La dinámica internacional inducida por el compromiso de limitar la utilización del gas y petróleo ruso está teniendo consecuencias importantes tanto en la disponibilidad como en el precio, lo que supone un impulso inequívoco para conseguir el máximo despliegue de las energías renovables tanto en tierra como en el mar “a la mayor brevedad posible”, sabiendo que el tiempo que se emplee será un factor crítico para paliar tales consecuencias.
Se pueden encontrar una amplia y variada cantidad de predicciones que están sometidas a tantas condiciones impredecibles, que más que señalar una probabilidad acotada, lo que indican son las condiciones de contorno de lo que puede suceder con carácter general: Limitaciones de cantidades disponibles y aumentos de precios.
La exigencia de los plazos y la magnitud del problema ya tienen consecuencias evidentes que suponen un retroceso significativo en los objetivos ambientales, sirvan de ejemplo claro y bien conocido: la recuperación del carbón para la producción eléctrica o la aceleración de la producción del gas proveniente del fracking.
A pesar de todas las nuevas medidas que se están tomando y las que se están impulsando, el próximo invierno va a ser una prueba muy dura en el hemisferio norte. Se está considerando de forma muy rigurosa las posibilidades de limitar la energía disponible tanto para usos personales y familiares como para toda la industria.
La ineficiencia, limitaciones y dificultades de todo tipo, son una resistencia genérica para el desarrollo de las energías renovables terrestres y marinas, a lo que hay que añadir las particularidades propias de cada espacio y cada país, a pesar del esfuerzo comunitario (Comunicación REPowerEU), la diferencia en el desarrollo sustancial entre los espacios terrestre y marino subsiste, debiendo ser abordada de forma específica, ya que incluso en tierra con tecnología y procedimientos más maduros, la velocidad de desarrollo no alcanza lo mínimamente deseable.
Esta situación empieza a producir medidas disruptivas para resolver los impedimentos al desarrollo de las energías renovables y en particular a las largas tramitaciones territoriales y ambientales, como las promovidas en Alemania a través de cambios legislativos sin precedentes por un gobierno en el que participan los ecologistas.
En el mar, la situación es sin duda más difícil que en tierra, aunque en el contexto europeo se dan grandes diferencias (lo que indica la existencia de vías y capacidades de impulso sustancialmente distintas) desde países con amplio despliegue ya realizado, planificado y en ejecución hasta la situación nacional, que, recordando el esquema temporal incluido en la “Hoja de Ruta de la Energía Azul (para el desarrollo de la Eólica Marina y de las Energías del Mar en España), establecida por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico MITECO, la previsión señala que: después de resuelto el trámite de concurrencia, la primera instalación podrá realizarse en un período de entre cuatro y cinco años y medio, dado que la aprobación del POEM es un prerrequisito que aún no está conseguido y que después de alcanzado, será necesario abrir, cerrar y resolver el proceso de concurrencia, lo que sin mayores complicaciones ni judicialización del procedimiento, sitúa la posibilidad de entrada en operación del primer parque eólico marino en España, probablemente en Canarias, prácticamente en 2030.
Con este escenario parece evidente que la contribución desde Canarias al problema actual va a estar limitada (casi exclusivamente), a pagar el sobrecoste general nacional y asumir la parte de los recortes que eventualmente se puedan producir. Esto mantiene el desarrollo de la Energía Azul en Canarias en los términos anteriores, es decir, contribuir a la eliminación de la emisión de Gases de Efecto Invernadero GEI de los ámbitos nacional, europeo y global erradicando los combustibles que los producen del sistema energético del archipiélago, conseguir la autonomía energética y eliminar del sistema de producción eléctrico nacional el sobrecoste disparatado de la producción eléctrica en Canarias.
Es claro que la exclusión del sobrecoste de la producción eléctrica en Canarias de la factura que se paga directamente tiene una consecuencia de extraordinario alivio en la economía de los ciudadanos y en la actividad económica de las islas (aunque en las circunstancias actuales pudiera pensarse que es un efecto negativo), pero también produce un efecto de irresponsabilidad colectiva.
Esta situación que ha sido estable, beneficiosa y poco costosa para los ciudadanos y la actividad económica en Canarias, cuando se proyecta hacia el futuro tiene peligros que se empiezan a evidenciar y concretar en planteamientos concretos:
Hay un planteamiento inicial reciente cuyo análisis queda fuera del alcance de esta reflexión, que se deriva de posiciones político-sociales que identifican como privilegios cualquier medida que tenga como objetivo paliar las condiciones de la ultraperificidad sobre los ciudadanos en Canarias.
Otra de las consecuencias que se va a perder es que la reducción de los costes que la introducción de las energías renovables en Canarias va a producir sea parte del “componente local” que es como se conoce el conjunto de beneficios que el desarrollo de estas energías genera en los entorno físico y social donde se instalan y que es uno de los componentes esenciales para contribuir a la aceptación social de los proyectos de implantación. Estos proyectos por su gran dimensión se plantean y dirigen por grandes corporaciones más o menos alejadas de los lugares donde se desarrollan, lo que está produciendo rechazos generalizados.
Por último en este análisis, la desvinculación social del conocimiento y la voluntad de participación en la visión estratégica y planes de ejecución del sistema de generación eléctrica y de energía en general, cómo consecuencia de la falta de efectos directos (el más claro en las tarifas), puede hacer que se pierda la mayor oportunidad histórica del Archipiélago para conseguir una economía capaz de ser básicamente autosuficiente en lo energético y capaz de generar actividad económica suficiente para alcanzar el pleno empleo con niveles de renta convergentes con la Europa continental próspera.
El binomio energías renovables-hidrógeno, que en Canarias tiene unas posibilidades basadas en sus recursos naturales (viento, sol, olas y posición geográfica), “solo” necesita que se le añada la visión estratégica, el marco jurídico administrativo claro/estable y la atracción y promoción de inversiones que se pueden y se deben generar aprovechando el marco europeo y los apoyos de todo tipo incluidos los financieros, disponibles especialmente para este fin.
