La actualidad absoluta señala constantemente la necesidad de aumentar (a la mayor brevedad posible), la producción de energía de fuentes no generadoras de Gases de Efecto Invernadero GEI. Hasta la pandemia del Covid-19, el núcleo de la presión para acelerar al máximo la sustitución de energías fósiles se derivaba de las previsiones climáticas catastróficas que señalaban en el horizonte de este siglo la posibilidad/certeza de alcanzar un punto sin retorno en las condiciones de vida del planeta, si no se sujetaban y reducían las emisiones de GEI. Las emisiones de la producción de energía eléctrica, como es bien conocido, son una de las fuentes de mayor importancia
Desde la Unión Europea se han venido impulsando los análisis y desarrollo de medidas específicas, tanto internamente entre los Estados miembros como en el contexto internacional de forma directa o a través de las organizaciones y convenciones multilaterales, asumiendo el liderazgo determinante cuando ha sido necesario.
Sobre esta realidad ya compleja y difícil, la pandemia del Covid-19 aparece como una catástrofe global sobrepuesta (de consecuencias y magnitud difíciles de prever), respecto de la cual la Unión Europea tomó una decisión histórica en tiempo y alcance antes nunca vista, particularmente en cuanto a responsabilidad solidaria de la deuda producida por las acciones que se tomaron y por el contenido, ya que aprovechó todo el trabajo realizado para el Pacto Verde (eje de la respuesta europea al cambio climático), para convertirlo en la clave central de las medidas que deben impulsar la salida de la crisis económica que la pandemia sanitaria estaba produciendo.
A esta realidad (de una complejidad enorme), se viene a sobreponer la guerra consecuencia de la invasión de Ucrania, que ya de por sí requiere recursos y produce distorsiones económicas de todo tipo y que además ha evidenciado una estructura de suministro dependiente y muy cautivo de combustible fósiles, que no solo tienen efectos enormes en la economía, sino que vienen a oponerse a la voluntad europea de contribuir de forma decisiva en el control del Cambio Climático, ya que se está haciendo imprescindible la recuperación (al menos temporal), de plantas de generación paradas y abocadas al desmantelamiento (como las de carbón).
La guerra en definitiva, tiene y tendrá consecuencias indeseables en magnitud y duración imprevisibles, pero además sin duda, es un acicate adicional para impulsar la voluntad europea de sustituir la energía producida con combustibles generadores de GEI por energías renovables.
Cualquiera de las tres causas (cambio climático, covid-19 y guerra), son suficientes objetivamente para impulsar al máximo el desarrollo de las EERR. Las tres ocurriendo simultáneamente cierran cualquier voluntad de análisis sobre la necesidad de desarrollar las EERR y señalan con claridad que toda la voluntad y capacidades han de dedicarse a impulsar su desarrollo efectivo a la mayor brevedad posible en una aproximación generalizada y global como ya quedó señalado en el Pacto Verde Europeo.
A partir de este punto, es imprescindible hacer seguimiento de cómo avanza la implantación de las energías renovables de forma real y si el avance se ajusta a las necesidades conocidas. Toda la información disponible que se puede consultar respecto a cómo se está produciendo el desarrollo de las EERR tiene una coincidencia básica clara y generalizada. Particularmente en Europa va mucho más lento de lo que debería y de lo que es posible por tecnología y recursos económicos disponibles, la causa señalada de forma unánime es” la tramitación administrativa” que, como referencia inequívoca y contrastada es reconocida como fundamento de la Comunicación de la Comisión PowerEU producida ya como consecuencia de la guerra.
A pesar de la incidencia generalizada identificada que señala a la “tramitación administrativa”, los avances que se están produciendo para mejorar la situación son pocos y lentos. Derivados claramente del intento (en la mayor parte de los casos), de acelerar los procedimientos específicos existentes o produciendo regulaciones nuevas cuyo trámite es largo y que como conceptualmente parten de los mismos enfoques solo producen pequeños avances en el mejor de los casos. El cambio de paradigma necesario es difícil siempre y por tanto también lo es en este caso.
En el contexto de la necesidad actual van apareciendo reflexiones y ejemplos que señalan vías de avance claras, muy condicionadas por las circunstancias particulares de donde aparecen y desarrollan, sin embargo, se van encontrando tendencias específicas de interés, a las que se deben prestar la mayor atención.
El Acuerdo Político Social aparece como un elemento central del avance y se pueden encontrar ejemplos claros en muchos lugares. En torno a la Energía Azul resulta del mayor interés señalar la iniciativa en Dinamarca de “isla energética” en el Báltico que el año pasado se hizo pública por el acuerdo (laborioso) de ocho partidos políticos del gobierno y la oposición para el desarrollo de este proyecto valorado en 28.000 M€ el 51% de los cuales serán aportados por el Estado danés. Noticia reciente (30 de agosto 2022) es la constitución de la agrupación liderada por Ørsted, Siemens Gamesa, Gamesa, DTV, Energinet, el municipio de Bornholm y otros entes locales para impulsarlo. Es un ejemplo claro de cómo el acuerdo político y social puede hacer posibles proyectos de gran complejidad y referencia mundial en tiempos razonables.
El Reordenamiento del Enfoque de la Planificación, cuando lo habitual es hacer una planificación global de todo el espacio nacional o regional (Planes de Ordenación del Espacio Marítimo POEM; Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura de Canarias PROAC) para a partir de ella establecer qué hacer y dónde, en Alemania se ha planteado recientemente como cambio de paradigma (en un gobierno con ministros ecologistas), hacerlo al revés, estableciendo genéricamente y a priori, a sus 16 estados federados que tienen que hacer disponible el 1,8-2,2% de su territorio para el desarrollo de parques eólicos.
La Concreción de la Gobernanza, comienza a consolidarse la aproximación de que hay que hacer leyes y regulaciones generales lo más claras y concisas, que permitan la gobernanza cercana que haga posible simplificar los procesos para su concreción y limitación a actividades y espacios concretos.
Por acercar estas perspectivas a la realidad más próxima y tratar de entender hacia donde se debe avanzar, se puede señalar la inexistencia de iniciativas de acuerdos político sociales semejantes por magnitud o por grado de acuerdo.
En cuanto a la planificación estamos en la aproximación antigua, no se terminan de publicar los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo y cuando salgan tendrán muchas limitaciones, prácticamente por imposibilidad objetiva de hacer la planificación con la información medios y plazos disponibles.
En la aproximación de gobernanza, en base a la legislación actual va a seguir requiriendo gran voluntad y esfuerzo, como es claro en la gestión de costas a partir de una ley pensada para ser gestionada de forma centralizada que pasa a gestionarse de forma descentralizada (en Canarias a partir de enero 2023).
Es claro que deberían propiciarse avances (independientes o simultáneos) en cualquiera de las líneas, ya que producen mejoras en la gestión que permiten avanzar en la consecución de los objetivos críticos previstos.