En un artículo anterior se revisó el marco donde se plantea la eventual explotación de recursos minerales de los fondos marinos. Como allí se indicó, el marco legal básico está fijado en dos espacios submarinos perfectamente delimitados: El que está fuera del conjunto de la Zona Económica Exclusiva del conjunto de los países ribereños, cuya administración corresponde a la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISBA) que de acuerdo con la Convención del Mar (ONU,1970) es quien único puede dar licencia de exploración (en torno a 30 actualmente) y en su momento, cuando concluya la elaboración del Código de Minería (hasta el momento en elaboración con no pocas dificultades) podrá otorgar las autorizaciones de explotación que correspondan. Así como en ese espacio internacional (denominado La Zona) no hay actividad de explotación minera conocida, en el segundo espacio constituido por las ZEE nacionales, varios países vienen realizando explotaciones industriales de distinta naturaleza y magnitud, ya que en ese espacio cada uno de ellos es soberano y toma las decisiones con plena autonomía.
En Canarias dentro de la ZEE española delimitada en su entorno, están identificadas áreas que contienen cantidades, no suficientemente evaluadas, de sustancias de importante interés económico, tales como: Cobalto, Tierras Raras, Hafnio, Niobio, Fosforita, Vanadio, metales del grupo del Platino, …
El carácter de materias primas fundamentales se lo atribuye la UE en base a dos parámetros principales que determinan su criticidad: La importancia económica y el riesgo de suministro. Para evaluar el primero se analizan con detalle la asignación de las materias primas a sus usos finales, sobre la base de sus aplicaciones industriales y el riesgo de suministro se analiza examinando la concentración a nivel nacional de la producción mundial de materias primas fundamentales, el abastecimiento de la UE, la gobernanza de los países proveedores -incluido los aspectos ambientales-, la contribución del reciclaje, es decir de las materias primas secundarias, la sustitución, la dependencia con respecto a las importaciones de la UE y las restricciones del comercio en terceros países.
Con esta información la UE realiza cada tres años una actualización de las listas de las materias primas fundamentales, que incluye 30 en la última lista presentada en este año 2020 (por adición de cuatro nuevas sustancias a las que figuraban en la lista de 2017). de estas 30 materias más del 25 % han sido detectadas en las áreas estudiadas en el fondo marino entorno a las Islas Canarias. Los minerales y metales incluidos en esta lista son esenciales para casi todos los sectores imaginables de la economía y son el punto de partida de muchas cadenas de suministro y como tales, activos de importancia estratégica para muchas industrias.
La Agencia Internacional de la Energía, en su informe especial sobre seguridad de minerales críticos para el sector energético de 2020, advierte que las tecnologías de energía limpia generalmente requieren más materias primas minerales que las basadas en combustibles fósiles, (un coche eléctrico requiere cinco veces más minerales que un coche convencional o un campo eólico requiere ocho veces más minerales que una planta de gas convencional de potencia equivalente).
En consecuencia, el objetivo de alcanzar en 2050 la transición hacia una sociedad climáticamente neutra y eficiente en el uso de recursos, al tiempo que contribuye a descarbonizar la economía, supone aumentar el consumo de ciertas materias primas minerales. Esto implica el riesgo de remplazar la dependencia de los combustibles fósiles por nuevas dependencias, en particular, de las materias primas fundamentales para la transición verde.
Si bien parte de esta demanda será cubierta mediante la reutilización y el reciclado, materias primas secundarias (aquellas que a partir de residuos son valorizadas hasta adquirir el carácter de materia prima), como primera opción para alimentar los procesos productivos una vez agotados, y siempre que sea económicamente viable, la extracción primaria seguirá teniendo un papel en la demanda para la mayor parte de las sustancias minerales. En consecuencia, se deberá priorizar el aprovechamiento de los recursos minerales domésticos bajo estándares medioambientales y de sostenibilidad europeos que no desplacen las emisiones de gases de efecto invernadero hacia otras regiones, contribuyendo también a la disminución de las emisiones globales, al reducir las de su transporte.
Por si este desafío no fuera suficiente, la crisis provocada por la COVID-19 ha revelado la rapidez y la profundidad con la que pueden interrumpirse las cadenas de suministro mundiales. Por lo que es necesario garantizar la resiliencia a través de un suministro seguro y sostenible de materias primas fundamentales.
Con estas referencias y en este contexto, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha planteado una “Consulta Pública Previa” para establecer la estrategia para la gestión sostenible de Materias Primas Minerales con la finalidad de configurar una política nacional de materias primas autóctonas para garantizar que los recursos se explotan de forma económicamente viable y sostenible, utilizando las mejores técnicas disponibles, asegurando la reducción de emisiones en el sector y disminuyendo en la medida de lo posible la dependencia de las importaciones.
Este es el momento y el procedimiento para desde Canarias, participar en esta reflexión e impulsar el conocimiento exhaustivo de cuál es la realidad cuantificada de las sustancias detectadas, o que se puedan detectar, para sobre ese conocimiento establecer un debate sereno, informado y anticipativo, que permita tomar las mejores decisiones.
En estos análisis no solo se deberían abordar las posiciones respecto a los eventuales recursos existentes en los fondos marinos en el entorno de Canarias, sino también contribuir a la aproximación nacional respecto a las actividades en los fondos internacionales de La Zona, en función de la participación que desde Canarias se pueda tener tanto por posición como por especialización. No solo se trata del valor y necesidad de las sustancias eventualmente disponibles, sino también de las actividades relativas a su industrialización, a su gestión y control medioambiental.
Una sociedad archipelágica y sus responsables deben disponer de la información y desarrollar los criterios para liderar o como mínimo contribuir a orientar la posición nacional y europea en este tema.
