Los últimos días ha sido noticia continuada la movilización del sector agrario europeo que se ha ido extendiendo de país en país. Similar en sus formas (tratando de hacer muy visible su posición colocando sus vehículos de todo tipo en los lugares donde su presencia resultara más espectacular y noticiable), aunque el contenido de la reclamación dirigida a cada Estado miembro directamente y a todos en conjunto a través de la Comisión Europea, no es homogéneo, presentando particularidades tanto genéricas como de identificación de las reclamaciones concretas.
Se suman circunstancias de coyuntura en los costes y de la inflación generalizada como elementos comunes derivados de la crisis del COVID-19 y de la invasión de Ucrania, que han servido de catalizadores para enfocar en las políticas ambientales de la Unión Europea la causa central de los problemas del sector.
La Comisión, admite y acepta alguno de estos enfoques, ya que ha respondido muy rápidamente, sacando del proceso de tramitación una regulación exigente para la limitación del uso de pesticidas en la agricultura europea, declarando que va a tomar medidas efectivas para aligerar las cargas de los procesos de gestión administrativa de las regulaciones europeas para la agricultura y de forma muy específica, las relativas a la gestión y justificación del cobro de las ayudas de la Política Agraria Común PAC.
Hasta hoy, desde el inicio de la convergencia europea, la Política Agraria Común ha sido uno de los pilares básicos de la construcción europea, reflejada permanentemente con una participación importante en el presupuesto total de la Unión (en torno al 30% en la actualidad), por lo que se ha de entender que no son “solo” la cantidad de fondos disponibles, ni la gestión que de los mismos se ha hecho (siempre mejorable y criticable) desde sus inicios en los años cincuenta y que han sido la herramienta para hacer posible el funcionamiento aceptable de este sector.
La pesca no ha formado parte del núcleo de la movilización, a pesar de la solidez del enfoque tradicional de incluir ambas actividades juntas en el concepto económico de Sector Primario. Aunque es cierto que desde muy pronto y de forma muy generalizada se han producido declaraciones del sector pesquero mostrando su solidaridad y señalando que está aquejado de problemáticas muy similares, tanto en cuanto a las causas directas derivadas de ambas crisis y de su solapamiento, como del efecto de las políticas ambientales: la intensidad y el impulso que la Unión Europea está planteando en el tema de la sostenibilidad ambiental y la voluntad de asumir un papel de liderazgo internacional (en base a la utilización de las políticas propias como elementos ejemplarizantes).
Está realidad actual, es una muestra clara de la dificultad de gestionar las necesidades imprescindibles de la sostenibilidad ambiental (incluyendo de forma central la reducción hasta la supresión de los gases de efecto invernadero GEI) y las necesidades de todo tipo de la población.
Ambas necesidades son cuestionadas desde las posiciones confrontadas:
En el primer caso, desde la relativización de la magnitud y significado de los impactos ambientales, hasta la directa negación de la existencia del Cambio Climático. En el segundo, argumentando que las necesidades de la sociedad pueden ser atendidas con una gestión eficiente o en el extremo, postulando que solo algunas necesidades han de ser atendidas, mientras que el resto deben ser reducidas hasta su eliminación.
El debate de fondo entre el crecimiento y el decrecimiento económico como enfoques del futuro de la humanidad queda fuera del alcance de este artículo, pero es esencial y está permanentemente de fondo en la elaboración de la respuesta global.
Prestaremos aquí atención de forma particular a los costes (que están en la base de las reclamaciones que han generado las movilizaciones agrarias actuales) que se derivan de la gestión de las actividades ambientales, incluyendo el componente de sostenibilidad de forma central y quién ha de hacer frente a los mismos.
Usaremos de ejemplo la veda generalizada de la pesca en todo el Golfo de Vizcaya para proteger a los delfines, ya que incluye la mayor parte de los elementos y matices que hacen difícil este tipo de gestión.
En este caso, el primer concepto claro es que hay un “acuerdo generalizado” que los delfines deben ser protegidos hasta garantizar la subsistencia estable de sus poblaciones, lo mismo que las de todas las poblaciones de los ecosistemas marinos, incluso y especialmente de los que son objeto directo de actividad pesquera, que no es el caso de los delfines que no son objetivo pesquero, sino que están amenazados por las capturas incidentales en otras actividades pesqueras.
La controversia está planteada sobre información e interpretación científica discrepante (se debería permanentemente tener clara la diferencia entre la ciencia y la opinión de los científicos):
En este caso, el ICES (siglas en ingles del Consejo Internacional para la Exploración del Mar) afirma que no se ha demostrado la eficacia de ningún sistema (de los probados hasta ahora), para alejar a los delfines de las artes de pesca, mientras que el Centro de Investigación Vasco AZTI, acredita que los “pingers” (ahuyentadores acústicos) reducen en un 90% las capturas incidentales de cetáceos (según la eurodiputada Izaskun Bilbao trataba de explicar en reciente debate en el Parlamento Europeo).
Las consecuencias de una veda este tipo son enormes para las flotas pesqueras implicadas, que ya están sometidas al cuidado de la sostenibilidad de sus pesquerías objetivo y aunque una parte de sus costes puedan ser compensados con ayudas públicas europeas (situación similar a la de los agricultores), las ayudas económicas directas para los agricultores o los pescadores nunca van a compensar la actividad no realizada.
La no actividad que la veda aprobada supone, alcanza a la población general consumidora que no va a disponer de los productos específicos que se dejan de producir, además añadirá un encarecimiento del precio al disminuir la oferta, estimulando adicionalmente la presión sobre zonas donde la veda no esté impuesta, que si son fuera de la Unión Europea seguramente conducirá a aumentar el impacto ambiental negativo en ellas.
En estas nuevas situaciones, es crítico plantearse si aplicar el principio de “precaución” (ante la duda ambiental inacción hasta que se aclare) o el principio básico general de “prudencia” en la gestión que debe presidir cualquier actividad y que hace posible actuar, evaluar y corregir de forma continuada, permitiendo el ajuste de todos los costes (ambientales, económicos y sociales), su distribución más equitativa y mayor entendimiento por los afectados, lo que sin duda ayudará a una mejor aceptación responsable
