En los últimos años se ha producido de forma sostenida y acelerada la entrada en la discusión pública de conceptos, ideas y reflexiones de todo tipo sobre el Crecimiento y la Economía Azul, impulsadas inicialmente por el cúmulo de evidencias que señalan de una forma inequívoca que el futuro de la humanidad depende directamente de la “utilización” del medio marino para satisfacer una parte sustancial y crítica de sus necesidades actuales y futuras.
Prácticamente, de forma simultánea y desde el primer momento, tal utilización se vio confrontada con posiciones de fuerte rechazo, basadas en dos ideas genéricas expresadas de distintas forma:
La primera, señala que los mares y océanos son la parte mejor conservada del planeta (a pesar de la existencia de claros ejemplos de daños evidentes), pero si son usados con el mismo fin de soportar las necesidades de la humanidad y de la misma forma que se ha hecho en tierra, el resultado será la misma o mayor degradación que la alcanzada en los espacios continentales emergidos.
La segunda idea, como refuerzo de la oposición al uso del océano, ha sido señalar la inutilidad final de dicha utilización, basándose en que el crecimiento de la humanidad y sus necesidades terminarán tropezando con la realidad evidente de la finitud de los recursos disponibles, incluyendo los del océano.
La opción europea formal en esta encrucijada es clara y se plantea centrada extendiendo el criterio utilizado en otros ámbitos de sostenibilidad: Se trata en definitiva del establecimiento de criterios de Crecimiento Azul sostenible, lo que sitúa el centro de la cuestión en la “gestión” como herramienta que haga posible y compatible el crecimiento sin daños, o con daños asumibles, aceptables o compensables.
Hay que considerar que cuando estos procedimientos se han de aplicar a la gestión sobre el medio marino, se hace sobre un espacio básicamente de “dominio público” insuficientemente conocido, con herramientas legales limitadas y con las administrativas claramente insuficientes para la gestión que es necesaria.
La realidad señalada muestra su complejidad intrínseca (sea cual sea el punto de vista desde el que se quiera abordar el problema). Sin la mínima intención de ser exhaustivo en este caso, se puede señalar (como primera y básica limitación para cualquier intento de gestión), la inexistencia de definiciones, datos y estadísticas suficientes de la Economía Azul. Estas carencias son causa y consecuencia de la mayor limitación para abordar la necesaria y compleja gestión del medio marino: la dispersión de competencias absolutas en la mayor parte de los países y en España en particular (para según qué cuestiones, en casos extremos pueden llegar a ser hasta 40 o más los entes administrativos decisores).
Se puede dimensionar mejor el problema de la competencia sobre el medio marino cuando se tiene en cuenta que la naturaleza administrativa de mares y océanos está establecida en un tratado internacional de muy reciente entrada en vigor: “La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar” (terminada de redactar en 1982) que tardó prácticamente 12 años para conseguir el número necesario de países firmantes para su entrada en vigor el 16 de noviembre de 1994.
Como referencia, la Antártida es el único espacio en tierra con un sistema complejo de gestión sin soberanía (que puede asemejarse en cierta medida a la gestión del océano internacional), más allá de las zonas económicas exclusivas nacionales. Es conocido el debate en Canarias si las aguas entre las islas es posible declararlas territoriales o no en el marco internacional.
En el ámbito nacional, las competencias del mar están absolutamente dispersas y lo que es peor, compartimentadas sin visión global del problema. Esta es una realidad histórica en la mayor parte de los países, aunque empiezan a encontrarse iniciativas como las del anterior Gobierno de Portugal donde existió un “Ministerio do Mar” lo que también sucede o ha sucedido en otros países de tradición portuguesa, donde el mar históricamente ha formado parte de los entendimientos de su Cultura y Patrimonio Histórico.
En otros distintos entornos políticos y administrativos, empiezan también a producirse ampliaciones y cambios de enfoque en el ordenamiento y la definición competencial, por ejemplo: en la Unión Europea se ha producido una transformación clara de orientación pasando de una Dirección General de Pesca tradicional a una de Asuntos Marítimos y Pesca (en el argot comunitario la DG Mare), como un intento de ordenar la gestión del medio marino de forma más amplia y coherente con las necesidades reales actuales y de futuro.
En España se está viviendo en este momento, un claro ejemplo de la disfuncionalidad administrativa existente: la redacción y aprobación de los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo POEM de las 5 demarcaciones se prolonga en el tiempo y continuamente (semana a semana) se sigue oyendo que la publicación es inminente.
Con ser grave el impacto objetivo de este problema sobre el medioambiente y la actividad económica, la revisión de la lista de organismos consultados para la redacción del POEM, permite visibilizar al menos, la parte del problema de pérdida de tiempo derivada de la dispersión competencial. Sin embargo y a la vista del contenido del documento, lo preocupante (más allá de la demora y sus efectos), es sin duda la ausencia en el documento de una visión estratégica socioeconómica y ambiental integrada, acorde a la situación global e internacional y con respuesta a las necesidades nacionales y de cada una de las Comunidades Autónomas con litoral.
En Canarias la situación es si cabe peor (tanto por la dispersión como por las características de los entes implicados). Empezando por la Dirección General de Pesca, de concepto formal clásica y de incapacidad acreditada tanto para gestionar la pesca en aguas propias como para tratar de influir en un posicionamiento ventajoso de Canarias en pesquerías en aguas internacionales y de otros países, además, dedicada directa y obstinadamente a obstaculizar el desarrollo del enorme potencial de la acuicultura.
Como continuación, las competencias de Costas recién transferidas, en que cada día se confirma más claramente que no van a producir los beneficios esperados en los tiempos en que son necesarios.
Adicionalmente, en la Administración medioambiental canaria, las necesidades del medio marino compiten desventajosamente con los requerimientos terrestres que son enormes y muy exigentes.
Finalmente, la Estrategia Canaria de Economía Azul, exigida por la Comisión Europea, impulsada y dirigida desde la Consejería de Economía Conocimiento y Empleo que está recibiendo más voluntad que recursos para su desarrollo.
Todo ello debería ser soporte para una reflexión en este momento que permitiera hacer posible una nueva ordenación de las Competencias Marinas en la organización del próximo Gobierno de Canarias, que haga posible aprovechar las oportunidades de crecimiento económico y empleo sostenibles que el medio marino puede aportar a la economía y ciudadanos de Canarias. No es fácil, pero es el momento y existe el tiempo necesario para intentarl
