La nueva normativa aplicable al sistema de comercio de derechos de emisiones amplía específicamente su alcance al transporte marítimo, estableciendo el precio del carbono a otros sectores de la economía y fijando un nuevo sistema de comercio de derechos de emisiones para edificios, transporte por carretera y combustibles utilizados en pequeñas industrias emisoras.
Esta nueva regulación tenía que haber sido transpuesta a las legislaciones nacionales de los Estados miembros antes del 31 de diciembre de 2023 y prácticamente no se ha cumplido en ningún país. La Comisión ha iniciado expediente a España y a otros 25 países que tampoco lo han hecho, lo que resulta ser una contradicción flagrante con la dinámica y planteamientos generales expresados continuadamente por la Unión Europea, tanto en el desarrollo de sus regulaciones específicas como en la comunicación en los ámbitos interno e internacional y con la carta elevada a la Comisión específicamente por 10 países de la UE (Alemania, Francia, Portugal, Dinamarca, Austria, Países Bajos, Finlandia, Luxemburgo, Irlanda y Bulgaria),
Los países firmantes utilizan como argumento en la carta que la necesidad de una acción climática global ambiciosa nunca ha sido más evidente que en estos momentos: El año 2023 resultó ser el más cálido registrado y señalan asimismo que es crucial que el Acuerdo para acelerar la reducción de emisiones netas cero para 2050 alcanzado en la COP28, sea materializado en acciones concretas y ambiciosas que reafirmen a la Unión Europea como líder global y envíen una fuerte señal política a otros grandes emisores internacionales.
Una fuerte señal política que afirme que la Unión Europea predica con el ejemplo, que sirva para ayudar a convencer a otros grandes emisores de seguir la misma senda y no olvidar que se ha de garantizar una implementación eficiente del paquete legislativo Objetivo 55 (Fit for 55) en plena ejecución. Recordando así mismo, la necesidad de que esto se haga según los cuatro principios de la regulación europea del clima: Uso de la mejor ciencia disponible; eficiencia en los costes; transición justa y equitativa, teniendo muy en cuenta las consecuencias económicas de la inacción.
Señalan también los firmantes, que cumplir los objetivos climáticos de manera eficiente en costes es esencial para el crecimiento económico, la seguridad energética y el aumento de la competitividad industrial de la Unión Europea.
La carta termina concluyendo, que por sí misma envía una fuerte señal al mercado para aumentar el desarrollo interno y la fabricación de tecnologías de emisiones netas cero en la UE, allanando el camino para aumentar la competitividad y haciendo a la UE el espacio más atractivo para el desarrollo y la producción de tecnologías de emisiones cero. Fijando la atención en que todo lo planteado traerá múltiples beneficios a los ciudadanos incluido un medio ambiente más saludable y oportunidades de empleo preparadas para el futuro en sectores e industrias ecológicas.
La proximidad de la fecha del incumplimiento de la transposición legal y la presentación pública de esta carta, vienen a mostrar una vez más la tensión existente en la Unión Europea entre la visión, la acción y su concreción.
La no transposición legal puede parecer un mero problema burocrático más, pero realmente es un elemento central, por cuanto es probablemente uno de los mecanismos más claros para estimular la reducción de las emisiones directamente por cada emisor importante (quien contamina paga) y ayuda a compensar a los damnificados del proceso, ya que una parte de estos derechos se pueden dirigir a esta finalidad.
Esta objetivado, es claro y la Comisión ha identificado a la gestión administrativa y el entramado legal en cada país como la principal dificultad para hacer posible alcanzar el objetivo climático en el ámbito internacional, pero muy en concreto en los países de la Unión, sin duda, la contradicción referida es genérica, pero se concreta y particulariza en cada Estado miembro.
Mientras se promueve desde el Gobierno español la carta de impulso que se comenta en este texto, sirva como ejemplo nacional especifico y de detalle:
Se va a cumplir un año desde la publicación de la planificación del espacio marítimo español (que ya se extendió más allá de lo conveniente, incumpliendo los plazos comprometidos con la UE) y que hace posible el despliegue de la eólica marina. El siguiente paso necesario que tiene que producirse para avanzar es la regulación legal especifica del procedimiento para adjudicar las potencias a instalar en los lugares previstos. Esta necesidad es conocida desde el primer momento y se podría haber preparado básicamente en paralelo.
Desde el entorno del Ministerio se sigue transmitiendo la información de que es inminente la salida a información pública del documento regulador. Pero seguirá quedando pendiente para culminar el procedimiento la convocatoria y su resolución. Lo que pueda durar este proceso sigue siendo desconocido.
En definitiva, una muestra inequívoca de la enorme dificultad para convertir las necesidades y declaraciones de necesidad y conveniencia en acciones necesarias para su consecución.
Canarias (como el conjunto del planeta) se encuentra inmersa en las consecuencias de todos estos procesos y cada uno le afecta de manera específica en relación con sus propias características y circunstancias.
Muy específicamente la extensión de los derechos de emisión del CO2 al transporte marítimo introducirá un sobrecoste como consecuencia de su aplicación a la flota que opera en, desde y hacia Canarias. La magnitud del efecto va a depender directamente de cómo se resuelva en mayor o menor medida la exceptuación de Canarias de su aplicación, como consecuencia de conseguir de la Comisión la aplicación del carácter de ultraperificidad del Archipiélago.
Adicionalmente, los derechos estimularán el cambio de combustible en la flota (que está resultando más lento y menos definido de lo que es necesario), en cualquier caso, las previsiones de cuáles y en qué proporción los nuevos combustibles van a formar parte de los consumos de las flotas comerciales todavía no es conocido, aunque serán más caros de transportar y en consecuencia el aprovisionamiento a las islas lo será también, con el consiguiente aumento de los costes.
La respuesta que se adopte desde Canarias en cuanto a su participación en la cadena de valor de estos nuevos combustibles (aprovechando en mayor o menor medida las posibilidades y capacidades que tiene el Archipiélago para hacerlo), va a determinar: quedar del lado de los territorios y sociedades damnificadas por la adaptación al cambio climático o del de aquellas en que la adaptación va a suponer una oportunidad de desarrollo y crecimiento socioeconómico.
Para ser parte de los damnificados no es necesario tomar ninguna medida, pero para ser parte de los beneficiados es necesario tener y desarrollar una buena estrategia, bien definida y concertada entre todos los actores, alineada con la visión y planificación europea.
