Como se sabe y conviene recordar, esta herramienta ha sido el mecanismo con el que la Unión Europea se planteó paliar los daños de la pandemia del COV19, tratando de conseguir transformar el enorme problema en la oportunidad para diseñar e impulsar el futuro del conjunto de la Unión.
La pandemia ha constituido el mayor desafío sanitario, económico y social a escala mundial del último siglo, con una magnitud muy superior a cualquier otra crisis reciente. La rapidez con la que se propagaron millones de contagios y fallecimientos, en una sociedad caracterizada por la fluidez de información sin precedentes, obligó a los Estados y, en particular, al conjunto de la Unión Europea, a adoptar medidas urgentes y extraordinarias que permitieran responder de manera proporcional a la dimensión del problema.
La naturaleza, dimensión del problema y velocidad de extensión de la pandemia y sus consecuencias propiciaron una respuesta solidaria y coordinada por parte de la Unión Europea, absolutamente novedosa y diferente de la adoptada durante la crisis económica y financiera de 2008-2013.
Esta respuesta tuvo como principales objetivos preservar el empleo, reforzar la situación de las empresas mediante la aportación de liquidez y apoyar las economías nacionales de manera proporcional al impacto que la pandemia había generado en cada Estado miembro. Como consecuencia, la distribución de los recursos entre los países de la Unión fue desigual, siendo España el segundo Estado miembro más beneficiado por dichas ayudas.
La respuesta europea se articuló, por primera vez en la historia de la Unión, mediante la emisión conjunta y solidaria de deuda para movilizar más de 650.000 millones de euros, destinados tanto a transferencias como a préstamos considerados necesarios para hacer frente a la crisis.
Resulta especialmente relevante que el acceso a estos fondos quedara condicionado al compromiso de los Estados miembros con la adopción de reformas y cambios estructurales orientados a impulsar el desarrollo y la modernización futura de la Unión Europea.
En el caso de España, el documento de referencia es el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), dotado con un total de 162.014 millones de euros. De esta cantidad, 79.854 millones corresponden a transferencias no reembolsables, mientras que los 83.200 millones restantes se articulan en forma de préstamos.
El PRTR detalla el conjunto de hitos y objetivos a los que el Estado español se comprometió ante la Unión Europea para acceder a los fondos asignados. Inicialmente, el Plan contemplaba 416 hitos y objetivos, cifra que posteriormente se amplió hasta 595 tras las sucesivas modificaciones incorporadas.
En consecuencia, el elemento determinante para el acceso a los recursos europeos ha sido la acreditación formal del cumplimiento de los hitos comprometidos, proceso que debe completarse antes de agosto de este año. España ha acelerado en los últimos meses la justificación de los hitos alcanzados y, según las cifras conocidas, ya supera claramente el 75 % de cumplimiento, situándose entre los países con mayor grado de ejecución formal dentro de la Unión Europea.
La situación actual, a poco más de tres meses del cierre, es consecuencia de la adenda de simplificación del PRTR aprobada con el objetivo de agilizar los procesos de verificación y ejecución, reducir obstáculos burocráticos, reforzar las prioridades estratégicas y optimizar los recursos disponibles.
Esta revisión responde, por un lado, al mantenimiento por parte de la Unión Europea de la fecha límite de cierre del instrumento (31 de agosto de 2026) y, por otro, a la constatación de las dificultades existentes para ejecutar íntegramente los fondos en los plazos previstos. Consciente de esta situación, la Comisión Europea instó a los Estados miembros a revisar y simplificar sus planes y procedimientos con el fin de maximizar la absorción y ejecución de los recursos disponibles, tal y como se recoge en la comunicación Next Generation EU: camino hacia 2026, publicada el 4 de junio de 2025.
La adenda de simplificación constituye una pieza clave en la ejecución del Plan, especialmente en lo relativo a la materialización efectiva de las distintas actuaciones previstas. Su relevancia radica en que permite reorientar aquellos fondos cuya ejecución real no podrá completarse antes de 2026 hacia escenarios de ejecución posteriores, que podrían extenderse más allá de 2030 e incluso hasta 2036.
En este contexto, resulta fundamental analizar las distintas fases del procedimiento de gestión (fondos asignados, convocados, adjudicados y desembolsados) y, compararlas con el grado de ejecución económica real alcanzado, así como con el impacto efectivo de las actuaciones financiadas en relación con los objetivos y fines para los que fueron concebidas. Todo ello será determinante para evaluar la eficacia y el alcance real del mecanismo diseñado por la Unión Europea.
El análisis del impacto real de esta herramienta europea, que ya ha comenzado a realizarse sobre su ejecución, no podrá completarse en sentido estricto hasta su cierre definitivo, un proceso que podría prolongarse incluso más allá de 2036. Por ello, es de importancia comenzar a diseñar análisis concretos con objetivos específicos.
Es evidente que los resultados obtenidos en el conjunto de la Unión permitirán evaluar su capacidad de actuar de forma solidaria, rápida y eficiente ante futuras crisis o nuevas circunstancias, fortaleciendo su posición en una perspectiva global de grandes incertidumbres.
Principio del formulario
Final del formulario
Para Canarias, un estudio y evaluación detallados de la aplicación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), ha de permitir constatar la capacidad de movilización e impulso que estos fondos e instrumentos han tenido sobre la actividad socioeconómica del conjunto del Archipiélago, en línea con el objetivo general de de responder al impacto directo provocado por la pandemia.
No obstante, su relevancia va más allá de la recuperación coyuntural, ya que también debe valorarse su capacidad para atender e impulsar soluciones dirigidas a necesidades estructurales y carencias históricamente identificadas en Canarias, contribuyendo así a fortalecer su desarrollo económico, social y territorial a medio y largo plazo.
Debe recordarse que la incorporación de Canarias a la Unión Europea con su herramienta financiera especifica propició, durante los años posteriores, un proceso acelerado de convergencia con los valores medios europeos, tal y como reflejaban los principales indicadores regionales. Sin embargo, tras la crisis económica y financiera de 2008-2013, Canarias ha experimentado un alejamiento progresivo y continuado de dichos valores medios, situándose actualmente entre las comunidades autónomas españolas con peores indicadores en ámbitos como pobreza, productividad, salarios o desigualdad social.
La multiplicidad de instrumentos y actores desarrollados en el MRR debe permitir, a través del análisis de su impacto real, encontrar cuáles han sido las herramientas más adecuadas y eficientes, con el fin de que puedan servir de base para nuevas estrategias específicas adaptadas a Canarias.
Ello resulta relevante si se tiene en cuenta que muchas de las visiones y herramientas adecuadas diseñadas para problemáticas equivalentes en contextos continentales, presentan importantes limitaciones cuando se aplican en el Archipiélago. Asimismo, las estrategias de impulso incremental al uso son las que están produciendo el retroceso de las condiciones generales en Canarias
A ello se sume que el futuro Marco Financiero y Estratégico europeo para el próximo septenio, por lo que se va conociendo, no parece especialmente favorable para regiones con las características de Canarias. En este contexto europeo es donde las propuestas basadas en los resultados y experiencia del MRR pueden ser mejor comprendidas y ser más eficientes para el diseño de las próximas políticas específicas para el Archipiélago.
