo en Escocia y que se pueden agrupar en los mismos bloques:
El sector pesquero (que muestra la principal resistencia), que ha solicitado la moratoria hasta la consecución de garantías, encabezando posiciones parecidas del turismo y otras actividades tradicionales locales.
El bloque medioambiental, donde se plantean todo tipo de dificultades derivadas de las decisiones respecto a qué impactos deben ser evitados, cuáles se deben mitigar y cuáles compensar.
Los beneficios económicos, respecto de los cuales se plantea: ¿cómo se han de repartir de forma justa?; ¿cómo se hace para que alcancen a la comunidad local?; ¿qué garantías se establecerán para su mantenimiento en el tiempo?
La gobernanza que se ha de establecer (para que tanto en el momento inicial, como en el tiempo que se pueda extender la vida de cada proyecto), para mantener y eventualmente corregir las condiciones establecidas y garantizar continuadamente el mejor impacto social y ambiental de la instalación.
Las respuestas a estas preguntas, en el caso español, deberán estar recogidas en las condiciones del proceso de adjudicación y para que puedan ser eficaces y produzcan el consenso necesario deben ser conocidas y compartidas (en la mayor medida posible) por la sociedad general y de las zonas próximas en particular.
Hay un amplio consenso en que la eólica marina puede ser un motor de empleo, inversión y regeneración regional, siempre que se cumplan determinadas condiciones: refuerzo de la cadena de suministro local; inversiones en puertos, carreteras y vivienda, además de programas de formación para mano de obra local. Igualmente hay el mismo amplio consenso en la existencia del riesgo: que el grueso de los beneficios se quede en grandes empresas y centros urbanos, mientras que las comunidades costeras soporten los impactos visuales, ambientales y sobre sus actividades tradicionales.
Los aspectos técnicos, económicos y medioambientales están planteados y se pueden debatir entre especialistas desde todas las partes concernidas, sin embargo, la aceptación social debe ser alcanzada por los ciudadanos en proporciones que permitan la aceptación necesaria.
En este caso la realidad local es determinante y en Canarias por mayor necesidad, es imprescindible que además de todas las ventajas y posibilidades técnico-industriales que el desarrollo de estas instalaciones pueden producir (si se procede adecuadamente), se enfoque de manera específica como impulso y generación de crecimiento económico y empleo local. Para que el retraso administrativo no solo sea tiempo perdido y que tenga alguna utilidad, puede y debe ser utilizado para conseguir los consensos y generar las condiciones del mejor aprovechamiento.
