El próximo mes de abril finaliza el plazo de los Estados miembros para presentar sus PRTR (Planes de Recuperación Transformación y Resiliencia) a la Comisión Europea, iniciándose el muy exigente periodo de dos meses que la Comisión ha asumido para emitir su dictamen.
Este complejo e intenso procedimiento, incorpora a la normalidad lo que ha sido sin duda, una de las decisiones históricamente de mayor importancia y repercusión para la propia Unión y para sus ciudadanos, que afrontan una crisis global sin precedentes, creando y haciendo operativo un esfuerzo colectivo y solidario entre los países, de dimensión institucional enorme y económica extraordinaria.
La asimetría en la contribución y en la recepción de los fondos, de la que España es uno de los países más beneficiados, es un paso trascendente en la construcción europea. Este avance debe mantenerse en la conciencia pública, frente a los frecuentes mensajes que atribuyen a la Unión los requisitos y obligaciones más impopulares (siempre acordados entre los Estados miembros por su necesidad) pero de los cuales, los responsables de las Administraciones nacionales regionales y locales, prefieren eludir responsabilidades.
Ya sabemos que esta asimetría en la información puede conducir a errores de enorme dimensión, el ejemplo más claro ha sido la salida de Gran Bretaña de la Unión, cuyas consecuencias son malas con carácter general y sobre todo para los ciudadanos británicos, que estuvieron sometidos durante décadas a la asimetría informativa generalizada: “Todas las consecuencias positivas de las políticas europeas fueron fruto del trabajo y mérito de las autoridades nacionales y las negativas/desagradables, sin duda siempre de la Unión Europea”.
La gestión del PRTR será “probablemente” un claro ejemplo de esta situación. Todos los beneficios que la enorme cantidad de recurso disponible (en el plazo de tiempo crítico para conseguir la salida de la crisis, lo más rápida, eficaz y potente posible), van a ser reclamados muy mayoritariamente por las Administraciones más próximas y de la Comisión será la dificultad esgrimida para su adecuada realización.
Es justamente este momento en el que los Estados comienzan a materializar su responsabilidad, (en los próximos días finalizará el plazo formal de presentación de las propuestas nacionales de los planes respectivos). En España, una enorme movilización de participación pública y privada en la presentación de oportunidades y propuestas que se ha venido conociendo en los últimos meses, ha fortalecido y ayudado eficazmente a su elaboración.
Comienza ahora la fase crítica, la ejecución material de las acciones previstas, lo que requiere movilizar y gestionar los fondos que las hagan posible, en la cantidad y celeridad adecuada para poder alcanzar el objetivo crucial que es salir de la crisis.
Asegurar el acierto en esta tarea (realmente difícil y compleja) hace necesario considerar que, si bien el objetivo de este plan es nuevo y original y por tanto no hay referencias anteriores, la gestión de fondos de origen público y en particular de origen europeo, no es nueva y por tanto sabemos con claridad que la experiencia nos muestra una realidad bastante negativa en relación a este objetivo.
Esto es conocido y está contrastado, conduciendo al Gobierno del Estado a promover una ley específica para tratar de mejorar esta situación. Decreto Ley 36/2020 (convalidada el 28 de Enero de este año). La voluntad inequívoca de esta ley para mejorar la capacidad de gestión del PRTR, es cierta, y lo es también que el proceso y su aprobación no ha sido todo lo solidario y cooperativo que la situación necesita. El resultado se comprobará muy rápidamente.
Es claro que no será fácil (pag. 20,Canarias7 del 3-1-2021) y también es pronto para saber si detalles, cómo considerar Silencio Administrativo Negativo en un simple proceso de inscripción en un registro, es indicativo del espíritu de la ley o solo un tic administrativo arcaico.
Se ha de considerar que los fondos de este Plan son adicionales a los del Marco Financiero Plurianual 2021-2027 de la Unión Europea, que estarán en desarrollo y habrán de ejecutarse simultáneamente (algo a lo que no se debe dejar de prestar atención por su importancia, particularmente en los fondos competitivos ejecutados directamente por la Comisión).
Una referencia de gran trascendencia es saber que el Estado español se encuentra entre los de gestión más lenta, sirve de indicador que a 31 de diciembre de 2020 la situación de ejecución española fue del 43% (de los 56 millones disponibles) lo que sitúa a España como uno de los países más retrasados. Esto ha venido siendo tradicional en la ejecución española de los planes plurianuales europeos y también ha sido habitual que en la prórroga de tres años (regla del n+3), se alcancen los niveles de ejecución necesarios.
Esta referencia ha de enfrentarse a la situación que se va a plantear para ejecutar 140 mil millones de euros adicionales en 4 años menos (con la indicación clara de la Comisión de ser ejecutado lo antes posible y como fecha límite diciembre de 2026).
Utilizando como referencia la capacidad de gestión del actual periodo (que la ley trata de mejorar), que señala una ejecución aproximada del 36% para el periodo inicial de 6 años (14-19), se deduce que si el periodo de ejecución termina sin aplazamiento el 31 de diciembre de 2026, es necesario aumentar la eficiencia del gasto más de 7 veces (medida en términos de euros ejecutados en el periodo).
Además, se ha de considerar que aproximadamente la mitad de los fondos PRTR serán préstamos a devolver que necesitan requisitos adicionales para su tramitación, por lo que el Gobierno español los ha planificado para la segunda fase del Plan del 2024 al 2026, justamente tratando de acelerar la puesta en marcha
El conocimiento de la dificultad para el desarrollo del PRTR debe suponer, ineludiblemente, el estímulo para tomar todas las medidas y previsiones necesarios para conseguir la mejor y más ágil gestión de estos recursos, tanto para los actores públicos como para los privados, porque esta es una oportunidad única que va a condicionar de forma determinante, durante muchos años, al conjunto de los países de la Unión Europea y muy particularmente a los que por sus características están siendo más afectados por esta crisis.
