En relativamente poco tiempo, el objetivo 30/30, adoptado en diciembre de 2022 en el COP15, durante la COP15 del Convenio sobre la Diversidad Biológica y suscrito por 96 partes, se ha consolidado y extendido de forma rápida y amplia. Sin duda, ello se debe a que permite transmitir con claridad una idea que, aunque compleja de explicar, resulta aún más compleja y difícil de materializar.
De forma estricta, la meta 3 del Marco adoptado establece:
“Conservar y gestionar eficazmente al menos el 30% de las áreas terrestres, aguas interiores, costeras y marinas en 2030, mediante sistemas de áreas protegidas u otras medidas eficaces de conservación, reconociendo territorios indígenas y tradicionales cuando proceda”.
El Marco adoptado planteó incorporar, junto a la declaración de los espacios, criterios de conectividad, representatividad, gobernanza equitativa y efectividad, acompañados de otras medidas complementarias como la restauración del 30% de los ecosistemas degradados, la reducción de la contaminación y la movilización de financiación internacional.
Se ha de entender que, una decisión como esta es consecuencia de un proceso de identificación del problema y búsqueda de soluciones contrastadas que, en este caso, tienen su antecedente directo en lo que fueron las metas de Aichi aprobadas en 2010 en la COP10 celebrada en Nagoya (prefectura de Aichi en Japón), entre cuyas 20 metas, se incluyó en la 11 conseguir la protección de al menos el 17% de las zonas terrestres y aguas continentales y el 10% de las áreas marinas y costeras.
La evaluación del proceso confirmó que la meta planteada hizo posible un impulso notable en la expansión de áreas protegidas, pero su desarrollo fue incompleto y desigual, quedando lejos de los objetivos cuantitativos y cualitativos planteados. Mientras, en el mismo periodo 2010-2020 los daños, amenazas y el peligro para la biodiversidad se aceleraban de forma muy importante.
Esta realidad fue madurando la necesidad de reformular las metas y entre 2019 y 2021 se constituyó la llamada High Ambition for Nature and People, que permitió llegar con más de 100 países alineados a la COP15 en 2022 y con el criterio de protección 30/30 como objetivo bien definido.
En este proceso internacional, los países de la Unión Europea desempeñaron un papel relevante, ya que lo acordado formaba parte de una visión ambiental que habían venido desarrollando desde la Directiva Aves (1979) hasta la Directiva Hábitats (1992), que puso en marcha la Red Natura 2000, una de las mayores redes coordinadas de espacios protegidos del mundo. Ello permitió el traslado prácticamente inmediato de las metas planteadas en la COP15 a su organización interna, dando soporte a la aproximación de biodiversidad de la Unión Europea como pieza central de una estrategia integral con base ambiental, conocida como el Pacto Verde Europeo. Esta estrategia añade un esfuerzo adicional al establecer que 1/3 del espacio protegido debe contar con protección estricta, lo que da lugar al concepto europeo de alcanzar el 30 % de protección en 2030, con un 10 % bajo protección estricta.
España ha sido un actor activo en este proceso, tanto en el ámbito internacional como en el europeo, apoyándose en su marco legal básico anterior, la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que hizo posible, de forma prácticamente simultánea que se aprobara el 27 de diciembre de 2022 el Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad a 2030, alineado directamente con los objetivos internacionales y europeos.
La realidad evidencia con claridad que España es uno de los países europeos con mayor superficie terrestre protegida, gracias tanto a la abundancia de valores naturales objeto de conservación como a una firme voluntad política materializada en múltiples figuras de protección, entre las que destacan los parques nacionales, los parques naturales, las reservas y monumentos naturales, los paisajes protegidos y la Red Natura 2000 (LICs/ZEPAs).
En este contexto, resulta especialmente relevante señalar que el Archipiélago Canario es la comunidad autónoma que supera ampliamente el porcentaje objetivo de protección terrestre, con más del 40 % de su territorio protegido, lo que la sitúa como la comunidad autónoma española con mayor proporción de superficie terrestre protegida.
La protección del medio marino resulta metodológica y técnicamente mucho más compleja de establecer y gestionar debido a su propia naturaleza física y a su gran dimensión espacial. La superficie terrestre total del Archipiélago se sitúa en torno a los 7.500 km², de los cuales aproximadamente el 40 % cuenta con algún tipo de protección, lo que equivale a cerca de 3.000 km². Estas cifras vienen a suponer el 1,5% de la superficie de la Demarcación Marina de Canarias, aproximadamente 500.000 km², de los cuales el 21,7 % (unos 100.000 km²) tiene alguna figura de protección legalmente vinculante.
“Estado de las Áreas Marinas Protegidas en Canarias”
Esta semana, el proyecto Áreas Marinas Protegidas de Canarias (MPA Canary Islands), ha presentado el resumen del “Estado de las Áreas Marinas Protegidas en Canarias”. Una revisión de situación sobre la que impulsar el avance porcentual de la superficie marina protegida y el fortalecimiento de las medidas y mecanismos de su protección, en base a un mayor y mejor conocimiento, movilización y participación social (objetivos del proyecto), patrocinado por Oceans5 (organización filantrópica norteamericana dedicada a impulsar la protección integral del océano mundial).
La dificultad, complejidad, intereses de partes y los costes que implican la declaración, gestión y sostenibilidad de las áreas protegidas en tierra, son conocidas y razonablemente evidentes, pudiendo ser utilizadas como referencia y primera aproximación para abordar la situación del impulso de la gestión de los espacios marinos.
El Informe presentado señala que:
El 11% del espacio marino canario dispone de una gestión activa (según criterio de la UICN 2025), que es una superficie mayor que la superficie terrestre total del Archipiélago.
El 14%, espacios formalmente designados, tiene propuestas de gestión en fases muy adelantadas esperando puedan ponerse en marcha en los próximos meses.
El 75% restante, se corresponde a los grandes LICs propuestos para la protección de los ecosistemas de lento crecimiento, situados en los montes submarinos al norte y sur del Archipiélago (entre los dos aproximadamente 100.000 Km2). Respecto a estos espacios, se están culminando los estudios de caracterización detallada de los objetivos de conservación, imprescindibles para establecer las medidas de protección necesarias que deberán incorporarse posteriormente a los correspondientes planes de gestión.
En cualquier caso, es importante asegurar que las declaraciones de protección vayan acompañadas de los esfuerzos y recursos necesarios para garantizar una gestión efectiva, y que dichos esfuerzos sean sostenibles a largo plazo, tal como exige la conservación. Esta exigencia resulta especialmente relevante en el medio marino, donde los costes de gestión y obtención de información pueden ser del orden de 100 a 150 veces superiores; por ejemplo, la diferencia entre el coste de tomar una fotografía o una muestra a 2.000 metros de altitud en tierra y hacerlo a 2.000 metros de profundidad en el mar.
Por otro lado, la sostenibilidad de la conservación solo es posible si se sustenta en el conocimiento, aprecio y voluntad de los sectores sociales generales y locales correspondientes, que deben ser la garantía a largo plazo.
A todas las dificultades y costes señalados, conocidos y tradicionales, debe añadirse la necesidad de reforzar la vinculación social con la conservación. Esta dimensión social resulta crítica frente a la aparición de corrientes negacionistas o contrarias a los principios de conservación que se han venido desarrollando en los últimos tiempos en diversos ámbitos nacionales e internacionales. Tales tendencias requieren atención y una respuesta social activa, ya que poseen el potencial de convertirse en uno de los principales problemas para la conservación.
