En las últimas semanas se suceden de forma constante las referencias a la subida disparatada de precio de la electricidad en los mercados mayoristas internacionales, “augurándose” qué en el mejor de los casos, bajen después del primer semestre de 2022. La situación es generalizada, diferenciándose según los espacios económicos. Le prestaremos atención por nuestro interés directo, al entorno europeo y en particular en España.
Según los datos que se pueden encontrar en estos días (como parte del debate que esta situación suscita), en el mes de septiembre que termina, la electricidad ha tenido en el mercado mayorista español un precio medio de 156,15 €/MWh, en los primeros días de octubre estará por encima de 200€ (216 el día uno) y nadie parece capaz de hacer una previsión de precios con una mínima certeza.
Si tenemos como referencia que el precio medio entre 2010 y 2021 ha sido de 55,31 €/MWh, con una oscilación entre el mínimo del año pasado de 40,37 y el máximo del 64,37 del año 2018, estamos situados en un contexto de entre 3 y cuatro veces mayor que cualquiera de los precios anteriores que se puedan usar como referencia.
Esta “auténtica catástrofe” (cuya magnitud se irá valorando adecuadamente a medida que aparezcan sus efectos) se presenta seguramente en un momento de la mayor inoportunidad, cuando empieza a vislumbrarse la salida de la crisis y además de forma absolutamente sorpresiva.
Para interpretar y valorar lo que está sucediendo, se hace necesario conocer sus causas, respecto de las cuales hay un amplio consenso en cuanto a que se debe al encarecimiento del precio del gas y al consiguiente incremento de los precios de los derechos de emisión, el informe del Banco de España de agosto de este año (serie Documentos Ocasionales nº2120) presenta un resumen breve y claro de estas circunstancias.
El precio del gas como primer causante de la subida, está sometido a todas las características “claras y oscuras” de su mercado internacional, entre otras muchas razones porque un conjunto de “decisiones internacionales” (muchas de ellas europeas), lo han convertido en la sustancia clave en el proceso de “transición” hacia una producción eléctrica sostenible y cuando una sustancia cómo ésta ocupa tal posición central en los mercados, es sin duda objeto de todos los mecanismos especulativos posibles.
Una atención particular se debe fijar en los derechos de emisión que son un “impuesto, tarifa, canon” que los europeos nos hemos autoimpuesto para forzar un avance más decidido hacia la neutralidad climática de nuestro sistema energético, esta herramienta ya ha producido efectos muy positivos en la cantidad y velocidad del tránsito planificado, pero en este caso se convierte objetivamente en una sobrecarga general, tanto para cada ciudadano directamente como para las empresas que tendrán un grado de afectación distinto según su naturaleza y circunstancias.
Desde el Gobierno español (inicialmente seguido por otra instituciones y países), se ha pedido a la Unión Europea que estudie cómo ayudar a afrontar al problema actual y al que previsiblemente se va a plantear aumentado el próximo invierno europeo. Se han sugerido compras centralizadas del Gas, cambios en el sistema o valor de los derechos de emisión…
Se tropieza aquí, una vez más (con gran pesar entre los europeístas convencidos entre los que me sitúo sin duda) con la resistencia inicial y la falta de metodologías especificas o agilidad de la Comisión en la toma de decisiones, que tiene su fundamento principal probablemente, en la dificultad común y demostrada para conseguir los acuerdos y consensos generales entre los países.
Se debe entender, que la Directiva Europea que establece un “Régimen de Comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero” en la Comunidad (Directiva 2003/87/CE), tiene su origen en la “Cumbre de la Tierra de Río” celebrada en 1992, a partir de una de sus tres convenciones, en este caso la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, que entró en vigor en 1994 (ratificada en la actualidad por 197 países), qué es el origen del conocido Protocolo de Kioto aprobado en 1997, como conjunto de medidas aplicables y verificables que se deben materializar para conseguir los objetivos previstos, que necesitó de un arduo proceso para su ratificación en 2015 (a la que la organización europea contribuyó muy activamente).
Las fechas y los marcos internacionales de estos acuerdos, señalan con claridad la complejidad y dificultad del proceso que en la actualidad permite medir sin duda su éxito, como es ampliamente conocido (aunque parece cada vez más claro que habrán de intensificarse para conseguir los objetivos propuestos en su día), que sin embargo contribuyen en este momento al efecto coyuntural francamente adverso de la subida “disparatada” del precio de le electricidad.
Estas circunstancias no deben introducir confusión alguna ni siquiera, aunque puedan parecer que son contradictorias. Lo conseguido hasta ahora es cuantificable en lo material y es el soporte de la visión de futuro común de la Unión, cristalizada ya en el contenido del Pacto Verde Europeo y utilizado como herramienta de impulso para la salida de la crisis producida por la Pandemia como eje central del Programa para la Recuperación, Transformación y Resiliencia basado en un mecanismo de solidaridad de dimensión y alcance extraordinarios que da una nueva perspectiva a la Unión y su futuro.
Las dificultades reales para tomar decisiones con la agilidad suficiente en la resolución de problemas concretos (en este caso los precios disparatados de la electricidad y sus consecuencias negativas de todas clases), no ponen en cuestión ni son contradictorias con lo logrado. Señalan sin embargo, una debilidad del funcionamiento de la Unión que debe ser resuelta no solo y puntualmente para el problema actual, sino como herramienta lo más genérica y de mayor valor general que sea posible.
Se ha de tener la precaución y la capacidad de explicación para entender los efectos y los daños que se están derivando y que sin duda se verán incrementados en el futuro próximo, buscando los mecanismos que los minimicen o los palien, para evitar que problemas de burocracia puedan servir de soporte para debilitar (de cualquier manera), el desafío medioambiental propio y el papel de impulso y liderazgo internacional de la Unión Europea en esta Estrategia Global. Se debe resaltar que abordar con decisión de futuro la aplicación de esta estrategia, es además el soporte para la generación importante de actividad económica y empleo, como la propia Comisión indica a en sus análisis y Planes.
