La sucesión de crisis de diverso origen y magnitud, imprevisibles en sus inicios y en la constatación de daños, han puesto en evidencia, tras la superación total o parcial, que el ideal de un mundo más equilibrado y equitativo basado en una distribución de la producción y consumo cada vez más abiertos, con sus elementos de producción radicados donde la realidad los hiciera más eficientes, se ha interrumpido, ya sea de forma definitiva o temporalmente, sin que exista una previsión clara sobre la duración de esta pausa.
Además de la realidad del drástico daño a las perspectivas anteriores, lo que se ha puesto de manifiesto es que el sistema ha tenido la consecuencia de una distribución de la generación de recursos renovables, no renovables y de producción industrial, de una forma asimétrica y absolutamente desequilibrada; concentrando en algunos países capacidades de control del mercado global, que las propias crisis han mostrado inaceptables y peligrosas para el conjunto de la sociedad global.
Esta realidad se ha venido a sumar a las evidencias anteriores sobre la limitación en la disponibilidad en valor absoluto de algunas sustancias y elementos críticos para el futuro (según la visión actual) como: níquel, cobalto, cobre, manganeso… Que ya con anterioridad habían puesto en marcha la posibilidad (aún no efectiva) de extraerlas del fondo del mar, donde existen en grandes cantidades, aunque todavía mal cuantificadas.
Es importante recordar que es en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) negociada entre 1973 y 1982, donde se firmó el conocido como Tratado de Montego Bay, en vigor desde 1994. El Tratado alcanzó su ratificación con el número mínimo de países requerido, en la actualidad, tiene como firmantes a 165 países más los de la Unión Europea (conviene señalar que EEUU e Irán son de los pocos países que no lo han ratificado). Definiendo entre sus estructuras y funciones la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA).
La clave del Tratado, en este tema, se deriva que define el fondo marino internacional como: “patrimonio común de la humanidad” y que: “su explotación debe beneficiar a toda la humanidad”, estableciendo para regular el procedimiento de gestión a la (ISA), que inició su operación real en 1996 y tiene su sede en Kingston, Jamaica.
A la actualidad de la minería submarina como consecuencia de la crisis, se viene a sumar la publicación de resultados de evaluaciones científicas de algunas de las 31 autorizaciones de proyectos de exploración otorgadas por la ISA.
En particular, los resultados de los trabajos liderados por el Museo de Historia Natural de Londres, qué es el programa científico más consolidado e importante, asociado principalmente a contratos de exploración auspiciado por el Reino Unido en la zona de Clarión Clipperton (llanura abisal en el Pacífico, probablemente la más estudiada, por ser la mayor zona minera potencial del planeta), con una multitud de contratos internacionales de exploración en vigor. Los resultados del último experimento publicado se refieren a la extracción, en unas pocas horas, por aspiración con un colector industrial, de 3.300 toneladas de nódulos polimetálicos, cuyos efectos directos presentados han sido:
Un 37% de decrecimiento de la abundancia de animales y un 32% en la diversidad de especies presentes.
Los resultados sobre actividades mineras más modernas y específicas, se han de añadir que esos trabajos científicos realizados con instrumentaciones y procedimientos también muy novedosos, han permitido conocer las características de miles de nuevas especies y nuevos ecosistemas extremadamente complejos.
A esta realidad consecuencia de acciones directas actuales se ha de añadir las de evaluación sobre el proceso de minado, realizado hace 44 años, que muestran la persistencia de efectos ambientales evidentes: huellas de las maquinarias; alteración permanente de la distribución de sedimentos y la no recuperación completa del ecosistema.
Las evidencias científicas introducen argumentos para plantear la prohibición total de la explotación minera en el océano internacional (cosa que en el marco de la ISA es básicamente imposible, por cuanto su mandato inicial es hacerlo posible), o la moratoria, en torno a la cual se ha producido la agrupación de un número creciente de países (de 30 a 40), muchos de ellos europeos, entre los que se encuentra España.
La realidad concreta es que el código minero que estaba previsto acordar en 2023 no lo está y que su aprobación es objetivo de la ISA para este año 2026, lo que parece poco probable.
El debate medioambiental amplio y conceptual está sacando de foco tres elementos centrales del mandato de la ISA:
Establecer el sistema de cobro y distribución de los royalties derivados de la actividad minera entre todos los países; el efecto sobre las ZEE de los países próximos a las explotaciones y la responsabilidad de los daños producidas por las mismas.
Llegado hasta aquí, se ha de considerar que la minería submarina no es un problema de debate ambiental:
Es un problema de gran dimensión socioeconómico.
La primera cuestión a la que se ha de responder, no es si tendrá impacto ambiental, que sin duda lo tendrá y si será: mayor o menor; más o menos recuperable o compensable; a realizar donde se pueda causar más o menos impacto…
La cuestión básica y primaria es si esta actividad minera, por los elementos y sustancias que producirán: ¿Es imprescindible para la humanidad actual y del futuro?
Si no lo es, no habría debate (por lo menos global). La propia existencia y mandato de la ISA son consecuencia de que la respuesta a esta cuestión fue afirmativa en el momento de su creación.
La realidad actual es que:
Hay colectivos de países que se mantienen en esa respuesta positiva inicial.
Otros que proponen posponer la respuesta (como se ha referenciado antes, entre ellos Europa).
Un conjunto de no demasiados países, pero si muchas organizaciones y expertos que niegan la necesidad desde dos posiciones distintas pero convergentes:
No hará falta, porque las funciones en la actividad industrial y económica de estos elementos y sustancias serán sustituidas por otros en su función, o serán obtenidos y mantenidos por el reciclaje como elemento central de la economía circular.
Tendrá el mismo efecto o no hará falta, como se postula desde posiciones que plantean que las necesidades de la sociedad del futuro tendrán que acomodarse a una detención del crecimiento, en una situación de consumo per cápita mejor a la actual para una parte importante de la población mundial, pero peor para otra.
Estas cuestiones son las realmente importantes, porque, así como en la situación anterior los ciudadanos podían disfrutar de que ciertas minerías en tierra (con efectos iguales o peores que los previstos para la minería submarina) y la submarina necesaria, podrían ser desarrolladas “en otro sitio”.
Las circunstancias actuales y previsibles conducen seguramente de forma inevitable, a que estas decisiones con sus consecuencias ambientales y socioeconómicas tengan que ser valorados y acordadas en la Unión Europea y en el caso de la minería submarina (según la información disponible), de forma particular en Canarias.
