La excomisaria europea de Asuntos Marítimos y Pesca, María Damanaki, ha participado y compartido experiencias en diversos actos promovidos en Gran Canaria por el Clúster Marino Marítimo de Canarias CMC. Su visión y experiencia han sido sin duda enriquecedoras en el proceso de impulso de la Economía Azul, del marco de las expectativas actuales y el desarrollo de la Estrategia del Gobierno de Canarias.
La experiencia como comisaria (2010-2014), o como directora general global de océanos (2015-2020) en la organización internacional sin ánimo de lucro, The Nature Conservancy TNC (dedicada a la conservación de la biodiversidad y el medio natural) y como miembro activo o asesora en la actualidad de organizaciones tales como: La Junta de la Fundación Oceanográfica y del Instituto Oceanográfico de Mónaco; la Junta del Foro Europeo de las Regiones Marinas; de Global Fishing Watch; o asesora principal de la Rockefeller Brothers Foundation… le permite tener una visión global y perspectiva amplia de la necesidad del uso y conservación equilibrada del mar.
Su actividad como comisaria europea ha sido pública y conocida, marcando el sector marítimo europeo de la última década. La política pesquera común iniciada en 1970, fue objeto de varias reformas como parte de la dinámica regular de la gestión común europea, siendo en la publicada en enero de 2014 (impulsada por Damanaki) cuando se produjo una reforma sustancial con la introducción de enfoques nuevos, entre los que se pueden señalar: la incorporación de la visión ecosistemática de la gestión de las pesquerías europeas, extendiendo la visión a conjuntos de especies por caladero (lo que ampliaba los modelos más tradicionales de gestión pesquera mono específica); más drástico si cabe, fue la prohibición de los descartes en alta mar (que suponían un cambio radical en la práctica pesquera hasta ese momento); la obligación de ajustar la capacidad de pesca de cada Estado (reducción de la flota); el establecimiento de normas para la actividad pesquera de la flota europea en caladeros de otros países y nuevas obligaciones a los Estados miembros para mejorar la recogida de datos y reforzar el soporte científico de la gestión pesquera. Adicionalmente, se trataron de propiciar medidas para impulsar el crecimiento de una acuicultura sostenible, con el objetivo claro de abastecimiento del mercado de pesca de la Unión. El simple enunciado de los cambios abordados permite evidenciar la trascendencia de las transformaciones en la política pesquera común.
Especial atención merece la Directiva impulsada por la comisaria Demanaki “The maritime espacial planning” que estableció e impulsó que cada Estado miembro planificara el espacio marítimo de su competencia de acuerdo a un procedimiento y criterios comunes.
La perspectiva del tiempo transcurrido permite valorar el alcance y consecuencias de este conjunto de acciones de “gobernanza” tomadas en su momento y también hace posible entender el interés de la visita de la excomisaria, de las interacciones producidas en estos días y las que sin duda se seguirán produciendo. Así mismo es una oportunidad para hacer una reflexión sobre el estado actual de la gobernanza del medio marino en Canarias.
El tránsito en la actividad pesquera de una situación de absoluta libertad (entendida como: poder pescar cualquier cosa, en cualquier sitio, utilizando cualquier medio) a una de regulación rigurosa, ha sido y sigue siendo difícil. Afortunadamente los resultados alcanzados en los últimos años en un número creciente de pesquerías en las que la regulación y medidas de acompañamiento las han hecho sostenibles (algunas al borde del colapso biológico de las especies objeto de explotación), está permitiendo que la confrontación de intereses haya pasado de los conceptos básicos (actualmente aceptados con carácter bastante general), a los detalles y coyuntura para la aplicación de las medidas en cada caso. Las transformaciones impulsadas por la comisaría Damanaki también tuvieron (como es inevitable), una fuerte reacción en algunos sectores pesqueros específicos (en especial con las organizaciones pesqueras españolas), como consecuencia de la nueva visión y de medidas concretas: las de la prohibición de los descartes, la obligación de desembarque de los tiburones pescados con sus aletas y la negociación del acuerdo pesquero con Mauritania.
Así como esta política pesquera ha tenido consecuencias significativas y el sector y la actividad pesquera han evolucionado objetivamente, las medidas planteadas en acuicultura en su momento y las que se han tomado después, no han producido los resultados deseables y esperados, por lo que la situación de la acuicultura europea es difícil y sus perspectivas de futuro complicadas.
La Directiva 2014/89, para la Ordenación del Espacio Marítimo (OEM), es un ejemplo de la trascendencia de una acción de “gobernanza” (promovida en este caso por la comisaria Damanaki) que se encuentra en pleno desarrollo y que tiene y tendrá consecuencias de la mayor importancia.
Todos los países de la Unión estaban mandatados para tener implementado su Plan Nacional en marzo de 2021 (7 años después de la adopción de la Directiva), todos salvo cinco han cumplido, tienen sus planes elaborados y están en la aplicación de sus contenidos. España es uno de los cinco países incumplidores, por lo que la Comisión le puede incoar un procedimiento de infracción (si no lo ha hecho ya); esta consecuencia administrativa es menor si se compara con el hecho de que la “no disponibilidad” de la planificación marítima tiene paralizado el desarrollo de la energía azul, que si ya era de necesidad evidente general, se está convirtiendo en un objetivo para la salida de la crisis del CV19 y para contribuir a paliar las consecuencias energéticas de la guerra en Europa.
En Canarias, estos efectos son del mayor nivel y deben formar parte de los objetivos a resolver por la Estrategia Canaria de Economía Azul, cuya puesta en marcha está resultando más difícil de lo que era previsible como consecuencia de las dificultades de gobernanza derivadas de la distribución de competencias entre un número demasiado alto de departamentos del Gobierno.
Este es un problema bastante común en el que se han empezado a dar pasos en la Unión Europea y algunos Estados miembros, dónde se va produciendo un cierto nivel de concentración competencial en el ámbito marino. La propia Comisión lo hizo al objetivar el comisariado de asuntos marítimos y pesca.
Podría resultar de interés analizar qué sentido y eficacia tiene una Dirección de General de Pesca con las competencias actuales y si no convendría transformarla y concentrar competencias que permitan constituir el núcleo administrativo necesario para el impulso y gestión de la economía azul. Es de agradecer al Cluster Marino Marítimo de Canarias y a la señora Damanaki la oportunidad y haber propiciado análisis y reflexiones sobre estos temas que siguen siendo de la máxima actualidad.
