En la subestación de Red Eléctrica (REE) en Playa Blanca (Lanzarote), se procedió el pasado lunes a la inauguración formal de la segunda interconexión eléctrica entre las islas de Lanzarote y Fuerteventura. Este cable de enlace de 132 KV viene a fortalecer la conexión existente entre las dos islas, complementando ampliamente el de 66 KV operativo desde 2005. Los datos característicos de la infraestructura inaugurada se pueden resumir por el volumen de la inversión realizada (36 M€), su longitud de 14,5 km de cable submarino (hasta 80m de profundidad) y 2,445 kilómetros soterrados para minimizar los impactos (1,8 km en Lanzarote y 645 m en Fuerteventura), con una cuidadosa instalación submarina para minimizar los impactos ambientales y la entrada/salida por las playas.
Con independencia de cualquier consideración de detalle y oportunidad esta conexión eléctrica es necesaria e importante. Todos los intervinientes en el acto glosaron la trascendencia de esta conexión, resaltando sus principales características y sus consecuencias desde diversas perspectivas. La primera y básica aportación es la mejora absoluta en la calidad y seguridad del servicio eléctrico en las dos islas, a la que se añadieron la cantidad de energías renovables que ahora puede ser aprovechadas sin afectar a las condiciones de seguridad del sistema eléctrico de ambas islas y no de menor importancia es la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero GEI y la reducción de la dependencia de los combustibles fósiles. Es importante señalar las inversiones que REE viene haciendo en Canarias en la mejora, actualización y potenciación de la red de transporte, así como en la introducción de elementos singulares de mayor valor estratégico a largo plazo como esta inversión inaugurada, a la que se pueden añadir otros elementos significativos como la conexión Tenerife/Gomera en pleno desarrollo y el sistema de almacenamiento de Chira en Gran Canaria.
Las gestiones e impulso para atender las necesidades que la red de transporte eléctrico tenía en Canarias y que van siendo atendidas (quedando todavía mucho por hacer a pesar del trabajo realizado y necesitando que los procesos sean más rápidos), dependen de muchas, variadas y complejas circunstancias, una de estas (normalmente poco evidente), son las personas concretas que representan y gestionan las grandes corporaciones como REE en el entono regional, responsables muchas veces de que la realidad local (compleja en general, pero mayor en sitios con particularidades como las islas), en este contexto es oportuno reconocer en particular la aportación de Santiago Marín en la incorporación de Canarias a la red eléctrica nacional, la planificación de cables submarinos (sin olvidar el frustrado temporalmente entre Fuerteventura y Gran Canaria), la conexión eléctrica del Banco de Ensayos de Energías renovables marinas de la Plataforma Oceánica de Canarias y el sistema de almacenamiento de Chira.
Se puede establecer con claridad, que este enlace inaugurado ahora es el primer tramo físico y paso operacional de la Red Eléctrica en Canarias, entendida como la red común al núcleo formado por el conjunto de seis islas con conexión posible (según los condicionantes técnicos actuales y previsibles) que son las mayores físicamente (salvo la Graciosa) que además concentran la mayor cantidad de población. La importancia de esta red archipelágica se describe con los mismos elementos que se han señalado para Lanzarote y Fuerteventura, ampliados y extendidos en varios órdenes de magnitud. Se ha de reseñar la declaración de la presidenta del Cabildo de Lanzarote María Dolores Corujo, que resaltó como los beneficios que esta interconexión va a producir para Lanzarote y Fuerteventura pueden ser aumentados cuando se produzca la interconexión entre Fuerteventura y Gran Canaria (y mayor cuando se culmine la de Tenerife-Gomera). Esta red canaria de islas conectadas permitirá eliminar la emisión de GEI, la generación eléctrica cien por cien renovable y lo que es de mayor importancia: la autonomía energética (cómo está siendo evidenciado en las circunstancias actuales).
El desarrollo de este camino es con seguridad inexorable, por lo que la cuestión clave es: ¿cómo hacerlo de la forma más rápida y eficiente? para lo que es crucial resolver la contradicción existente entre la necesidad de impulsar el desarrollo de las energías renovables y la interconexión entre las islas con la inercia política/administrativa que se oponen regular y sistemáticamente a que esto se pueda alcanzar.
En Canarias particularmente, las EERR marinas están llamadas a ser parte sustancial de la solución, pero su tramitación está suspendida por voluntad gubernamental, pendiente de la regulación específica (según se comunica), que no termina de producirse porque requiere que se disponga de la planificación (que no se consigue finalizar a pesar de los anuncios continuados de su inminencia…).
La magnitud del freno político administrativo al desarrollo de la Energía Azul queda señalada objetivamente por el hecho de que, a pesar de la necesidad, capacidad técnica/empresarial y la abundancia del recurso en España solo existe en funcionamiento una instalación experimental de 5MW.
El paso del tiempo evidencia que es necesario cambiar de forma drástica la situación. No es admisible que se acepte con naturalidad y como inevitable, que un trámite de autorización requiera años y lo que es sin duda peor, que no sean previsibles y ciertos los requerimientos y plazos para su obtención.
El cambio de paradigma se hace imprescindible y es conocido en qué direcciones es posible: de un lado la disminución drástica de los requerimientos previos (asumiendo los promotores las responsabilidades frente a las comprobaciones posteriores); o del otro y en sentido contrario, manteniendo e incluso aumentando los requerimientos y requisitos previos, pero procediendo a la externalización de los procedimientos con empresas de evaluación acreditadas (como ya se viene haciendo en un número creciente de procedimientos de evaluación incorporados en otros procedimientos administrativos en los que son necesarios).
La externalización para que sea efectiva no puede ser costeada con recursos públicos (porque no son disponibles), debe ser mantenida por procesos impulsados por ciudadanos individuales o entidades sin ánimo de lucro. Para los procedimientos con intereses económicos, la externalización debe ser sufragada por los promotores, en un marco bien regulado que asegure la calidad y los plazos.
Está en juego, tanto en el Estado como en Canarias de forma particular, no solo conseguir las ventajas señaladas, sino que puedan perderse las posibilidades de radicar una parte significativa de la industria ligada a la producción de hidrógeno, productos y procesos asociados (de forma medioambientalmente sostenible), por tanto, la generación de crecimiento económico y empleo de calidad asociados.
La complejidad y dimensión del marco general que estas actividades emergentes necesitan para desarrollarse, minimizan las posibilidades espontáneas de emplazamiento y en consecuencia se dirigen a los entornos en que los condicionamientos están claros y son seguros.
Los ejemplos más claros de éxito señalan que los más atractivos y eficientes son aquellos espacios que se desarrollan en territorios con entornos de consenso democráticos amplios o regímenes autoritarios, desde los cuales se promueven la cooperación pública privada en fórmulas particulares distintas, pero con los mismos elementos centrales de seguridad y previsibilidad.
