Este evento, celebrado en Madrid la semana pasada (21-23 de abril), continúa consolidándose como el principal referente europeo para constatar los avances que se están produciendo en el desarrollo de la energía eólica, concentrando y haciendo coincidir los análisis de coyuntura más relevantes, estableciendo las perspectivas, posibilidades futuras y riesgos para el desarrollo de esta energía en Europa.
Como es habitual se actualizan, hacen públicas y analizan las cifras relevantes generales del total de la eólica europea. En esta ocasión, se han concretado en la instalación de 19,1 GW en 2025 (16,4 GW en 2024), resultado de una inversión de 45.000 millones de euros en 2025. La capacidad total instalada alcanza los 304 GW, de los cuales prácticamente el 90% de lo instalado es eólica terrestre.
Las cifras actuales de instalación se sitúan claramente por debajo de lo necesario para alcanzar los objetivos climáticos comprometidos por la Unión Europea, que, de manera consistente, apuntan a la necesidad de instalar del orden de 33 GW anuales. Los análisis señalan como principales obstáculos para lograrlo: La dificultad en la obtención de permisos; la lentitud en la conexión a las redes y la insuficiencia en la electrificación general.
El principal consenso alcanzado es que no existe una limitación tecnológica ni de disponibilidad de inversión que frene el crecimiento de la energía eólica en Europa, sino que las dificultades son regulatorias y de gestión.
Esta conclusión no es nueva; por el contrario, viene a constatar que, a pesar del consenso amplio, contrastado y persistente sobre la existencia de estas limitaciones, así como de la urgencia derivada de las consecuencias de la invasión de Ucrania y de la preocupante realidad y perspectivas del conflicto en Oriente Medio, Europa aún no está siendo capaz de desatascar y/o resolver el núcleo de los problemas regulatorios y burocráticos que están impidiendo el desarrollo necesario, tanto en volumen como en velocidad.
Superar estas barreras resulta imprescindible para alcanzar los mínimos requeridos por Europa, no solo en relación con sus objetivos ambientales, sino también como condición esencial para garantizar su independencia energética, en la que la energía eólica, incluida de forma específica la eólica offshore, constituye una de las principales vías estratégicas.
En este sentido, la celebración del WindEurope en Madrid, también había suscitado grandes expectativas de que pudiera ser usado como plataforma de lanzamiento (y/o anuncio de lanzamiento) del último paso necesario para la puesta en marcha de la eólica marina.
Los más optimistas interpretaron que, al no existir ninguna razón objetiva conocida (más allá de la voluntad del ministerio), que justificara los 16 meses empleados en redactar la consulta pública previa a la aprobación de las bases del primer procedimiento de concurrencia competitiva para la instalación de eólica marina en España, de acuerdo con el Real Decreto 962/2024, de 24 de septiembre, y habiéndose otorgado un plazo de 20 días para la presentación de alegaciones (hasta el 24 de febrero de 2026), prácticamente dos meses antes de la inauguración del WindEurope 2026, esta secuencia podría indicar la intención del ministerio de aprovechar la atención, tanto europea como nacional, que suscita este evento para realizar el anuncio esperado de la Orden que habilitaría la concurrencia competitiva (subasta).
En este contexto, parecía razonable pensar que, año y medio después de la aprobación del citado Real Decreto, el tiempo transcurrido sería suficiente, al menos, para efectuar dicho anuncio.
Sin embargo, no fue así. En el acto de apertura, el presidente del Gobierno acompañado del Comisario Europeo de Energía y de la ministra española para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, se limitó respaldar e impulsar conceptos de carácter general, como el fortalecimiento de la “Unión de la Energía” con el objetivo de que Europa consiga tener la electricidad más barata del mundo. Asimismo, se añadió a los objetivos ambientales la necesidad de mitigar las consecuencias de la invasión de Ucrania y de la actual crisis en Oriente Medio, subrayando que esta situación energética podría llegar a ser más grave que las crisis de 1973, 1979 y 2022 consideradas conjuntamente, según estimaciones de la Agencia Internacional de la Energía.
En este contexto fija para España mantener y hacer posible el cumplimiento del objetivo del Plan Nacional de Energía y Clima, consistente en alcanzar que el 81% de la electricidad proceda de fuentes renovables. Anunciando específicamente la intención de acelerar el despliegue de las energías renovables, en particular de la energía eólica, mediante el refuerzo de las infraestructuras de transporte y distribución eléctrica.
Para conseguir este objetivo establece tres prioridades: menos burocracia y más inversiones, creación de empleo y riqueza en el territorio y apoyo a la Innovación.
En ningún caso, ni en el marco de las prioridades descritas, se hace una referencia específica a la eólica marina, y mucho menos a la eventual publicación del primer concurso.
Con independencia de la mayor o menor frustración que esta ausencia haya podido generar (en clara relación con las expectativas previamente establecidas), la realidad es que la posibilidad de iniciar la primera instalación eólica marina en España continúa siendo inexistente y, lo que resulta más preocupante, no existe actualmente una previsión clara sobre cuándo podría producirse.
Esta situación es inadmisible. La incapacidad administrativa del Estado no puede dificultar arbitrariamente y, con el paso del tiempo, llegar incluso a impedir el desarrollo de soluciones necesarias para garantizar la disponibilidad de energía, la independencia energética nacional y la competitividad empresarial.
Si bien esta problemática es de carácter general para todo el país, en el caso de Canarias adquiere una gravedad aún mayor, debido a que las necesidades energéticas son significativamente más intensas y estructurales (sistemas aislados y desconectados). Los sobrecostes asociados a la producción eléctrica anual en Canarias se sitúan habitualmente entre 800 y 1.000 millones de euros (dependiendo del precio de los combustibles fósiles), una cifra que, en el actual contexto de subida incontrolable e imprevisible de dichos costes, puede tener consecuencias devastadoras.
El desarrollo de la eólica flotante en Canarias tiene un amplio apoyo institucional, tanto por parte del Gobierno de la Comunidad como del Cabildo de Gran Canaria, en particular en relación con la primera instalación prevista en el suroeste de Gran Canaria. Este apoyo se ha puesto de manifiesto de forma evidente a través de la presencia y la actitud proactiva de estas instituciones en el propio evento WindEurope.
La batería hidráulica de Chira, en Gran Canaria, constituye una infraestructura clave para garantizar la seguridad y la eficiencia del sistema eléctrico insular, facilitando la integración de la energía renovable que se prevé instalar en la isla y de forma particular a la eólica offshore.
Además, se debe tener en cuenta que el proyecto en Gran Canaria acelera, fortalece e impulsa la batería hidráulica que se está planeando en Tenerife (Güímar). Lo que supondría un nivel de independencia energético e impulso socioeconómico para el Archipiélago y permitiría la reducción e incluso la práctica eliminación de los sobrecostes asociados a la producción eléctrica, con la consiguiente repercusión positiva en los presupuestos públicos y en los costes energéticos a escala nacional.
La imposibilidad legal de la pesca por arrastre en Canarias simplifica o elimina una de las principales dificultades de convivencia de esta energía con la pesca como actividad significativa en España.
La importancia de la energía eólica marina para el futuro ambiental y socioeconómico de Canarias representa una oportunidad única. En consecuencia, resulta insoslayable continuar impulsando las iniciativas y acciones que puedan estimular y anticipar la toma de decisiones por parte del Estado.
De forma simultánea, es necesario avanzar, desde el ámbito insular y regional, en la adopción de todas aquellas medidas que permitan agilizar y facilitar los procesos, trámites y acuerdos que deberán desarrollarse una vez se produzca la decisión gubernamental, prestando especial atención a la construcción de los más amplios consensos sociales.
