En este año se han comenzado a concretar las fórmulas y procedimientos para materializar los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), que deben dar soporte a la salida de la crisis y al impulso socioeconómico que debe hacer posible el sostenimiento y mejora de las condiciones de vida del conjunto de los ciudadanos europeos, partiendo de las características y condiciones de sus territorios.
Conviene recordar que España tiene una participación de «hasta» 140.000 M€ (de los 750.000 totales) en transferencias sin devolución y créditos (aproximadamente al 50 %) de los cuales 69.528M€ deben materializarse adecuadamente en el periodo 2021-2023. Es muy importante no olvidar que conseguir la totalidad de los fondos previstos está sometido a distintas condicionalidades, no siendo la menor de ellas la ejecución en tiempo y forma de los fondos.
La administración estatal es claramente consciente de esta situación y está mostrando señales claras de decisión para maximizar el aprovechamiento de los fondos, así, consiguió la máxima valoración del Plan Español en el ECOFIN y ha sido el primer país en solicitar el primer pago semestral de 10.000M€, valorado positivamente por la Comisión. Todo ello ha sido posible y consecuencia de un importante esfuerzo de planificación y elaboración.
En la misma dirección, se debe entender la inyección de recursos del PRTR en herramientas administrativas de todo tipo preexistentes enfocadas a los propios objetivos del Plan, que están permitiendo una materialización más rápida y efectiva frente a la que se hubiese derivado de la creación y diseño de procedimientos específicos. De gran eficiencia en la gestión, la concertación y la colaboración, han resultado las 54 Conferencias Sectoriales con las Comunidades Autónomas, que han permitido distribuir y activar los fondos en 52 acciones específicas, que junto a otros mecanismos han hecho posible asignarles en conjunto 11.001 M€ en 2021.
Esta metodología de incorporar fondos a mecanismos y procesos ya establecidos, compatibles con los objetivos y fines del PRTR, también está siendo utilizada en los procesos propios de la Administración Central consiguiendo eficiencias similares. El conjunto de estos procedimientos está produciendo un efecto dinamizador socioeconómico general, de la mayor importancia en este tiempo de Pandemia (que se va alargando). También es evidente que estos procedimientos no pueden ser el núcleo del proceso de dinamización y tracción necesario para mejorar, diversificar y hacer más competitiva la economía nacional, como base para una salida de la crisis rápida y firme, con expectativas de futuro sostenible en el contexto europeo e internacional.
El papel no exclusivo, pero central, para ser el núcleo del impulso necesario se atribuye a los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) que se definen como: “Proyectos de carácter estratégico con gran capacidad de arrastre para el crecimiento económico, el empleo y la competitividad de la economía española, con un alto componente de colaboración público privada y transversales a las diferentes administraciones. Son una nueva figura, con vocación de permanencia, concebida como un mecanismo de impulso y coordinación de proyectos muy prioritarios, especialmente complejos o en los que exista un claro fallo de mercado, externalidades importantes o una insuficiente iniciativa o capacidad de inversión por parte del sector privado. Su objetivo es contribuir a una gestión ágil y eficiente de los fondos y reforzar aquellos proyectos que contribuyan claramente a la transformación de la economía española”.
Esta figura que nace y se regula inicialmente en el Capítulo III del Título II del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, publicado en el BOE del 31 de diciembre de 2020, está mostrando la dificultad intrínseca que tiene el desarrollo de una herramienta nueva, para una finalidad también nueva de gran complejidad y hacerlo contrarreloj, como marcan los tiempos desde la Comisión (de forma simplificada: 2021-2023 todo arrancado, 24-26 todo ejecutado).
La situación actual (diciembre 2021) de desarrollo de los PERTE es: PERTE listo para ejecutar, aprobado por el Consejo de Ministros y autorizado por la Comisión Europea, PERTE para el “Desarrollo del vehículo eléctrico y conectado”.
El diseñado para “La salud de vanguardia” y el de la “Energía renovable, hidrógeno renovable y almacenamiento”, que han sido aprobados en Consejo de Ministros el 30 de noviembre y el 14 de diciembre de 2021 respectivamente y que están pendientes de autorización Europea.
El PERTE de “La Economía social y de los cuidados” y el PERTE “En español: Nueva economía de lengua” que aparecen en la página web del PRTR identificados como anunciados.
Los que aparecen identificados como en estudio: el “Aeroespacial” y el de la “Cadena agroalimentaria inteligente y sostenible”.
Finalmente, un número indeterminado en distintas fases que tienen como objetivo articular otros PERTE.
Solo los tres aprobados por Consejo de Ministros tienen datos básicos disponibles que muestran la enorme dimensión del PRTR: Movilización de 12.182M€ públicos, que inducen 29.689M€ privados (total de 41.760M€) con una generación de 432.700 empleos.
Esta realidad evidencia la dificultad de construir estas nuevas unidades para sectores, problemas y oportunidades existentes en España que no han logrado alcanzar ni siquiera la situación de “en estudio”. Si a esta dificultad se añade la urgencia de plazos antes señalada, es claro que existe un riesgo evidente de que necesidades, oportunidades y territorios queden fuera del Plan.
Por otro lado, no se puede obviar el problema para la constitución práctica y funcionamiento de los PERTE que se deriva de la gestión de fondos públicos: ¿Cómo articular la transferencia de los fondos públicos a entes privados? o como se controla, o como se articula la cooperación público-privada para actuar en el espacio económico regido por derecho privado, que no parecen estar totalmente resueltos en el propio decreto ley.
Por todo ello se debe hacer seguimiento, articular medidas y procedimientos que hagan posible la participación desde Canarias (están en juego aproximadamente 6.500M€), tanto de empresas como de entes públicos adecuados. Dadas las características de dimensión y especialización del tejido económico canario que hace sin duda, prácticamente imposible liderar algún PERTE nacional (e incluso hace difícil una participación relevante), con la consecuencia directa que la no participación efectiva/significativa puede hacer perder oportunidades críticas para la salida de la crisis y el futuro socioeconómico.
