El Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia (PRTR), es sin duda una de las mayores oportunidades históricas para impulsar el desarrollo socioeconómico del país y ha llegado en el momento oportuno como resultado de un acuerdo decidido del conjunto de la Unión, por el cual los países más ricos asumen una aportación mayor y avalan el endeudamiento de los menos ricos, de forma solidaria por una cantidad enorme de 750.000 M€ de los que a España corresponden aproximadamente 140.000M€, lo más extraordinario aún ha sido la rapidez con la que una decisión como esta fue adoptada, en contraposición con lo que son los procedimientos y tiempos habituales en los procesos de toma de decisión en la Unión Europea.
A partir del acuerdo excepcional se puso en marcha el procedimiento para la planificación de su ejecución, que debe conseguir que el gasto previsto cumpla con la finalidad específica y explícita de salir de la crisis fortalecidos. Cada uno de los Estados miembros ha tenido que diseñar y planificar su propio plan nacional que, una vez verificado y aprobado desde la Comisión ha de ponerse en marcha.
El Plan está estructurado en dos periodos bien definidos: El primer trienio (2021-2022) en el cual se inicia la ejecución utilizando las herramientas y planificaciones preexistentes que estuvieran alineadas con los objetivos del PRTR, a la vez que se planifican acciones y se ponen en marcha procedimientos específicos para hacer posible las estratégicas diseñadas, y un segundo trienio (2024-2026) en que deben terminar de ejecutarse el conjunto de acciones y por tanto hacer posible la salida fortalecidos de la crisis producida por la pandemia.
Es cierto que la concatenación de la crisis pandémica con la derivada de la guerra en Ucrania (cuya duración y alcance son desconocidos), hace prácticamente imposible que cualquier planificación/previsión cumpla con su función. La ejecución material del Plan ya era difícil sin las consecuencias de la guerra, ahora sin duda lo es y lo será más, por lo que se ha de extremar el seguimiento y la capacidad de tomar medidas de impulso, apoyo y corrección cuando sea necesario para conseguir la máxima efectividad en su impacto.
En esta situación de incertidumbre extrema, es realmente conveniente y eficaz dedicar todo el esfuerzo posible a ejecutar todos los Planes cuya finalidad esté fuera de dudas respecto a la generación de efectos socioeconómicos positivos (cómo así ocurre con el conjunto del PRTR).
La movilización del conjunto de fondos públicos previstos, según quien sea el ejecutor público o privado, tiene las características propias de la naturaleza jurídica de cada uno, marcando los procesos de toma de decisiones y procedimientos de ejecución y control.
En el caso de los ejecutores públicos el proceso es procedimentalmente claro, por cuánto es habitual que las instituciones públicas gestionen fondos públicos y toda su organización está dirigida a ese fin. El problema intrínseco y básico de la ejecución pública es que está marcada por la obligación de las garantías que les son propias y no por las necesidades o finalidades que tienen que ser atendidas. Un ejemplo claro y actual es la atención de los problemas de todo tipo, consecuencia de la actividad volcánica en La Palma, donde los ciudadanos constatan que no llegan en tiempo las atenciones a sus necesidades, mientras que el conjunto de gestores públicos implicados realiza los mayores esfuerzos objetivos para atenderlas.
Cuando no se trata de una emergencia y se aplican los procedimientos regulares (incluso los especialmente diseñados) como es el caso de la ejecución del PRTR, la transferencia de fondos públicos para su ejecución por los agentes privado, el proceso es más difícil y necesita las mayores garantías. La toma de precauciones que hacen posible este procedimiento se transforma en procesos muy complejos y gran duración temporal.
El PRTR con el fin de facilitar su gestión, entre otras medidas, ha establecido los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) como una herramienta central para impulsar sus objetivos, aunque su puesta en marcha no ha sido fácil, como queda reflejado en el hecho que hasta el momento solo se han aprobado en Consejo de ministros 7 de estos Proyectos (tres en el segundo semestre de 2021 y cuatro en el primer trimestre de 2022).
Hasta el momento los espacios sectoriales abordados en los PERTE aprobados, son sin duda, espacios claves de la actividad económica del país y sería muy conveniente qué ningún sector estratégico quedara fuera (como ejemplo relevante indicar que el turismo hasta el momento no se encuentra como objeto específico de ninguno).
La lectura de los documentos de referencia de cada uno de los PERTE aprobados, permite reconocer elementos comunes y diferenciales entre ellos. El porcentaje de ayuda pública a las empresas en el marco europeo está sometido al criterio de mantenimiento de la competencia, de tal forma que las ayudas no deben alterarla significativamente, lo que se hace ajustando la cantidad de recursos públicos que se aportan en cada caso. En los PERTE publicados, el porcentaje global de ayudas a cada uno de ellos va del 18% en el del Vehículo Eléctrico y Conectado al 67% en el PERTE para la Salud de Vanguardia.
En conjunto se aportarán 15.084M€ de fondos públicos que movilizarán 20.953M€ de inversión privada. El procedimiento básico de distribución de los fondos públicos será la concurrencia competitiva. El contenido de todos los PERTE afronta objetivos de desarrollo que son de interés específico para Canarias (salvo quizás el de automóvil) y pueden aportar elementos de diversificación y equilibrio en el conjunto del PIB del archipiélago.
Las dimensiones y complejidad de los PERTE son en principio una dificultad específica para la captación en competencia de al menos una cantidad económica proporcional a la aportación de Canarias al PIB nacional. La cantidad de recursos privados a movilizar va a ser una dificultad adicional para participar con carácter general, seguramente agravada en Canarias por la dimensión y características de su tejido empresarial.
La debilidad objetiva de Canarias para la participación en procesos competitivos de este tipo, en los marcos nacional y europeo, esta contrastada históricamente. Para conseguir mejores resultados, en cualquier caso más cercano a las necesidades, es imprescindible impulsar de forma eficiente la concertación público-privada en los PERTE publicados, en los que están pendientes y en las otras de las muchas y variadas oportunidades que el PRTR está ofreciendo.
