Esta semana, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, con la presentación de la propuesta de la Comisión ha abierto el procedimiento para debatir y alcanzar el acuerdo del presupuesto de la UE para el próximo septenio 2028-2034.
La propuesta es el elemento de arranque del proceso arduo y complejo, necesario para conseguir el acuerdo básico para el desarrollo de la estrategia y funcionamiento de la Unión. El proceso tiene una doble característica que lo define y condiciona:
Es un acuerdo internacional entre los 27 Estados miembros (en qué cada uno trata de conseguir el mejor resultado para su país) y es un proceso administrativo de focalización y distribución de fondos que afectan directamente a todos los ciudadanos de la Unión (como condicionante común).
Este proceso de elaboración del presupuesto, conceptualmente complejo y metodológicamente complicado tienden a quedar fuera del conocimiento y participación de los ciudadanos (a pesar del efecto que sobre ellos van a tener), y es un factor crítico añadido especialmente para los ciudadanos o regiones que están más necesitados de recursos. como es el caso de Canarias.
La experiencia muestra que el proceso se alargará al máximo (en el periodo nominal de aproximadamente 2,5 años para conseguirlo) y tendrá dos enfoques básicos de elaboración: La cantidad total y la distribución.
El primero, para el establecimiento de la cantidad total final que confrontará a los países con mayor aportación neta y los receptores netos. La Comisión ha presentado una propuesta que trata de resolver esta situación, (o hacer más fácil este debate), por cuanto plantea mantener el mismo nivel en las aportaciones nacionales RNB del septenio anterior y que el incremento previsto se haga a partir del aumento de recursos propios, cuya definición es muy reciente o incluso está pendiente de establecerse:
El Sistema de Comercio de Emisiones ETS en marcha desde 2023
El mecanismo de ajuste para el carbón en frontera CBAM que empezará a partir de 2026.
Los nuevos impuestos sobre el tabaco en trámite, Aduanas.
Otros en fase más inicial: como la tasa digital; el impuesto a grandes empresas tecnológicas o el impuesto mínimo sobre grandes Sociedades.
Este debate históricamente se suele cerrar en valores próximos, pero ligeramente inferiores a los propuestos por la Comisión.
El segundo proceso: La distribución de detalle por objetivos estratégicos y por condiciones de asignación por temáticas, países y regiones, que es donde se materializa de forma precisa el contenido del presupuesto.
En la información actual, se mantiene un cierto nivel de inconcreción y falta de detalle que permitirá los ajustes a lo largo del proceso, pero en esta ocasión hay un factor nuevo que variará sustancialmente el debate. Una estructura presupuestaria sustancialmente distinta y objetivamente reducida:
En el período actual 2021-2027, los fondos se distribuyen en siete apartados principales:
(1) Mercado único e innovación; (2) Cohesión; (3) Recursos naturales y medio ambiente; (4) Migración y fronteras; (5) Seguridad y defensa; (6) Vecindad/mundo y (7) Administración.
En el proyecto 2028-2034, se está proponiendo una estructura en cuatro apartados:
(1) Cohesión económica social y territorial, agricultura, prosperidad rural y marítima; (2) Competitividad. I+D, Tecnologías y cadena de suministro; (3) Europa global, Acción exterior, Cooperación, Desarrollo y Crisis; (4) Administración.
Teniendo en cuenta que el apartado cuatro del proyecto 28-34, incluye el mismo contenido que el siete del periodo actual 21-27 (Administración): Se ha planteado de hecho una reducción de la estructura de organización presupuestaria de la mitad: de seis a tres rúbricas.
La Comisión justifica este nuevo planteamiento señalando cómo ventajas previsibles la mejora que el mismo producirán, objetivando en que:
Será más flexible al estar más agrupado, lo que permite reasignaciones rápidas en respuesta a nuevas circunstancias.
Es más simple y armonizado, tiene reglas comunes y procesos más eficientes, se enfoca en mayor planificación a nivel nacional regional a través de planes concretos.
Es un fondo robusto para incentivar la competitividad con inversiones en cualquier fase del desarrollo de sectores estratégicos, aumenta los recursos propios.
Tienen una condicionalidad reforzada ligada al respecto al Estado de derecho.
El texto recoge criterios de reparto iniciales, especificando que:
Se favorecerá a los Estados de incorporación más reciente, a los que limiten con Rusia o Bielorrusia y a los que tengan alta presión migratoria o grandes territorios agrícolas con baja renta por hectárea.
La asignación por Estado no puede ser inferior al 80% o superior al 105% de lo que reciben actualmente.
Se eliminan categorías de regiones por su necesidad de cohesión y hace que los Estados tengan un mayor poder en la distribución y dirección de los fondos para las regiones.
Los primeros datos y lectura vistas desde Canarias no ofrecen un escenario especialmente favorable, por lo que debe ser mejorado a lo largo del proceso propiamente, tratando de orientar y alinear acciones concretas para mejorar estas perspectivas iniciales.
La dimensión y fragilidad de la agricultura pesca y acuicultura en Canarias hace que no queden favorecidas ya que, en primera cifra, se plantea una reducción de la Política Agraria Común PAC, del orden del 23% y en el caso de la pesca se identifica la reducción de más del 60% del Fondo Europeo Marítimo de pesca y de acuicultura FEMPA. Dado que España es un receptor principal de estos fondos, la reducción afectará de forma muy importante también a Canarias.
Se requiere la mayor dinamicidad y presencia activa en el proceso de establecer la voluntad de la Comisión de transferir en gran medida los planes de definición y gestión de fondos regionales a los Estados miembros que en general no es la mejor noticia para Canarias, ya que a la Administración nacional española le resulta difícil objetivar y gestionar la realidad y necesidades de Canarias como región ultraperiférica.
En el contexto de esta página, el proyecto presupuestario europeo abre la posibilidad de impulsar la competitividad, aprovechando las oportunidades y fondos para abordar entre otros proyectos de economía azul en los campos emergentes.
Es importante poner atención en qué el presupuesto del programa de I+D previsto casi duplica el anterior, lo que es una condición muy favorable para promover actividad económica basada en las capacidades de las universidades y centros de I+D en toda la Unión y también en Canarias.
El escenario temporal de 3-4 años que se requiere para la puesta en marcha del Marco Financiero Plurianual MFP, permite articular una acción estratégica de fortalecimiento de la comunidad de I+D orientada a su aprovechamiento.
Para que esto sea posible y eficiente se requiere una actuación selectiva coordinada y concertada entre las universidades, centros públicos de I+D, Gobierno y empresas canarias que tengan las estrategias y experiencias necesarias para ello.
También sería conveniente que la aproximación se realice con un procedimiento mejor, más eficiente y que genere consenso, de cómo se ha gestionado recientemente con los mismos actores la Ley de la Ciencia y la de los Consejos Sociales. Entendiendo que para tratar de aprovechar estas oportunidades son básicamente los mismos con sus mismas características y circunstancias concretas.
