El comienzo del nuevo curso para la Eólica Marina nacional es objetivamente mucho peor de lo que se había previsto cuando el 28 de febrero pasado se publicó el Decreto por el que se aprobaban los Planes de Ordenación de las cinco circunscripciones del Espacio Marítimo Español POEM.
El mayor problema de base que puede suceder al desarrollo de este sector es la incertidumbre generada por la indeterminación administrativa y el riesgo regulatorio. La situación política actual, obviamente, es un problema de dimensión e impacto mucho más amplio y de mayor efecto general, respecto del cual las consecuencias sobre la Eólica Marina no pasan de la categoría de anecdóticas, pero también es cierto (para este sector concreto), que el momento es probablemente de lo más crítico, no solo por el claro efecto directo que las incertidumbres derivadas le generan, sino por el indirecto: la fragilidad y poca contundencia político-administrativa gubernamental, que produce sobre la capacidad de responder y gestionar la situación, cuando la oposición “social” amplia y organizada se extiende por el País dando además origen y soporte a la judicialización del proceso.
Esto ocurre después de la larguísima espera para que el Decreto se produjera y cuando en el entorno internacional el ritmo de impulso y desarrollo de la Eólica Marina se continúa acelerando, con la consecuencia directa de que, en la competencia por atraer los enormes recursos económicos necesarios para el desarrollo de los proyectos en este sector, la posición de España tiende a marginalizarse de forma importante respecto de las empresas internacionales como de las nacionales.
A pesar de las circunstancias coyunturales, la realidad es que la Eólica Marina es imprescindible para alcanzar los objetivos climáticos, dinamizar la recuperación de la pandemia y conseguir la autonomía energética. Lo que se recoge con claridad y determinación en las Estrategias Europeas correspondientes (de las que España es parte y está comprometida a su desarrollo), por ello es necesario seguir intentando avanzar en todo lo que sea posible para que, cuando la coyuntura se desatasque, el desarrollo pueda ser más rápido y eficiente.
Esta pausa forzada e imprevista puede dar tiempo para elaborar y madurar algunos marcos de desarrollo de la planificación y procedimientos previstos en el Decreto y de los que por su aprobación se derivarán y/o harán posibles.
Muchas dificultades previsibles derivadas de la tendencia habitual (seguramente consustancial) de la Administración General del Estado de tratar de establecer procedimientos, criterios generales y homogéneos para todo el País, se deriva de la distinta realidad, estado y grado de conocimiento de las cinco demarcaciones, incluso dentro de ellas (a pesar de que se ha hecho un esfuerzo importante por recoger diferencias evidentes de la realidad natural del espacio marino español).
El intento de homogenización ha tenido como consecuencia un documento de valor variable, que introduce dificultades adicionales para la aplicación general de tales criterios como se describen y deducen. Esto conducirá, sin duda, a conflictos de intereses y situaciones difíciles (como ha ocurrido en otros procesos similares), que no favorecerán alcanzar el modesto objetivo de instalar 3 GW previstos y comprometidos con Europa para el conjunto del País.
Canarias encarna el ejemplo paradigmático (en muchos casos y en este también), de cómo las diferencias objetivas de todo tipo (tanto actuales como previsibles de futuro), requieren y deben hacer posible un planteamiento de objetivos y procesos diferenciales respecto al conjunto del Estado. Recordaremos en este caso (con relación al desarrollo de la Eólica Marina), algunas de las circunstancias claras, conocidas y de la mayor evidencia sobre los que su desarrollo debería poder avanzar de forma acelerada:
El sistema eléctrico canario produce (por la ineficiencia de las soluciones históricamente desarrolladas o las que no se llegaron a desarrollar), un sobrecoste variable que viene oscilando entre 800 y 1000 millones de euros cada año, respecto a lo que se paga por la aplicación de tarifas iguales a las peninsulares. Esta diferencia se sufraga al 50% a través del presupuesto general del Estado y por su inclusión, el otro 50%, en la factura general del sistema eléctrico español pagados por todos los consumidores del País.
Cuando se lee la documentación descriptiva general del sistema eléctrico español (publicada regularmente por Red Eléctrica), se encuentra muy claramente descrito el sistema eléctrico nacional y la raíz de fondo del problema, que queda descrita a través de la cualificación en dos bloques: el denominado “sistema eléctrico peninsular” y el qué se viene identificando como “sistemas no peninsulares”, para el que hasta hace pocos años se utilizaba la definición de sistemas desconectados (pero que ya no se puede usar en la medida que se ha iniciado la conexión de Baleares a la península). Es obvio que la definición de sistemas no peninsulares es un saco de contenido absolutamente inconexo.
A esta realidad del sistema eléctrico se deben añadir las condiciones de abundancia y calidad de los recursos eólicos marinos (y otras energías marinas en desarrollo) las condiciones específicas de la batimetría de Canarias y la imposibilidad legal de pescar al arrastre en el Archipiélago, lo que da como resultado unas condiciones evidentemente diferenciales para abordar el desarrollo de la Eólica Marina de forma más clara y acelerada. La prioridad de inicio se recogió en su momento (con buena intención y poco efecto) en la Hoja de Ruta del Ministerio.
Con independencia de la valoración que cada cual quiera darle, se debería tener en cuenta que una hipotética conexión eléctrica directa con la península será siempre más difícil y mucho más costosa que una conexión eléctrica al continente africano, ya se conocen algunos proyectos para conectar por cable submarino Marruecos con Gran Bretaña.
Sin duda el marco nacional es el que condicionará con mayor influencia las posibilidades de desarrollo y aprovechamiento de la Eólica Marina para el Archipiélago, pero también es claro que hay ámbitos de decisión en Canarias que pueden y deben influir para hacerlo mejor.
Se puede señalar como claramente mejorable el impulso que se puede dar desde las condiciones y entornos locales: Ayuntamientos; Cabildos; La educación en general de la universidad a la formación profesional, Entes públicos diversos… El concurso fallido de la Autoridad Portuaria de Las Palmas para habilitar un espacio y condiciones de primer nivel para impulsar el desarrollo de la Eólica Marina en Canarias y hacer posible la capacidad de participar en la enorme cadena de producción global, es un ejemplo claro de donde y como conseguir la mejora necesaria.
