Las energías fósiles y sus fuentes han sido y son una de las claves condicionantes de la actividad económica en el planeta, disponer y/o controlar tales fuentes son soporte de poder político y económico de la mayor dimensión imaginable. Los combustibles fósiles han marcado el último período de la humanidad mediante un mercado necesitado y creciente controlado por pocos ofertantes, con un alto poder especulativo, que ha generado varias crisis internacionales.
En la medida que el consumo ha venido aumentando, los precios lo han hecho también, haciendo posible la explotación de petróleo y gas en circunstancias que parecían imposibles pocos años antes de generalizarse (extracción de petróleo y gas submarino a profundidades del orden de miles de metros o procesos complejos y caros como el fracking).
Es cierto que la conciencia clara de la finitud de estos recursos por más que la tecnología ha venido haciendo posible los aprovechamientos inimaginables (aumentando continuadamente las previsiones de disponibilidad), habían iniciado la reflexión y el trabajo sobre cuáles podrían ser las energías alternativas y sustitutorias cuando finalmente estos recursos comenzaran a agotarse de forma definitiva.
Hasta la identificación del Cambio Climático, el debate de la sustitución era puramente económico-industrial y el tiempo necesario para hacerlo estaba condicionado principalmente por las soluciones tecnológicas y relación previsible de precio entre la unidad de energía según fuera producida por los procedimientos al uso y los que tendrían las nuevas tecnologías, tratando de encontrar el mejor equilibrio económico financiero posible.
El registro de datos (creciente de forma acelerada) de las concentraciones de Gases de Efecto Invernadero GEI en la atmosfera, producidos por el uso de los combustibles fósiles es inequívoco y las consecuencias de ello, en términos de calentamiento global y de una multitud de efectos negativos previsibles para las condiciones de vida en el planeta, también son inequívocos (de acuerdo con los grandes consensos científicos internacionales).
Es cierto que existen posiciones científicas minoritarias que están fuera del acuerdo central y que merecen el respeto y el esfuerzo de contradicción que ayudará a mejorar y afinar el conocimiento disponible y necesario.
También es cierto la existencia de otro grupo de “negacionistas” que sostienen y alimentan la contradicción desde las posiciones de algunos a los que costará más afrontar las consecuencias (a las que tendrán que hacer frente en mayor medida y con mayor rapidez) para evitar y paliar los efectos del Cambio Climático, ya que según todas las evidencias serán altos y no podrán ser repartidos homogéneamente.
Esta nueva situación obliga a realizar la sustitución de los combustibles fósiles, no por su escasez, limitación o por su ineficiencia, sino para detener el crecimiento y conseguir la reducción de los GEI antes de final de siglo, ya que, de no hacerlo, la humanidad será sometida a una crisis de dimensiones y características dramáticas según el consenso internacional.
La sustitución se ha de hacer a la velocidad que el problema ambiental determina, a pesar de que las tecnologías no tienen el desarrollo y madurez que les sería exigible si el factor tiempo no fuera el principal condicionante.
Lo previsible, de acuerdo con la experiencia tecnológica previa, es que la tecnología y sus costes se mejoren y disminuyan (ya en determinadas condiciones reales la energía eléctrica de origen fotovoltaico compite ventajosamente con las producciones convencionales utilizando combustibles fósiles), no obstante, la realidad observada y los modelos de consenso indican que no se puede esperar a un desarrollo y madurez tecnológico convencional, por lo que es inevitable pagar el sobrecoste que ello supone.
Es cierto que el desarrollo tecnológico necesario da oportunidades socioeconómicas importantes que se ponen como referencia positiva continuadamente, pero es igual de cierto que este desarrollo tiene costes que suelen objetivarse menos y que, como se ha señalado, están claramente en la base de muchas posiciones negacionistas.
La cuestión clave de la situación se deriva de que las reflexiones y decisiones son muy generales y distantes de los ciudadanos, aunque no lo están los costes que van a pagar directamente cada uno de ellos, en mayor o menor cuantía según sean las decisiones que se adopten en concreto para conseguir el fin necesario de la reducción drástica de los GEI en la atmósfera y que, como en casi todos los problemas complejos el resultado de cada elección tiene consecuencias diferentes, distribuyendo los costes de forma distinta.
En la Unión Europea en este momento se ha planteado una de estas cuestiones:
Frente al acuerdo genérico de eliminación de GEI, Francia lidera el grupo de países que entiende y ha logrado que se considere la energía nuclear como energía suficientemente verde, mientras que Alemania y otro grupo de países (entre ellos España), lo niegan y han establecido un calendario ajustado para el cierre de sus centrales nucleares.
En este caso el debate se ve afectado por consideraciones no ligadas a la cuestión principal ya que es claro que la generación eléctrica con energía nuclear no emite GEI (razón por la que ha sido difícil rechazarla). La energía nuclear según valoran de forma determinante los países que se siguen oponiendo, está condicionada hasta su desaparición por el problema de la gestión de los residuos (muy peligrosos que superan los miles de años), la decisión condicionará el precio en general para los europeos y en cada país será directa para los que puedan vivir cerca o no del entorno de las plantas nucleares.
Análogamente y más cercano:
En Galicia, donde compartiendo la opinión generalizada en el resto del país respecto a la preocupación por el Cambio Climático y sus efectos, así como, respecto de la necesidad de sustituir los combustibles fósiles por las EERR, se están produciendo debates y confrontaciones muy similares en el momento en que se enfrentan los representantes del sector pesquero que se oponen por los perjuicios o limitaciones que la eólica flotante les puede producir, con los de la industria naval y del metal complementaria que han iniciado su participación efectiva y tiene previsiones magníficas de crecimiento económico y empleo en el sector de las EERR marinas.
En Canarias, el posicionamiento respecto a las EERR tanto terrestres como marinas es bastante distinto en cada isla, lo que está evitando la reflexión sobre la conveniencia o no de culminar la interconexión de todas las islas que sean posible (a priori todas menos El Hierro y La Palma) para generar un sistema eléctrico integrado (que no existe como concepto aceptado), que aportaría ventajas claras de ahorro económico anual (de gran importancia respecto de la situación actual), que haría posible aprovechar soluciones como los “proyectos híbridos en alta mar” que se están diseñando para la producción eólica y conexión eléctrica submarina entre países en el norte de Europa.
Este tipo de proyectos y el enfoque de red amplia de siete islas en Canarias permitirían pasar de la visión de generar la energía eléctrica necesaria para atender el modelo económico actual del Archipiélago, a una nueva que permita introducir en este modelo posibilidades de crecimiento económico y empleo que ayuden a mejorar el nivel de vida de los ciudadanos.
