En el día de hoy se inicia formalmente la 27ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en la ciudad egipcia de Sharm El-Sheikh. Con una duración prevista hasta el próximo día 18.
Conviene recordar que la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) fue adoptada en su sede de Nueva York en 1992 (entrando en vigor en 1994) y que ha sido ratificada por 197 Estados.
En 2015 fijó en París (COP21) el gran acuerdo de objetivos climáticos planetarios, siendo la referencia central del conocido desde entonces como Acuerdo de París el objetivo de mantener el incremento de la temperatura del planeta por debajo de los 1,5°C con respecto a los niveles preindustriales, para conseguir (como consecuencia), estabilizar las concentraciones de Gases de Efecto Invernadero GEI en niveles que impidan las peligrosas interferencias de la actividad antropogénica con en el Sistema Climático Global.
De forma particular este COP27 se plantea como el escenario y momento para revisar los acuerdos alcanzados el año pasado en el COP26 de Glasgow, que tras el parón derivado de la pandemia se constituyó como punto de relanzamiento del compromiso ambiental global de la conferencia.
En los días previos, como es habitual, se han presentado informaciones y posiciones de relevancia, que sin duda serán consideradas y acompañadas por las reflexiones y acuerdos que se irán desarrollando durante las sesiones de la conferencia de los que se como es habitual se producirá amplia información en los próximos días.
Entre los muchos documentos básicos de referencia ya conocidos, se identifica por su relevancia el “Informe de la brecha de adaptación 2022” realizado por el PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente), donde se concluye como idea central que “los procesos (de adaptación) son insuficientes y excesivamente lentos y que la incapacidad de adaptarse al cambio climático pone el mundo en peligro”.
Pudiendo resaltar algunas informaciones indicadoras de situación, tales como:
Al menos el 84% de los firmantes del tratado han establecido planes estrategias, leyes y políticas de adaptación, lo que es un 5% más que el año pasado.
Las corrientes internacionales de financiación para la adaptación en los países en desarrollo están entre 5 y 10 veces por debajo de las necesidades estimadas.
Las medidas de adaptación están aumentando, con especial atención en materia de agricultura, agua y ecosistemas.
En cualquier caso, el informe urge a los países a que aumenten la financiación y la implementación de acciones de adaptación.
También como documento de referencia inicial (y por lo que nos concierne más directamente) se puede recoger la posición de la Unión Europea para esta cumbre climática establecida por el Consejo, la cual parte de una declaración previa donde se señala que: “La Unión Europea siempre ha estado a la vanguardia de la acción climática y continuaremos predicando con el ejemplo”.
En el texto se recogen posiciones y referencias entre las que resultan significativas:
La ambición global debe aumentar para mantener el objetivo de referencia fijado en el Acuerdo de Paris: alcanzar como límite máximo (1,5ºC) de incremento global de temperatura en el planeta en este siglo.
Las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC como se conoce a los planes nacionales de contribución a los objetivos y sus actualizaciones), son actualmente insuficientes en conjunto.
Señala el paquete legislativo Objetivo 55 presentado en junio cuya adopción estima poder completar este año (a pesar de su gran complejidad y exigencia), que en conjunto tiene como objetivo reducir los GEI emitidos por la UE a menos de un 55% en 2030 (en comparación con 1990) para alcanzar la neutralidad climática a más tardar en 2050.
Recuerda que la Unión Europea y sus Estados miembros son el mayor contribuyente a la financiación climática pública internacional.
Declarando y señalando la disponibilidad y determinación de la Unión para impulsar los acuerdos de Glasgow y su desarrollo, que es sin duda elemento central en esta COP27.
Por su parte y próximo aún, la Oficina del Cambio Climático del Ministerio de Transición Ecológica MITECO, ha confirmado la presencia española en la Conferencia (pabellón propio), como espacio de encuentro para compartir ideas e iniciativas con atención particular a América Latina y países del Norte de África. España participara según se estableció en el COP 26 de Glasgow, con otros países desarrollados en el apoyo económico, tanto a la adaptación al cambio climático, como en la reparación de daños y pérdidas que se producirán y que ya están sufriendo países menos desarrollados como consecuencia del calentamiento global.
Desde el Banco se recuerda que el presidente del Gobierno anunció en Glasgow la aportación de 1.350 M€ a esta financiación climática y que ahora en el contexto del COP27 es confirmado por el ministerio.
Asimismo, la información recoge las posiciones del Gobierno ya declaradas previamente al respecto, tales como: su determinación por el impulso de las energías renovables; el mantenimiento de su posición restrictiva frente a la recuperación del carbón y la energía nuclear (como consecuencia de la invasión de Ucrania); la limitación de nuevos proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos en territorio nacional. Manifestando compartir el objetivo común europeo de alcanzar la neutralidad climática antes de 2050, colaborando a alcanzar los acuerdos legislativos europeos actualmente en elaboración.
La celebración de la Cumbre es un indicador claro de la voluntad internacional para mantener el esfuerzo de la lucha contra el cambio climático y sus consecuencias más allá de la coyuntura. La declaración del Consejo y la del ministerio español obvian las dificultades actuales para avanzar en los objetivos ambientales, que no tienen un solo componente derivado de la guerra, sino que incluye problemas menos evidentes: económicos, consecuencia directa del enorme esfuerzo necesario para la transición desde una energía de combustibles fósiles a una nueva basada en las energías renovables y también sociales, ya que es evidente que las circunstancias nacionales son distintas y conducen a posiciones también muy diferentes.
Tampoco se puede dejar de identificar como dificultades a resolver: la inercia e ineficacia del aparato burocrático para hacer posible el avance de las EERR (señalamos aquí la situación de parálisis de los procedimientos para la energía del mar en España) o la elusión permanente de las responsabilidades de explicar a los ciudadanos los costes directos con los que vamos a tener que contribuir todos: económicos, sociales y de convivencia con los dispositivos captadores que ocupan espacios, cambian paisajes y modifican condiciones de actividades habituales y tradicionales.
