La práctica habitual para el desarrollo de las Estrategias y Planes de la Unión Europea está adaptada a la complejidad de su organización y procesos para la toma de decisiones, lo que en general resulta un conjunto complicado y de lento funcionamiento. Estas características generales consolidadas, han cambiado por primera vez de forma extraordinaria con la toma de decisiones para responder a las consecuencias de la pandemia del COVID-19, volviéndose a utilizar para tratar de combatir las de la crisis derivada de la invasión de Ucrania.
Las grandes decisiones tomadas se han de acompañar de otras complementarias y sectoriales que orientan la mejor adaptación a los fines y objetivos comunes diseñados para el conjunto de la Unión. Un ejemplo claro de este proceso es la publicación el pasado martes (21 de febrero), de la Comunicación al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico Social y al Comité de las Regiones (COM (2023) 100 final), dedicada a la transición energética del sector pesquero y la acuicultura de la Unión Europea.
La Comunicación impulsa a estos sectores al alineamiento y cumplimiento de los objetivos estratégicos, consecuencia de las dos crisis y conseguir la salida en concordancia con el Pacto Verde Europeo y la Autonomía Energética. Como es práctica habitual en los procedimientos de la Unión, se trata de mantener de forma alineada los objetivos sectoriales ya establecidos (como consecuencia de las necesidades y objetivos propios anteriores a la crisis), que en este caso están constituidos por los objetivos incluidos en la Política Pesquera Común (PPC) y la Acuicultura Sostenible y Competitiva que, además debe reducir el impacto global de la actividad pesquera y acuícola sobre los ecosistemas marinos.
La introducción de la Comunicación sitúa la Estrategia Energética Sectorial dentro de los objetivos del Plan REPowerEU: i) reducir la dependencia de la UE de los combustibles fósiles mediante el ahorro de energía; ii) diversificar los suministros; iii) sustituir rápidamente los combustibles fósiles por alternativas renovables y bajas en carbono.
La Comunicación aporta como datos de partida que: la energía es uno de los costes principales de la actividad pesquera y el coste del diésel marino en el año 2022 se ha duplicado respecto del precio medio del año anterior, lo que condujo a un aumento de los costes operativos para la flota pesquera (en el 2020 un aumento de los costes energéticos del 13 % de los ingresos y un estimado del 35 % en 2022). Esto ha sometido a una enorme presión la viabilidad económica de la flota de la UE. Se estima que los beneficios netos de la flota pesquera de la UE cayeron de +218 millones € en 2021 a -430 millones € en 2022. En este contexto: alrededor del 40% de la flota de pequeña escala; el 66% de la flota a gran escala y el 87% de la flota de aguas distantes no eran rentables.
También para la acuicultura el aumento de los precios de la energía es una amenaza para su rentabilidad y viabilidad, tanto directamente a través del aumento de los costos de la energía, como indirectamente a través de los precios más altos de los piensos y otros costos de los insumos.
Como resultado, gran parte del sector de la pesca y la acuicultura tuvo que depender del apoyo financiero proporcionado por los Estados miembros de la UE y de las herramientas financieras disponibles a nivel de la UE para continuar las operaciones.
El conjunto de la reflexión e información acompañante de la Comunicación da un sólido soporte a sus objetivos:
Reforzar el rendimiento socioeconómico y la resiliencia del sector pesquero y acuícola de la UE.
Alcanzar los objetivos de la PPC de garantizar que la pesca en la UE sea sostenible desde el punto de vista social, económico y medioambiental.
Lograr un sector acuícola sostenible, climáticamente neutro y competitivo en consonancia con los objetivos establecidos en las directrices sobre acuicultura adoptadas por la Comisión en mayo de 2021.
Garantizar que el sector contribuya a las ambiciones de la UE en materia de clima, biodiversidad, salud y reducción de la contaminación para 2030 y 2050 y pueda aprovechar las oportunidades de mercado resultantes.
Señala también por su importancia: que si bien el sector pesquero y acuícola habían comenzado a reducir su intensidad energética (más del 15% entre 2009 y 2014), la reducción se había estancado como consecuencia de la insuficiencia de los incentivos disponibles para ello, identificando como razones significativas: la falta de tecnologías asequibles, generalizadas y maduras que puedan reemplazar la dependencia actual de los combustibles fósiles; incertidumbre sobre la elección de tecnologías en el contexto de activos duraderos y costosos (buques e infraestructuras de repostaje) y la falta de financiación privada y pública suficiente para este cambio en el sector.
La propia Comunicación expresa reiteradamente y con claridad que, conseguir los objetivos propuestos necesarios y oportunos no va a ser fácil, insiste en que en muchos casos las soluciones no son conocidas o no están disponibles de forma práctica, por lo que igualmente ofrece y reclama una colaboración amplia en la consolidación del compromiso suficiente y en la cooperación entre las partes interesadas: la industria (incluidas las pequeñas empresas); los constructores navales; los puertos; los proveedores de energía; los centros de investigación; el mundo académico; las autoridades nacionales y regionales; instituciones nacionales; ONG y el público en general.
Este enfoque a lo largo del documento se va evidenciando en el detalle de las acciones que la Comisión va a poner en marcha de forma inmediata, adelantando las previstas para los años siguientes: en 2023 pondrá en marcha una nueva y amplia asociación multilateral sobre la transición energética en la pesca y la acuicultura de la UE, para facilitar la cooperación y la coordinación entre las partes interesadas: la Asociación para la Transición Energética de la Pesca y la Acuicultura de la UE (ETP) (siglas en inglés).
Como en tantas ocasiones anteriores, este tipo de escenarios complejos son abordados en el ámbito de la Unión con el estímulo y soporte de la Comisión, lo que termina generalmente permitiendo alcanzar los objetivos previstos o cuando menos aproximaciones razonables. En cualquier caso, permiten alcanzar situaciones claramente mejores que las de partida, permitiendo a los que participan de forma activa y eficiente beneficiarse de las soluciones que se encuentran además de los propios procesos que específicamente se desarrollan: conocimiento, crecimiento económico, empleo y posición de ventaja para las situaciones posteriores. Pero también, como siempre, se requiere de la decisión, compromiso firme y concertado (público-privado) de tomar parte, en este caso desde la posición de Región Ultraperiférica que nos da singularidad suficiente para poder ser actores significativos.
