La catástrofe que reflejan los últimos datos sobre la I+D+i de Canarias ha perdido el carácter de actualidad y como es habitual, se diluye saliendo del espacio mediático y atención social y lo que es peor: de ser problema prioritario. Esos datos se vienen a sumar al conjunto de otros malos indicadores que deben ser abordados y resueltos si se quiere aspirar a que la sociedad canaria se aproxime a los estándares medios de la Europa de la Unión.
Por actualizar en el contexto de este análisis: La comunidad canaria ocupa hoy (en los datos correspondientes a 2022), el último lugar en el gasto/inversión en I+D+i (a simple vista la incongruencia de mantener en esta lista las ciudades de Ceuta y Melilla pudiera parecer que esta última posición tiene algún matiz), a pesar de que el crecimiento producido respecto a los años anteriores sea el más alto (consecuencia de la inyección de los fondos europeos especiales Next Generation), que aunque no lo han sido en valor absoluto, en valor relativo (que indica el crecimiento respecto de los años anteriores) sí lo son, dado el bajo nivel de las últimas décadas del gasto en Canarias.
Como es conocido, los malos indicadores I+D+i no son datos singulares, sino que son un aspecto más que muestra la realidad y que probablemente se resumen en los indicadores de pobreza que en Canarias son también los más altos del país.
Frente a esta situación se plantean siempre dos líneas de respuesta:
Como paliar las consecuencias sobre los ciudadanos en general y los más afectados en particular y qué hacer para que la situación mejore hacia el futuro.
Respecto a la primera (aunque queda claramente fuera del alcance de esta reflexión), los últimos datos conocidos del informe AROPE sobre la pobreza en España señalan que Canarias alcanza un mecanismo de reequilibrio social que puede considerarse eficiente, al conseguir hasta más de 4 puntos porcentuales de disminución del índice de pobreza respecto a Extremadura y Andalucía (con un nivel de PIB por persona muy similar).
Sobre qué hacer para impulsar el crecimiento económico sostenible (elemento tractor que impulsa la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos que los indicadores reflejan), es donde se plantea la duda, probablemente más retórica que real: Sí en la relación lineal de mejor calidad de vida cuanto más alto es el gasto de inversión en I+D+i, ésta es causa o consecuencia.
La duda está ampliamente documentada y tiene un indicador muy claro en la respuesta presupuestaria de sostener o impulsar la inversión en I+D+i en épocas de crisis.
Por más que esté contrastado que la eficiencia del gasto/inversión pueda tener impacto desde el punto de vista social, debe ser ejecutado por una combinación pública/privada donde el componente privado debe ser el principal agente ejecutor, también es igualmente cierto que el impulso tiene que ser público, tanto generando los contextos más favorables como invirtiendo recursos específicos bien orientados y equilibrados en temáticas objetivo y ratio ciencia básica/aplicada.
La asignación en competencia de fondos a la I+D+i en general y en épocas de crisis en mayor medida, requiere un soporte social y en consecuencia político que lo haga posible. Esto es lo que ocurre (con mayor facilidad) en los países y regiones donde los ciudadanos han llegado a relacionar su calidad de vida con los resultados de la I+D+i (y en muchos casos con la educación) en periodos históricos anteriores. En sociedades como la canaria (donde esta realidad no se ha dado), resulta imposible la competencia por los recursos, más allá de un mínimo gasto marginal.
Existe otra dificultad adicional para la toma de estas decisiones que se deriva del tiempo necesario para que los resultados de la I+D+i lleguen a la sociedad, que siempre es largo y lo es más cuando peor está planificada y dirigida. La consecuencia es que, para tomar decisiones presupuestarias consistentes más allá de los periodos presupuestarios normales, en los países democráticos se requieren acuerdos político-sociales amplios que puedan soportar las alternancias en los Gobiernos o la suerte de la continuidad política suficiente de Administraciones convencidas de esta realidad. En Canarias y en el resto de España estas circunstancias no suelen producirse.
Cuando las buenas o mejores soluciones no son posibles para la I+D+i, cabe la resignación y continuidad (como ha venido sucediendo en muchas comunidades y países) o se inicia una estrategia específica que, aunque no pueda producir un cambio general o completo de la situación, sirva para conseguir casos de éxito ejemplarizantes que permitan evidenciar que es posible, eficiente, útil y pueden propiciar circunstancias mejores hacia el futuro.
Los elementos básicos para esta aproximación son claros y de distinta naturaleza:
Es imprescindible que se produzca un aumento presupuestario neto “no importa la cantidad”, que debe estar claramente singularizada e identificada (obviamente mejor cuanto mayor sea, porque se podrá aumentar el alcance) y al que se han de referenciar las medidas que se tomen.
Se ha de evitar la “gran reflexión” y el “gran plan” que es claro que no va a ser posible desarrollar con el presupuesto disponible y que con carácter general ya se han hecho, existiendo documentación amplia y generalizada tanto propia como con la que comparar: Sirva de ejemplo impecable el plan de cuatro pasos del último Ejecutivo Canarias: Progreso 2030, que establecía la necesidad de una nueva Ley de la Ciencia Canaria; una nueva Estrategia Canaria de Especialización Inteligente; un nuevo Plan de I+D+i y un Pacto por la Ciencia, todo ello necesario para el “gran cambio” pero que no son requisitos previos para iniciar el “cambio posible” para avanzar en el objetivo de hacer del conocimiento la base del bienestar futuro de los ciudadanos.
Sea cual sea la dimensión presupuestaria clara y singularizada posible, se debe dirigir a acciones y medidas de un “Plan Específico” ajustado a los mandatos presupuestarios planteables, que se ha de diseñar de forma que los resultados de los objetivos a conseguir se puedan medir y explicar de forma precisa.
El establecimiento de estos objetivos cuando los recursos son pocos, es sin duda el trabajo más duro y menos agradecido, ya que implica necesariamente la priorización. Cuanto más escasos sean los recursos, mayor será la necesidad de priorización, con la consecuencia inevitable de que el número de insatisfechos (sectores económicos, temáticos, universidades, centros de investigación, grupos de investigadores…) será enorme en relación con los que puedan ser elegidos.
En esta realidad, establecer la responsabilidad en la asignación presupuestaria frente a otras necesidades urgentes y claras, hace del proceso de selección una de las grandes dificultades en la gestión que suelen terminar en procedimientos anónimos de selección, mediante los cuales la responsabilidad se difumina a la vez que se reduce la priorización estratégica.
Junto a los fondos incrementados y su distribución, se han de generar mecanismos de concertación público/privados (también priorizados), que sirvan para mejorar o facilitar las condiciones de desarrollo y transmisión del conocimiento, evaluar las tendencias y resultados en términos de contribución a los avances objetivo y en las metodologías de puesta en valor del conocimiento.
