Con esta simple denominación, la Comisión Europea ha anunciado y puesto en marcha un paquete legislativo con medidas acompañantes de diversa y variada naturaleza, para materializar su compromiso de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 55% para 2030, en comparación con los niveles de 1990. El siguiente paso a lo conseguido con el marco actual (que ha permitido una reducción del 24% desde la misma fecha de referencia), incrementa de forma importante la ambición para convertir a Europa en el primer continente neutro para 2050 y con la decisión de dar soporte a mantener la no superación de 1,5 grados de calentamiento global en el planeta.
Se ha de recordar que este documento se publica el 14 de julio de 2021, cómo concreción explícita de la posición europea previa a la 26ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), celebrada en Glasgow en noviembre. Consolidando explícitamente en ese contexto el liderazgo mundial de Europa en la lucha contra el cambio climático, asumiendo que, aunque solo representa el 8% de las emisiones mundiales de CO2 reconoce que es responsable de una mayor proporción de las emisiones acumuladas, estando dispuesta a contribuir y colaborar de forma comprometida en un contexto de cooperación multilateral.
A lo largo del documento se reitera con argumentos distintos, que el reto central de la transición ecológica de la Unión Europea es: Como poder repercutir los beneficios que produce su desarrollo en las personas tan rápida y equitativamente como sea posible, reforzando al mismo tiempo la competitividad y creando los puestos de trabajo del futuro. Señala como argumento de valor, que se conoce que lo que es bueno para el planeta es bueno para las personas y para la economía, recogiendo como el crecimiento de la economía desde 1990 (año de referencia para la comparación climática) ha sido de más de un 62%, con una reducción de las emisiones durante el mismo período del 24 %, lo que muestra la disociación clara entre el crecimiento de la economía y las emisiones de CO2. A lo largo del documento también se indica que el proceso de transición tiene un coste y repercusiones (negativas), que han de ser abordadas eficazmente, igual que señala la preocupación por las personas cuyos empleo e ingresos pueden ser afectados.
El impacto inevitable que un cambio de la magnitud como el que se pretende abordar con este paquete de medidas legislativas y de acompañamiento, será afrontado como se recoge en el documento, teniéndolo en cuenta detalladamente en todas y cada una de las medidas y acciones que se planteen, compensándolo con el acceso a los propios beneficios que se generen o que, cuando no sea posible se harán apoyos económicos directos, reforzados financieramente con recursos provenientes de la aplicación rigurosa y cada vez más exigente del principio de que “quien contamina paga”.
La aplicación de este criterio en el caso de las emisiones de efecto invernadero, se ha materializado y se viene aplicando eficazmente mediante el Régimen de Comercio de los Derechos de Emisión, que en la nueva versión que se plantea aportará 72.200 M€ (a precios corrientes), a un nuevo Fondo Social para el Clima como herramienta específica de compensación.
La recaudación aumentará al incorporar: el transporte por carretera, los edificios, la aviación y el transporte marítimo al Régimen de Comercio de Derechos de Emisión.
De acuerdo con los procedimientos legislativos de la Unión Europea, la propuesta elaborada por la Comisión tendrá que negociarse con el Parlamento y el Consejo Europeo, lo que hace previsible un proceso largo y complejo, como es habitual, pero en este caso de mayor dificultad por el número y características de las reformas y propuestas que se pretenden impulsar.
Es en este largo y complejo proceso para conseguir el Objetivo Climático (que compartimos una mayoría muy significativa de ciudadanos de la Unión Europea), es dónde está la clave para que la contribución individual y territorial sea equitativa y los costes y repercusiones compensados de la mejor manera posible.
Durante este procedimiento lento, pero constante de tramitación que ahora se inicia, es cuando hay que plantear con claridad y desde posiciones sostenibles las medidas necesarias para aprovechar las oportunidades y limitar, acortar, los efectos negativos.
Por ejemplo, se ha de considerar el efecto devastador que la aplicación directa del comercio de los Derechos de Emisión a la aviación y el transporte marítimo tendrían sobre los costes generales en Canarias y especialmente en su actividad económica central, el turismo.
Esto puede abordarse como se ha hecho en el pasado, buscando excepcionalidad y subvención, lo que tendrá como resultado algo muy parecido a la situación actual de la generación eléctrica, estar en los lugares de cola del cumplimiento de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y malgastar recursos públicos en el orden de entre 700 y 1.000M€ anuales por tener probablemente el sistema de generación eléctrico más ineficiente del país.
Aunque puede abordarse (sin duda mejor) aprovechando la oportunidad de obtener soporte y ayuda para alcanzar un sistema de generación 100% renovable y para producir aquí, en Canarias, la totalidad o una parte significativa de los nuevos combustibles de aviación y del transporte marítimo, que al ser medioambientalmente no emisores estarán libres de los sobreprecios, consiguiendo adicionalmente contribuir a disminuir los costes de la insularidad.
En el esquema se puede ver la indicación de la multitud de campos y medidas sobre las que la Comisión pretende actuar y en consecuencia hay que estar muy pendiente para intervenir y participar de forma solidaria y equitativamente tanto de las oportunidades como de los costes. No será fácil la multitud de enfoques desde todos los Estados miembros, defendiendo enérgicamente sus intereses (como ejemplo la discusión sobre la consideración o no del gas o la energía nuclear como combustibles verdes).
Esto es una responsabilidad político-administrativa de todos los niveles, que debe ser estimulada, apoyada e impulsada desde la sociedad civil para que se produzcan los mejores efectos posibles. El largo y complejo procedimiento hace posible la participación efectiva y las consecuencias de no hacerlo será la perdida proporcional de oportunidades para Canarias
