Esta denominación pudiera parecer, en muchos contextos y circunstancias como una actividad genérica, voluntaria, puntual o continuada, ejercida desde los organismos competentes en cada situación. Sin embargo, en el ámbito de la Unión Europea, se hace referencia concreta a la Directiva 2014/89/UE, que entró en vigor el 17 de septiembre de dicho año, por la que se creó un marco jurídico común para la ordenación del espacio marítimo europeo MSP (Maritime Sapatial Planning).
Teniendo como objetivo principal coordinar los diferentes usos y actividades en el mar, con el fin de prevenir y reducir conflictos, entre ellos se encuentran: pesca; acuicultura; transporte marítimo; conservación ambiental; energías marinas; defensa; turismo costero y cualquier otra actividad posible.
La Directiva optó por no imponer un modelo único de planificación, en su lugar estableció la obligación, con plazos concretos, para que cada Estado miembro elaborara la planificación de su propio espacio marítimo siguiendo los principios comunes definidos en ella.
Los tiempos establecidos para que los Estados desarrollaran sus planes propios han tenido niveles de cumplimiento desiguales, tanto en contenido como en tiempo de ejecución. En muchos casos incumpliendo muchos de los países en alguno de ellos, lo que ha dado lugar al inicio de diversos procedimientos de infracción.
La secuencia prevista se ha venido cumpliendo mayoritariamente. Entre 2014 y 2016 se produjeron las transposiciones de la Directiva a las legislaciones nacionales, mientras que entre 2016 y 2021 los Estados miembros estuvieron comprometidos a establecer sus planes nacionales de ordenación del espacio marítimo. La fecha límite era el 31 de marzo de 2021, en cuyo momento, un número importante de países no habían alcanzado el compromiso establecido.
A pesar de las dificultades, en 2022 se realizó un informe global de lo conseguido entre 2014 y 2020. A partir de esos años el contexto europeo que había dado lugar a la Directiva cambió sustancialmente, modificando las prioridades anteriores. Factores como la puesta en marcha del Pacto Verde Europeo, las crisis del COV19 y la invasión de Ucrania, reforzaron la necesidad de acelerar la transición energética, a lo que se sumó la Estrategia Europea de Biodiversidad, con su objetivo de protección 30/10/30 y las nuevas exigencias de seguridad y estabilidad geopolítica sobrevenidas durante ese tiempo.
El segundo informe de evaluación publicado en abril pasado, ha servido de base para un debate en el Parlamento Europeo del que surgieron diversas recomendaciones destinadas a orientar la futura Ley Europea del Océano. Esta norma incorporará previsiblemente una revisión y actualización de la Directiva 2014/89/UE para adaptarla a los nuevos retos ambientales, energéticos y geopolíticos. La iniciativa recibió un amplio respaldo parlamentario, con más de 500 votos favorables y menos de 140 en contra y abstenciones.
El documento evaluó el grado de implantación de los planes marítimos nacionales por parte de los Estados miembros y analizó cómo la planificación espacial marítima se está convirtiendo en una herramienta central para gestionar la creciente competencia por el uso del mar en la Unión Europea.
El Informe señala que los 22 Estados miembros con aguas marinas ya han adoptado planes de ordenación marítima, aunque con distintos niveles de desarrollo y actualización. Desde el primer informe de 2022, muchos países han revisado sus planes debido a cambios geopolíticos, climáticos y energéticos. La Comisión considera que la planificación marítima ha pasado de ser un instrumento técnico relativamente limitado a convertirse en una política estratégica vinculada a la seguridad energética, la autonomía europea y la transición ecológica.
La realidad es que el uso del espacio marítimo se viene acelerando de forma importante, generando un nivel de competencia creciente entre los propios usos y de estos con la necesidad de conservación.
Los principales acuerdos y orientaciones políticas alcanzados en el Parlamento Europeo se concretaron en:
Necesidad de revisar la Directiva MSP
Existió un consenso ampliamente mayoritario sobre la conveniencia de actualizar la Directiva 2014/89/UE para adaptarla a las nuevas presiones energéticas, ambientales y geopolíticas.
Protección reforzada de la pesca artesanal
Muchos eurodiputados apoyaron la creación de mecanismos específicos para proteger zonas tradicionales de pesca artesanal frente a la expansión de instalaciones energéticas offshore.
Mayor participación obligatoria del sector pesquero
Se respaldó la idea de imponer procesos de consulta más vinculantes para pescadores y comunidades costeras en futuras decisiones de planificación marítima.
Integración prioritaria de biodiversidad y enfoque ecosistémico
El Parlamento mostró apoyo a incorporar criterios ambientales más estrictos y una protección más sólida de ecosistemas marinos y áreas protegidas.
Impulso a la cooperación transfronteriza
Se consideró prioritario reforzar la coordinación regional entre Estados miembros, especialmente en el mar del Norte, Atlántico y Mediterráneo.
Reconocimiento de la dimensión estratégica y de seguridad marítima
El debate consolidó la idea de que la planificación marítima debe incluir protección de infraestructuras críticas y resiliencia energética europea.
Apoyo político a la futura European Ocean Act
La mayoría de los grupos respaldó que la futura legislación marítima europea sirva para modernizar el actual sistema MSP.
Necesidad de mejorar datos y cartografía marítima
Se subrayó la importancia de sistemas comunes europeos de datos geoespaciales y monitorización marítima para prevenir conflictos entre usos del mar.
Integración tierra-mar
Se defendió una mayor coordinación entre políticas marítimas y planificación territorial costera.
Búsqueda de equilibrio entre transición energética y sostenibilidad social
El principio general que dominó el debate fue que la expansión de energías renovables offshore debe realizarse sin desestabilizar sectores tradicionales ni deteriorar ecosistemas marinos.
La Comisión concede especial importancia a la participación de las partes interesadas, considerando que la legitimidad de la planificación marítima depende de la inclusión efectiva de pescadores, la acuicultura, autoridades regionales, operadores energéticos, científicos, organizaciones ambientales y comunidades costeras. Sin embargo, reconoce que en varios Estados miembros persisten críticas por procesos considerados demasiado técnicos o centralizados. La expansión acelerada de la energía eólica marina ha intensificado tensiones con sectores pesqueros artesanales y comunidades locales.
La complejidad técnica y jurídico administrativa que ha existido desde el inicio del proceso en 2007, en el marco del desarrollo de la Política Marítima Integrada, de la UE, ha sido per se factor suficiente de dificultad al proceso de materializar la planificación necesaria para la gestión eficiente de los espacios marinos y la consecución de los objetivos de sostenibilidad ambiental exigidos.
Pero la realidad es que ha sido la necesidad de generar energías renovables marinas, como parte de la exigencia ambiental de reducción de gases de efecto invernadero GEI y para reforzar la seguridad y autonomía energéticas europea, lo que esta tensionando el desarrollo del modelo.
Las dimensiones de estas infraestructuras y de sus redes de conexión a tierra generan conflictos con otros usos del espacio marítimo, convirtiéndose en una de las principales causas de tensión y retraso en los procesos de planificación y toma de decisiones.
Diversas experiencias demuestran que es posible compatibilizar los nuevos usos del espacio marítimo con las actividades preexistentes y los objetivos de sostenibilidad ambiental mediante procesos eficaces de diálogo, concertación y planificación, Canarias tiene la necesidad y el potencial para ser el primer y mejor ejemplo en España.
