A pesar de todas las circunstancias actuales que originan una enorme producción informativa, las preocupaciones generales sobre la situación y perspectivas climáticas junto y de forma inseparable, a las necesidades de energía y cómo satisfacerlas con el menor impacto, siguen manteniendo su interés.
El inicio del COP27 el domingo pasado, con la presencia de más de 45.000 personas de 190 países (según la organización), va generando un importante caudal de información que sin duda se acelerará a medida que se acerque su clausura y probablemente como es tradicional, se intensifiquen y dramaticen en sus últimos momentos.
Hasta el momento, a falta de la información importante sobre acuerdos generales y parciales que ocurrirán al final de la Cumbre, se pueden reseñar algunos aspectos de interés que previsiblemente tendrán proyección en el futuro.
Por primera vez la presencia de representantes de agentes de los sectores económicos basados en los combustibles fósiles (cifrada en un aumento del 25% respecto a su presencia en el COP26 de Glasgow), ha suscitado la reacción crítica de las organizaciones ecologistas que señalan como los representantes de este sector son más que los de los 10 países con mayor afectación por el cambio climático. Esto parece reflejar una nueva tendencia en estas conferencias anuales de Naciones Unidas que tendrá claramente continuación en la próxima COP28 que se celebrará en los Emiratos Árabes Unidos, país importante productor de petróleo.
Sin embargo, el elemento más determinante de esta conferencia será el resultado de la reflexión y acuerdos (que se puedan tomar o no), respecto a las pérdidas y daños producidos por el Cambio Climático. Éste es un tercer paso que se viene impulsando en el camino de cómo afrontar la realidad climática y sus consecuencias, que se inició con el Acuerdo de París donde se planteó la necesidad y urgencia de reducir el crecimiento de los Gases de Efecto Invernadero GEI, fijando el límite del crecimiento de la temperatura global del planeta al final de este siglo en 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales. Al conjunto del proceso y medidas necesarios para conseguirlo se le ha venido a denominar “Mitigación”.
Una consecuencia paralela inevitable a la decisión del límite de crecimiento de temperatura establecido es que los efectos de este crecimiento de la temperatura, que ya han sucedido desde el inicio de la era industrial, junto a los que se van a producir por el incremento aceptado de 1,5 °C, requerirán tomar medidas para hacer frente a sus impactos negativos. Este proceso y conjunto de medidas necesarios se ha denominado “Adaptación”.
El binomio Mitigación-Adaptación para su aplicación en los países más pobres, requiere (según acuerdo razonablemente amplio), 100.000M US$ anuales. Esta cantidad se estableció por consenso en 2009 entre un grupo de países más desarrollados, estableciendo además hacerlos disponibles de forma regular y efectiva hasta 2020. Sin embargo, cuando aún no se ha hecho funcional este acuerdo y el déficit de su cumplimiento oscila entre el 20% según la OCDE y el 80% según OXFAM (dependiendo como se traten los préstamos y sus intereses en la cuenta), se ha incorporado a la agenda de este COP27 (en negociaciones intensas de muy última hora), el debate, reflexión y posible acuerdo relativo a las “Pérdidas y Daños”
Esta nueva referencia impulsada por grupos de países menos desarrollados (del sur global) y organizaciones ecológicas, se basa en sus informes donde señalan que los desastres producidos por el cambio climático tales como: huracanes, sequías, inundaciones, incendios forestales… cada vez más intensos y frecuentes en los 55 países de economías más vulnerables al clima, les causaron pérdidas económicas que pueden ser valoradas en más de 500.000M US$ en el período 2000-2020 y que en el futuro esta cantidad de pérdidas se producirán en una década.
Lo novedoso de esta propuesta no es el concepto, que ya había sido incorporado (1991) en las negociaciones internacionales sobre efectos del Cambio Climático (a propuesta de los pequeños estados insulares que reclamaron compensaciones por los efectos de la subida del nivel del mar en sus países), lo realmente novedoso es su generalización, a todas las consecuencias, del cambio climático y su extensión a todos los países con incapacidad de financiar estos efectos.
En Glasgow se alcanzó el acuerdo de instar la extensión del compromiso de proveer los 100.000M US$ anuales hasta 2025 y no el de incorporar las pérdidas y daños en los debates. Su inclusión ahora, no simplifica la dificultad intrínseca para la cuantificación de los daños y la forma de atribución de responsabilidades y por tanto para fijar las contribuciones (que fueron las causas argumentadas para su exclusión).
La dimensión global, multilateral, histórica y la complejidad específica de las cuantificaciones y valoraciones tanto para la Adaptación, como para las Pérdidas y Daños, no debería hacer perder de vista que son consecuencia última y global de las emisiones de GEI y que a diferencia de las dificultades que hay para saber lo que hay que hacer y cuánto cuesta Adaptar o abordar las Pérdidas y Daños, además de determinar los países a los que se ha de aplicar, así como, cuándo y de qué forma se han de pagar y qué países deben aportar los recursos necesarios, la responsabilidad de la reducción de emisiones (Mitigación) “Mitigar” en los países desarrollados, es clara y directa de quien las produce, por tanto, a pesar de no estar exento de dificultades es mucho más fácil de entender y aplicar.
La consecuencia esencial es que el contenido complejo y alejado de los debates globales que están sucediendo en Sharm EL-Sheikh se acerca y posiciona en el ámbito de las decisiones, personales, locales y nacionales, permitiendo que se concreten en preguntas claras y responsabilidades cercanas.
Se ha celebrado en Las Palmas en los últimos días las 12ª Jornadas Técnicas ENERMAR, donde se han vuelto a mostrar las capacidades técnicas, empresariales y la cualificación de recursos humanos del máximo nivel, disponibles para abordar de forma decidida el aprovechamiento de las EERR marinas en Canarias y en el resto de España y sigue sin solución la incapacidad pertinaz de la Administración Pública española para cumplir con su obligación de desbloquear y hacer posible una contribución al problema global.
