Es noticia continuada y reciente que, cuando se hace público el anuncio de la decisión de promover un parque eólico marino, en cualquier lugar de la costa española se produce (con rapidez creciente), la respuesta enérgica y determinada de colectivos ciudadanos más o menos amplios, nucleados o acompañados en la mayor parte de los casos por colectivos representativos de pescadores.
La causa principal de esta situación tiene su origen inequívoco en la indolencia e irresponsabilidad de las Administraciones competentes, que no han cumplido con la responsabilidad anticipativa básica. Cuando se confirma que una actividad económica de importancia se inicia y más, cuando se tiene la suerte de que se realice en otros lugares, hay que analizar sus efectos generales y de forma radical los impactos ambientales que pudieran derivarse de la misma.
La generación de energía eléctrica por captadores eólicos es el caso actual y paradigmático.
Hace más de 20 años que la energía eólica comenzó a mostrar su capacidad para contribuir al mix energético de los países del Norte de Europa y es verdad que se inició con la única opción de que los captadores estuvieran fijados/depositados sobre el fondo, lo que parecía hacerlos poco adecuados para el litoral español, también lo es, que muy rápidamente se iniciaron los proyectos en los que los captadores eran colocados sobre estructuras flotantes, muy adecuados.
La evidencia era clara para quién quisiera apreciarla y la prueba inequívoca y envidiable es el reciente concurso escocés que ha permitido adjudicar lugares para 17 proyectos sobre 7000 kilómetros cuadrados de superficie con una capacidad de generación de 24.826MW, siendo el 60% de ellos flotantes.
No se ha producido ninguna reacción que haya trascendido (ni en cantidad ni intensidad), semejante a las que se están produciendo en las costas españolas. La aceptación de los proyectos no es casualidad, es la consecuencia del propio procedimiento, ya que en Escocia solo los entes públicos determinaron los lugares adecuados (una vez realizados los estudios necesarios para impedir o minimizar los impactos ambientales y maximizar las capacidades de aprovechamiento de los emplazamientos), aportando para los ciudadanos los elementos de confianza y garantías «suficientes» (en otro momento consideraremos las razones de por qué los escoceses y otros ciudadanos europeos tienen la confianza «suficiente» en sus órganos administrativos competentes).
En este momento estamos todavía en el proceso español de estudio y planificación, habiéndose incumplido de largo los plazos establecidos en la regulación europea (el CV19 ha sido una “excusa” para un retraso que ya estaba garantizado antes de la pandemia), con lo que no solo se llega tarde, sino, en la medida que los promotores privados ya han mostrado los lugares y potencias de su interés, la mayor a menor coincidencia entre lo planificado y lo solicitado, genera sin duda, sombras interesadas sobre el propio resultado de la planificación.
Esta causa administrativa con ser la principal no es la única. Los colectivos de pescadores ven esta nueva actividad como una amenaza directa sobre su actividad, que viene a sumarse a la presión que están recibiendo para conseguir la sostenibilidad de los recursos y la conservación de los ecosistemas sobre los que se desarrollan sus pesquerías. Es cierto que en las áreas marinas españoles donde la pesca de arrastre es posible, los márgenes de salvaguardia necesarios para proteger los cables limitarán en mayor o menor medida la actividad pesquera, esta limitación (que tendrá que ser valorada y compensada en su caso), debería estar considerada en el proceso de planificación.
Se ha de añadir como causa, la posición de los conservacionistas radicales (aunque la mayor parte de las organizaciones ambientalistas representativas internacionales apoyan el desarrollo de las renovables marinas), que se oponen en base al principio por el cual la mejor actividad en el mar es “ninguna” y que no tienen reserva para apoyarse en los pescadores. Cuando los mismos, en ausencia del mal mayor (energía eólica) están pretendiendo recortar las capturas pesqueras hasta límites insostenibles, sin valorar la constatación del resultado de las medidas administrativas y de gestión pesquera que se han venido tomando y que están aumentando el porcentaje de pesquerías sostenibles, hasta alcanzar unos % de pesquerías recuperadas, inimaginables hace pocos años.
Finalmente, el colectivo de los paisajistas, aquellos que, en muchos casos, desde la primera línea de costa (que han modificado cuando no destruido), entienden que la presencia de los captadores es inaceptable. Como en cualquier actividad que se comienza a desarrollar se pueden dar errores o excesos, pero también lo es que se pueden evitar buscando las ubicaciones adecuadas y teniendo en cuenta que, en oposición a la construcción y modificación de la costa, los captadores tienen vida limitada. La autorización de instalación de los captadores incluye y garantiza su retirada con garantías ambientales, lo cual además sucederá de forma inevitable con el desarrollo tecnológico.
Todos los colectivos disconformes, impulsan la aplicación mal entendida (la mayor parte de las veces de forma intencionada), de un principio de precaución paralizante, en vez del principio de precaución general que debe inspirar cualquier actividad humana y en especial las que pueden tener repercusión ambiental. La dificultad de la aplicación de la precaución como elemento clave de cualquier actividad, es que requiere esfuerzo y tiene costes importantes, que en muchos casos no se quieren o no se pueden dedicar. En el caso de las renovables marinas no hay ninguna duda de que los recursos necesarios son disponibles y aplicables. Todo ello en el marco regulatorio de la Unión Europea, que conforma el espacio mundial más protegido y con la voluntad y decisión inequívoca de impulsar y liderar este proceso en el ámbito global
En Canarias las renovables marinas y la eólica en particular tienen ventajas de partida: No hay pesca de arrastre; existen muestras de compatibilidad del uso de las artes tradicionales de pesca en el área de operación de turbinas eólicas; los dispositivos han de ser flotantes y pueden colocarse en posiciones y distancias compatibles en general y con el turismo en particular.
Como consecuencia: Son una oportunidad histórica única; pueden conseguir la autonomía y suficiencia energética; la aceleración y neutralidad en las emisiones de gases de efecto invernadero y pueden generar un nuevo sector económico que, a falta de valoraciones más precisas (se estiman entre el 10 y el 25% del PIB actual), permitan acercarnos al pleno empleo, como horizonte implanteable hasta ahora.
