A muy pocas semanas de las elecciones europeas, en plena digestión de sus resultados y en la dinámica del reparto de poder en las instituciones de la Unión, sigue abierto el debate habitual de su significado profundo en términos de cómo afecta directamente a la vida actual de sus ciudadanos y por si esto no fuera suficiente, cómo va a afectar a su futuro.
Debemos recordar que la incorporación de España a la Unión se planteó y se vivió (de forma generalizada), con entusiasmo y sentimiento de salir de una situación sin sentido, a la vez que se abría la posibilidad de tomar parte de forma efectiva en un proceso en que el consenso social general decía que: había que estar, había que influir y se tenía que codirigir.
Todos estos sentimientos previos fueron satisfechos y premiados con una avalancha de recursos europeos que permitieron en pocos años abordar y dar solución a problemas de muy diversa naturaleza, que hasta la fecha no habían podido ser atendidos por falta de recursos con carácter general y un factor adicional valioso poco explicitado: la disponibilidad simultánea, que permitía y resistía la comparación de la asignación concreta entre espacios físicos, sectores económicos y sociales, muchos recursos a todos sitios y necesidades al mismo tiempo.
Cualquier análisis mínimamente objetivo del balance de la incorporación de España a la Unión Europea en 1986, no puede tener otro resultado que la descripción de un éxito absoluto por más que existan evidencias de errores y disfuncionamientos importantes.
También debe recordarse que la voluntad y deseo españoles de incorporación a la Comunidad Económica Europea se había manifestado como petición formal en 1962, pero no fue aceptada a la negociación hasta la llegada de la democracia en 1975, que las negociaciones formales se iniciaron en 1979 y se necesitaron 7 años más para conseguir cerrarlas y alcanzar la firma del Tratado de Adhesión el 12 de junio de 1985. El año próximo se cumplirán los primeros 40 años durante los cuales, y prácticamente hasta ahora España ha sido receptora neta de fondos, recibiendo cada año más de los que se han aportado.
La consecuencia directa de todo ello en la percepción de los ciudadanos españoles es que el país se encuentra absolutamente integrado en el grupo de países miembros (donde la satisfacción y el espíritu de pertenencia está habitualmente por encima de los de la media) y en el grupo más reducido de aquellos donde el valor de los indicadores específicos alcanza los mayores niveles.
Aunque se han hecho pocas reflexiones respecto a cuáles podrían haber sido las consecuencias para España y los efectos concretos sobre la vida de los ciudadanos (de no haber estado en la UE), de las dos últimas grandes crisis mundiales: la económica de 2007/2008 y la pandemia de 2020, existe un consenso generalizado de la enorme ventaja y oportunidad que ha sido la protección la Unión (la comparación con países similares a España que las afrontaron solos es bastante clara).
La realidad actual en el conjunto de la Unión es que está creciendo el grado de la desafección, incluyendo obviamente a España en este proceso, aunque con importantes diferencias existentes país a país. El mayor indicador de este fenómeno se produjo en el Reino Unido, dando como consecuencia su salida de la Unión, primera y única vez que la integración en el Proceso Paneuropeo se trunca, lo que alimenta y sirve de referencia en mayor o menor medida al fenómeno referido.
Existe una coincidencia de análisis en señalar como la gestión asimétrica de la imagen de los efectos de las políticas europeas sobre los ciudadanos está en el núcleo de este problema.
La asimetría es un proceso constante:
Cuando los resultados de las políticas y decisiones europeas son positivos, son los políticos nacionales o de cualquier otro nivel más próximo (a los que les sea posible mostrar algún tipo de vinculación con el proceso de toma de las decisiones positivas de que se trate, por lejana o indirecta que pueda ser), los que se arrogan de forma muy variada, la responsabilidad y mérito de la buena orientación que las ha hecho posible.
Cuando los resultados son negativos, imprevistos o no deseables, nunca hay responsables próximos, siempre son responsabilidad directa y exclusiva de Bruselas.
La complejidad del proceso jurídico administrativo europeo es palmaria, pero se ha de tener en cuenta la existencia tres tramos claros:
El proceso de elaboración, lento y laborioso, responsabilidad por su participación directa de todos los países y representantes de cada uno de ellos. El resultado del proceso de trasposición y/o aplicación especifico de cada medida, donde se mantienen ciertas posibilidades de actuación.
El de aplicación directa, donde actúan con cierto margen las administraciones nacionales.
En las últimas semanas y en el ámbito de las reflexiones de Crecimiento Azul, específicamente en la Acuicultura, se viene planteando un caso típico de gestión asimétrica entre la regulación europea y su aplicación nacional.
La situación ha sido denunciada por el sector con carácter general y específicamente a través de su organización patronal APROMAR, señalando que: Costas (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico) está obligando a sacar a concurso cualquier nueva concesión de dominio público para la acuicultura y particularmente en las prórrogas de las concesiones en vigor.
Esto viene a suceder como consecuencia de la aplicación de la Directiva 2006/123 de 12 de diciembre de 2006 (Directiva Bolkestein), relativa a los servicios en el mercado interior, traspuesta al ordenamiento jurídico español por la Ley 17/2009 de 23 de noviembre.
El problema se plantea como consecuencia de la decisión nacional española de encuadrar la acuicultura como actividad industrial, lo que tiene como consecuencia que le es aplicable la Directiva, siendo este el problema sobrevenido.
El encuadramiento de la actividad es decisión nacional y por ello países como Italia, Croacia o Grecia (principal competidor europeo en la acuicultura), han decidido definir la acuicultura como una actividad del sector primario y no como una actividad industrial o de servicios (como se ha hecho en España), lo que excluyen a estos países de la aplicación de la Directiva a la acuicultura.
Sacar a concurso las prórrogas (lo que obliga la aplicación de la Directiva al finalizar el periodo de vigencia de cada concesión), se convierte en un elemento trascendente de inestabilidad regulatorio, ya que las prórrogas legalmente condicionadas y previstas en la legislación aplicable a la acuicultura nacional, han formado parte de las previsiones de la actividad económica necesarias para compensar las consecuencias de los enorme retrasos y costes que en España son necesarios hasta conseguir una licencia.
Esta decisión nacional afecta sin duda a una actividad económica de gran potencial de crecimiento y generación de empleo, que satisface una necesidad de productos alimentarios sanos y medioambientalmente sostenibles de los que la Unión es deficitaria y que en consecuencia se han de importar regularmente en cantidades muy importantes.
Como se ha dicho y es un ejemplo más, la gestión asimétrica de la imagen de este proceso va a tener como consecuencia para los ciudadanos en general y los afectados por la actividad (más allá del conocimiento de los expertos e implicados), que la aplicación de la Directiva vendrá a engrosar la lista de problemas creados por la Unión Europea.
