Esta próxima semana, se cierra el periodo de consulta respecto al futuro de la pesca y acuicultura europeas, insertándose en un periodo de redefinición profunda de las políticas marítimas y alimentarias en la Unión Europea.
No se trata de una iniciativa aislada, sino de un componente estratégico dentro de un marco político más amplio, que busca articular sostenibilidad ambiental, seguridad alimentaria, competitividad económica y cohesión social a largo plazo.
En la redacción del documento, priman las consideraciones sobre la pesca respecto de las específicas de la acuicultura, consecuencia de la extensión temporal y espacial de la pesca como actividad en todos los espacios costeros de la Unión, mientras que, la acuicultura tiene una distribución espacial e histórica más limitada.
El documento establece explícitamente que, el objetivo es: diseñar una visión estratégica a 15 años que oriente el desarrollo de las políticas en toda la cadena de valor de la pesca y la acuicultura, garantizando su sostenibilidad y competitividad futura.
El planteamiento responde a una lógica de planificación estructural característica de la gobernanza europea contemporánea: el uso de visiones prospectivas como instrumentos de coordinación intersectorial. En este caso, la iniciativa se vincula directamente con múltiples marcos estratégicos existentes, lo que revela la intención de consolidar un enfoque integrado de política pública.
Entre los instrumentos mencionados se encuentran: el Pacto Europeo de los Océanos; la evaluación en curso de la Política Pesquera Común; la Agenda de Competitividad; la Estrategia de Bioeconomía y el Reglamento de Restauración de la Naturaleza.
Este entramado institucional evidencia, la pretensión de que la pesca y la acuicultura dejen de ser consideradas sectores productivos aislados, para convertirse en componentes centrales de la transición ecológica y económica europea, como política energética, alimentaria, territorial y social.
La convocatoria reconoce a la pesca y acuicultura como sectores estratégicos para la transición ecológica y energética, lo que representa un cambio histórico en la percepción de estas actividades.
Tradicionalmente, la política pesquera se centraba en la regulación de capturas, gestión de poblaciones y control de flotas; mientras que la Agenda incluye: descarbonización; innovación tecnológica; resiliencia territorial y seguridad alimentaria. Lo que es una evidencia más de la creciente interdependencia entre sistemas naturales y sistemas económicos.
El documento reconoce que, en las dos últimas décadas se han logrado avances significativos en la sostenibilidad de los recursos pesqueros; en particular, se destaca que actualmente existen menos poblaciones sobreexplotadas que hace veinte años, lo que sugiere que los instrumentos de gestión utilizados, basados en ciencia han tenido efectos positivos.
Sin embargo, el diagnóstico también señala que estos avances no han resuelto los problemas estructurales del sector; persistiendo presiones pesqueras excesivas en algunas poblaciones; así como impactos ambientales derivados de la contaminación; la eutrofización y el cambio climático, además de que ciertas artes de pesca continúan generando daños en los hábitats marinos y la biodiversidad.
Este reconocimiento implica un cambio conceptual relevante: la sostenibilidad ya no se define únicamente en términos de biomasa o capturas, sino como una condición sistémica que integra variables ecológicas, energéticas y socioeconómicas.
La convocatoria sitúa tres elementos básicos de preocupación:
Crisis social y económica del sector
Uno de los aspectos más importantes de situación, es la identificación de una crisis social en el sector pesquero, señalando que: las condiciones laborales difíciles, los bajos niveles de remuneración y la incertidumbre económica están desincentivando la entrada de jóvenes trabajadores y empresarios, lo que genera problemas de relevo generacional y amenaza la viabilidad de muchas comunidades costeras.
Este fenómeno no es exclusivo de Europa, pero adquiere particular relevancia en un contexto demográfico caracterizado por el envejecimiento de la población y la transformación del mercado laboral. La pesca se convierte así en un indicador de vulnerabilidad territorial, especialmente en regiones periféricas y dependientes de los recursos marinos.
Dependencia energética y transición climática
Se identifica la dependencia de combustibles fósiles como un factor crítico de vulnerabilidad económica y ambiental actual. La flota pesquera europea y ciertos sistemas de acuicultura presentan altos niveles de consumo energético, lo que los expone a fluctuaciones de precios y dificulta la transición hacia modelos productivos sostenibles, conectándolos directamente con la Agenda Climática. La pesca deja de ser considerada únicamente un usuario de recursos naturales y pasa a ser un actor en la transición energética.
Competencia espacial y cambios geopolíticos
Otro componente central del contexto de la acuicultura y la pesca es la creciente competencia por el espacio marítimo. El documento menciona explícitamente la expansión de energías renovables offshore, cables submarinos y áreas marinas protegidas, como factores que añaden complejidad a la planificación y gestión futuro de la pesca y la acuicultura; la constatación de la tendencia global por la cual los océanos se están convirtiendo en espacios estratégicos de competencia económica y seguridad.
La Visión 2040, se presenta como una comunicación estratégica y no como un plan de acción vinculante. Esto significa que su impacto dependerá en gran medida de su capacidad para orientar decisiones futuras.
Desde una perspectiva política, este enfoque tiene ventajas: permite flexibilidad frente a incertidumbres futuras; facilita la coordinación entre sectores y reduce resistencia política y limitaciones: Ausencia de obligaciones concretas; riesgo de implementación desigual y dependencia de voluntad política futura.
El propio documento reconoce que la burocracia se ha convertido en un desafío estructural, estableciendo la necesidad de simplificación de la normativa actual y promoviendo que la visión más integrada que se plantea no pueda añadir nuevas dificultades, también contempla que la simplificación alcance el acceso al financiamiento para la transformación del sector, de forma que los objetivos deben alcanzarse de manera eficiente en términos de costos.
El documento constata las tres tendencias estructurales que se vienen planteando en la gobernanza contemporánea: integración de políticas sectoriales; transición hacia modelos de sostenibilidad sistémica y adopción de procesos participativos de formulación política. Todo ello en un contexto de transformación del sistema alimentario y marítimo europeo y en un escenario complejo de cambio climático, competencia geopolítica y transición energética.
La visión 2040 de la pesca y la acuicultura que se plantea en esta consulta, además del valor sectorial intrínseco que presenta, viene a ser un elemento más de identificación de la complejidad del futuro general, que requiere sin duda se asuma socialmente y no menos importante: se materialice en el ámbito político administrativo.
Es evidente desde estas reflexiones, que es imprescindible repensar y reorganizar el entramado administrativo del Estado y de las Comunidades Autónomas, que fueron construidos para atender realidades muy diferentes a las actuales y mucho menos con las del próximo futuro.
Es fácil contrastar que estas transiciones no son fáciles, la inercia administrativa ha venido demostrando históricamente que vence sistemáticamente, condicionada por múltiples factores, todos justificados por la búsqueda de la eficacia (que se sigue sin conseguir mayoritariamente). No obstante, la dificultad de la realidad debe ser el estímulo para aumentar el esfuerzo y conseguir los avances posibles en aspectos concretos, como en este caso de la pesca y la acuicultura.
