La evidencia de que el crecimiento necesario de la acuicultura europea no se está produciendo en la cantidad ni velocidad a la que es realmente necesaria, ha generado un amplio debate sobre el futuro de la acuicultura de la UE en el marco del Consejo informal de Ministros de Pesca, celebrado el pasado mes de marzo con la participación de los ministros del sector, el comisario de Medio Ambiente Océanos y Pesca, el presidente de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo, representantes de la Secretaría del Consejo y partes interesadas.
Como parte interesada participó el secretario de la Federación Europea de Productores de Acuicultura (FEAP por sus siglas en inglés) Javier Ojeda, gerente de la Asociación Empresarial de Acuicultura de España (APROMAR) que confirmó y alertó sobre el estancamiento de la acuicultura europea, señalando de forma resumida como principales causas: el asfixiante marco jurídico medioambiental, los largos procesos administrativos y la compleja planificación espacial; que dificultan en gran medida el potencial de la acuicultura como actividad sostenible y transformadora clave para la seguridad alimentaria de la Unión.
Esta realidad crítica pasa desapercibida, por cuanto la insuficiencia de la actividad europea propia se enmascara por sustitución con productos provenientes de otros países, donde los requerimientos son claramente inferiores a los europeos en todo lo relativo a la producción de la acuicultura y muy particularmente inferiores en los requerimientos ambientales.
Esta realidad de importación de productos a precios inferiores por exigencias (de todo tipo) menores a las europeas, suponen una exportación indirecta de la responsabilidad ambiental de los procesos de producción (que ahora se viene planteando en la acuicultura), que es ampliamente conocida y la Unión viene trabajando de forma clara en otros sectores económicos para resolverlo.
La FEAP, en el contexto de este Consejo informal de Ministros solicitó la simplificación, el realismo y una gobernanza basada en la ciencia (dentro de una política coherente de producción general de alimento); señalando que: es absolutamente conocido que para atender las necesidades alimentarias de la población en el futuro, ningún otro sector “logra índices de conversión de proteínas más favorables, ni es más sostenible ambientalmente que la acuicultura” entendiendo que se ha de avanzar en dos ámbitos específicos para lograr que la acuicultura pueda aportar su verdadera contribución potencial a resolver las necesidades alimentarias en la UE.
De un lado: concretar y establecer que la producción de alimentos debe convertirse en un objetivo “con un nivel de importancia similar” al de la protección del medio ambiente y de otro: conseguir una “Política Común Europea”, ya que por razones históricas los tratados de la UE no consideraron la acuicultura una competencia compartida (como la agricultura y la pesca).
La propuesta de la representación de los productores acuícolas de la UE para el necesario desarrollo del sector se organiza en siete líneas de solicitudes especificas:
En materia normativa, que se produzcan reformas dirigidas a la simplificación burocrática, reducción de carga administrativa, que las regulaciones sean aplicables y mejorar la capacitación del personal encargado de la acuicultura desde las Administraciones Públicas.
En la estrategia general, que se desarrolle una Política Común de Acuicultura que involucre a toda la estructura de producción alimentaria con una visión holística y responsabilidades distribuidas a lo largo de toda la cadena de valor.
En el ordenamiento espacial y generación de licencia, alcanzar una simplificación y agilización en los tiempos de los procesos de concesión para la implantación de las instalaciones.
En sostenibilidad ambiental, se solicita la racionalización de la obligaciones ambientales y adecuación a los objetivos de producción de alimentos, promoción de la economía circular, establecimiento de herramientas para el control de depredadores, compensaciones a los agricultores por el desarrollo de medidas ambientales específicas y prestaciones de servicios ecosistemáticos.
En comercio internacional, que se establezcan normas de comercialización que incluyan requerimientos ambientales sociales y de bienestar animal obligatorios, como los europeos, para los productos acuícolas importados.
En referencia a la Información al consumidor se solicitan normativas específicas de etiquetado que incluyan información suficiente para la toma de decisiones; que se especifiquen los países de origen de los productos; se eviten la expresión de “origen múltiple” y se establezcan normas específicas para el caviar.
En el ámbito de la Investigación, se solicita la disponibilidad en todas las lenguas de la Unión Europea de los resultados científicos obtenidos con fondos públicos, la participación con mayor peso de las asociaciones de acuicultura en la definición de los temas de investigación y en la selección de proyectos financiados para conseguir un mejor alineamiento con las necesidades sectoriales.
Esta realidad europea describe el marco amplio en que se encaja y desarrolla la acuicultura de forma concreta en cada espacio, con una gran autonomía de los Estados miembros (por no estar recogida como una competencia compartida en los tratados de la Unión. En España la acuicultura es probablemente una de las áreas temáticas donde las Comunidades Autónomas disponen de mayor autonomía competencial.
En Canarias la realidad numérica del sector (según datos publicados por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias), señala que, prácticamente desde 2007 hasta 2023 en que existen datos, la producción de la acuicultura ha oscilado entre mínimos de 5,8 miles de toneladas (tres mínimos similares de la serie en 2010, 2021y 2022 y dos máximo 8,2 y 9,0 mt en 2009 y 2016 respectivamente, con un valor promedio de 6,8 mt durante el total del periodo de los 16 años registrados.
El análisis detallado de estos datos muestra las circunstancias y eventos responsables de las oscilaciones internas de la serie; pero el análisis del conjunto describe una actividad estancada sobre la cual no han tenido efectos significativos las políticas públicas, ni positivas ni negativas.
Entre las negativas, por su duración, se puede señalar como más relevante la parálisis de más de diez años de la gestión administrativa del desarrollo del sector (mientras se generaba la regulación específica del sector PROAC) y entre las positivas se podrían señalar las líneas de apoyo con fondos europeos (que en mayor o menor medida se han mantenido durante todos estos años) o la propia publicación del PROAC que debería haber producido una dinamización de importancia.
La acuicultura en Canarias es un ejemplo (más) de la incapacidad para aprovechar condiciones inmejorables (en este caso teniendo prácticamente competencias plenas), que permitirían el desarrollo de actividades que pueden contribuir de forma eficiente a la diversificación económica, con crecimiento y empleo en cantidades significativas.
La dimensión posible del sector ha sido cuantificada desde sus inicios de forma muy homogénea, señalando un potencial objetivo en torno a las 100.000 tn/año, que no solo generan el valor en la venta directa de la producción, sino que, a medida que aumenta, lo hace el valor añadido en la cadena de valor, al inducir la radicación en Canarias de elementos complementarios que inicialmente están fuera. El conjunto permitiría alcanzar, según los análisis un porcentaje en torno al 1% del PIB (de acuerdo con las previsiones de conjunto regionales).
El conocimiento necesario (mucho del cual se ha generado internamente canarias) y la potencialidad inversora que se ha mostrado reiteradamente en intentos de inversión relevantes que han sido rechazados en Canarias (actualmente madurando muy deprisa en términos administrativos en otras comunidades españolas) junto con las extraordinarias condiciones naturales y de contexto existentes, son suficientes para conseguirlo.
