Periódicamente se van produciendo informaciones qué señalan con claridad como el proceso orientado a la explotación de recursos mineros submarinos está en marcha con continuidad y determinación en los dos grandes espacios marinos dónde se han de desarrollar: Las áreas de gestión nacional y “la Zona” bajo jurisdicción de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA, International Seabed authority) constituida por todos los fondos marinos y el subsuelo fuera de los límites nacionales.
La gestión de las Zonas Económicas Exclusivas nacionales, está orientada y dirigida por cada país de acuerdo a sus circunstancias particulares, derivadas de la disponibilidad de recursos y su naturaleza. Sigue siendo un ejemplo internacional paradigmático la minería submarina de diamante en Namibia, por su potencia económica, su continuado y potente desarrollo y la aproximación público-privada de su gestión.
Es frecuente que se asocien este tipo de desarrollos, de acciones muy expansivas en la Zona Económica Exclusiva, a los países con procesos de toma de decisiones con niveles de contraste público limitado (lo que aun siendo frecuente no es exclusivo). Como lo muestra Noruega formalizando en 2019 una legislación específica la «Ley de minerales de los fondos marinos», a partir de la cual se ha propiciado una consulta pública detallada (con cuyos resultados se está preparando una profunda evaluación de impacto ambiental), que ha de permitir tomar una decisión que haga posible la aprobación de licencias para la exploración y producción de minería submarina (la toma de decisión está prevista que suceda en el segundo trimestre del 2023).
Cómo se ha argumentado reiteradamente, la existencia de estrategias públicas bien definidas propician la orientación de los sectores económicos y empresariales relacionados, en este caso, en Noruega las decisiones tomadas empiezan a dar este resultado. Un ejemplo se muestra en la noticia reciente de la confluencia de las empresas Wihelsen&Norsea y Technip FMC con su incorporación a Loke Maríne Minerals, con la orientación de sus capacidades tecnológicas para el aprovechamiento de los recursos mineros en la Zona Económica Exclusiva Noruega (cobre, zinc, cobalto, escandio y tierras raras) con el objetivo adicional de proyectarse en el potencial mercado internacional.
Está aproximación «ordenada» en los espacios nacionales, no es óbice para que en el espacio común internacional «la Zona» (en el que también se están produciendo avances regulatorios y normativos en el contexto de la ISA), se esté propiciando un debate de importancia, que confronta los desarrollos técnicos del máximo nivel imprescindibles por la propia naturaleza de los procesos sobre fondos marinos profundos.
Sirva solo de ejemplo, como la empresa estatal china CMI (China Merchants Industry), ha obtenido en primicia la denominada Aprobación En Principio (AIP) por la Sociedad de Acreditación Técnica ABB, para el diseño de un sistema de extracción submarino que ha dado cumplimiento adecuado a los requisitos técnicos establecidos para su funcionamiento con “garantías”, en contraposición con la visión de los investigadores individuales o agrupados que vienen señalando las carencias de estudios e información suficiente de ”la Zona», junto con los efectos e impactos potencialmente graves de la minería submarina sobre los ecosistemas oceánicos y costeros. También como referencia cabe señalar la carta que en relación a la pesca han firmado 500 investigadores de 44 países, pidiendo una moratoria en el desarrollo de la minería submarina, que permita valorar los efectos sobre está actividad.
Greenpeace por su parte, ha iniciado una campaña decidida de oposición con la clásica intervención de su barco en las áreas de operación de compañías líderes en la minería submarina internacional, como Deepgreen o Global Sea Minerals Resources GSL, compartiendo la argumentación de los científicos que señalan la carencia de conocimiento, a lo que añade una argumentación decidida sobre la “falsedad” de que los recursos obtenidos por la minería submarina sean críticos para el futuro, indicando básicamente que el impulso de los procesos de fabricación mas eficientes y los derivados de la Economía Circular deben hacerlos innecesarios.
Es con seguridad que las predicciones de si harán falta o no los minerales de los fondos marinos y en su caso en qué cantidad, son básicamente difíciles de aceptar como base de la planificación. Para responder a las necesidades de la sociedad en el futuro (bastaría con señalar que no ha habido “ninguna” previsión, sin duda “más fácil”), que adelantara la situación actual de disponibilidad de gas y su repercusión sobre los mercados eléctricos mayoristas en Europa y otras áreas económicas internacionales.
Como consecuencia, es necesario mantenerse en el seguimiento de la evolución de las necesidades y de su satisfacción, tomando decisiones específicas para contribuir a la creación del conocimiento científico imprescindible del océano profundo (tanto haya o no explotación de los recursos minerales submarinos) y al desarrollo tecnológico que lo haga posible. Estamos en el inicio de la disponibilidad de medios para poder abordar el conocimiento del océano mundial con la utilización de drones superficiales y más importante submarinos, que se van consolidando, tanto con el objetivo de descripción y entendimiento, como el de gestión operacional.
En España, específicamente desde Canarias, en cuyo entorno se encuentra prácticamente el 50% de la Zona Económica Exclusiva nacional (prácticamente la totalidad de la parte propiamente oceánica, que además puede crecer de forma importante según se resuelva la solicitud de ampliación presentada ante la ONU), es imprescindible contribuir a la generación de conocimiento del medio y ecosistemas bajo su gestión directa, así como completar la identificación y cuantificación de los recursos minerales existentes, que permitan tomar las mejores decisiones posibles en el área de su responsabilidad y contribuir de forma significativa en su momento en el ámbito internacional.
En estos días se ha vuelto a confirmar la necesidad de potenciar en Canarias las capacidades científicas y tecnológicas tanto en tierra como en el mar (con personas y medios), en relación a la erupción volcánica en La Palma. La ministra, en su visita de los últimos días, ha hecho anuncios genéricos que han de ser concretados, no solo con medidas coyunturales, sino con un plan específico que permita a Canarias dejar de ser sistemáticamente parte de la cola del sistema español de I+D+i en (en términos de PIB, tres veces menos que la media del Estado y entre 6 y 7 veces menos que la media europea). En este contexto no deja de sorprender que la ministra, de la que depende la decisión (ni nadie en su entorno), plantease que Canarias deba ser considerada como destino del eventual traslado de la sede central en Madrid del Instituto Español de Oceanografía (IEO), a alguna comunidad costera como si lo están siendo, Andalucía (Cádiz) y Galicia (Vigo), lo que podría sin duda ayudar a la potenciación del sistema de ciencia y tecnología canario.
