La prohibición de la “gratuidad” de las bolsas de plástico en los comercios en España, se implementó como parte de la normativa destinada a reducir el impacto ambiental de los plásticos. Esta medida se incluyó en el Real Decreto 293/2018, de 18 de mayo, sobre la reducción del consumo de bolsas de plástico y por el que se crea el Registro de Productores.
La medida venía a dar cumplimiento y desarrollo a las directrices de la Directiva Europea 2015/720, que buscaba reducir el impacto de las bolsas de plástico en el medio ambiente y fomentar su reutilización, o el uso de alternativas más sostenibles.
La realidad es que las bolsas nunca han sido gratis, se pagan dos veces: Hasta la publicación de la norma, el precio de las bolsas era un “coste general” incluido en el de los productos que se embolsaban (no se identificaba en la facturación), por lo que la decisión del consumidor de reducir su uso no tenía ninguna consecuencia “evidente” en el precio de la compra finalmente pagado.
1 de julio de 2018: Entró en vigor la obligación de cobrar por las bolsas de plástico en todos los comercios. A partir de esta fecha, se prohibió la “entrega gratuita” de bolsas de plástico ligeras (de espesor inferior a 50 micras), salvo las bolsas muy ligeras utilizadas para alimentos a granel, como frutas, verduras o carne.
La normativa también incluyó un calendario progresivo para aplicar las restricciones:
1 de enero de 2020: Se prohibió la entrega de bolsas de plástico fragmentables y se estableció que las de espesor igual o superior a 50 micras debían contener al menos un 50% de plástico reciclado.
1 de enero de 2021: Se prohibió la distribución de bolsas de plástico ligeras y muy ligeras que no fueran compostables.
1 de enero de 2023: Los comercios deben ofrecer alternativas reutilizables o biodegradables para sustituir las bolsas de plástico de un solo uso. Así como la obligación de ofrecer agua no embotellada en hostelería y eliminar plásticos innecesarios en envases.
Meta para 2030: Reducir en un 50% la generación de residuos plásticos de un solo uso.
Los comercios debían cobrar una cantidad mínima por las bolsas de plástico. La normativa estableció precios mínimos orientativos según el tipo de bolsa, aunque no obliga a seguirlos estrictamente.
Bolsas ligeras: entre 5 y 15 céntimos.
Bolsas gruesas (50-70 micras): al menos 15 céntimos.
Bolsas muy gruesas (>70 micras): al menos 30 céntimos.
El coste de las bolsas de plástico que los comercios cobran a los consumidores no tiene un destino específico regulado por la normativa; es un ingreso directo para el comercio, es decir: el importe cobrado por las bolsas de plástico queda en manos del comerciante y no hay una obligación de destinar esos ingresos a proyectos medioambientales o iniciativas específicas.
No hay datos accesibles regulares y ordenados del consumo real, aunque presentando algunas diferencias y según las fuentes aparece que:
En 2014 se estimó un consumo de alrededor de: 158 millones de unidades de bolsas de plástico con un espesor superior a 50 micras y aproximadamente 6.730 millones de unidades de bolsas de plástico con un espesor inferior a 50 micras (de las cuales el 23% correspondían a bolsas de menos de 15 micras).
En 2017, el consumo de bolsas ligeras y muy ligeras se mantenía con un ligero aumento, aproximadamente 7.000 millones de unidades, mientras que en 2018 con la entrada en vigor de lo norma se redujo a 5.500 millones (una disminución del 21% en un año), lo que suponía que el consumo medio en España era de 133 bolsas de plástico por persona al año, según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).
A partir de 2018 es más difícil encontrar disponibilidad de datos, apareciendo como mejor referencia y datos más recientes en 2022, que señalan un consumo medio situado en torno a las 40 bolsas por persona al año, objetivo fijado para 2025 (alguna fuente da la cifra por superada y otras todavía no), lo que representa una disminución del consumo superior al 70% desde la entrada en vigor de la norma.
El incumplimiento de la obligación de cobro de las bolsas de plástico tiene un mecanismo sancionador importante (Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados), que varía en lo económico según la gravedad, y que pueden llegar a alcanzar multas de hasta 1.750.000 euros para las infracciones muy graves, (con máximo de 45.000€ para las graves y 900 para las leves). Sin embargo, no ha sido posible encontrar ninguna información sobre el resultado de los procesos de inspección y seguimiento y en su caso de las sanciones resultantes.
Utilizando solo como referencia cualitativa (dado lo incierto de la consistencia de los valores de las bolsas cobradas por los comercios encontrados) y aceptando que el consumo de bolsas está o se estará acercando a las 40 por habitante/año, se puede hacer una estimación del montante económico que la venta de esta bolsas ha producido en España y que resulta ser de: 359.040.000€/año (considerando que se mantiene el % del 23% de bolsas de menos de 50 micras y estableciendo que a todas las bolsas de menos de 50 micras se les pone el precio mínimo de 5 céntimos de € y que a las más gruesas se les pone a todas el valor medio de 25 céntimos de €).
Es evidente que la medida ha tenido efecto directo en la reducción del número de bolsas utilizadas y en consecuencia en la cantidad de las que llegan al medio ambiente con la consecuencia de ser un alivio a uno de los problemas ambientales globales de mayor dimensión e impacto.
La medida como parte de una directiva europea, se ha ido generalizando en los países miembros y aunque no ha sido fácil encontrar la información respecto al “uso que se ha dado al precio añadido a las compras por cada bolsa utilizada” se han encontrado al menos dos casos (Gran Bretaña e Irlanda) en los que la aplicación nacional hace previsiones respecto a que, además del beneficio ambiental de la reducción del uso, al coste derivado de su pago se le determina una finalidad adicional de interés público.
En Gran Bretaña (antes de salir de la Unión), los ingresos del cobro de las bolsas debían destinarse a obras benéficas o proyectos comunitarios y los comerciantes tenían que reportar anualmente a las autoridades sobre su uso.
En el caso de Irlanda, los ingresos pasan a formar parte directamente del Fondo Ambiental Nacional de Irlanda, dedicado a la conservación del medio ambiente.
Los 359.040.000€ (aproximadamente según lo indicado) que se generan en España es una cantidad importante que, si se regionalizara, a Canarias, corresponderían 17.9562.000€ anuales (sin tener en cuenta el consumo de los turistas), cantidad considerable que podría ser una ayuda objetivamente significativa y en el contexto de esta pagina se puede afirmar permitiría una protección ambiental marina integral.
