Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. ¡No será fácil!

Canarias7

Estos días alrededor del fin/inicio de año son propios para la realización de balances del que terminó y expresión de los mejores deseos para el que comienza. Es claro (en dimensión histórica), que el  2020 ha sido  sin duda, el peor año que se ha podido evaluar a escala mundial. Los efectos de Pandemia directamente  sobre la salud de las personas, el número de fallecidos y sus efectos secundarios desastrosos sobre la economía. Está percepción cualitativa global se apoya con fuerza en los daños sobre las personas de forma individual y sobre las comunidades y la sociedad de forma colectiva  que quedarán marcados en todos los que la han padecido.

Empieza ahora un periodo de evaluación cuantitativa detallada, no solo con el enfoque forense de registrar lo sucedido y sus causas en cada ámbito, sino más importante, para aflorar dónde y cómo es necesario actuar, para paliar mejor los daños y estimular de forma más efectiva y rápida la superación de la situación.

El inicio del proceso de vacunación en estas mismas fechas (con la mejor de las expectativas), añade además un elemento importante de cambio, que hace de la mayor oportunidad el planteamiento de las estrategias, planes y acciones para salir de la devastación del CV19 y hacerlo de la forma más rápida posible tratando de recuperar la situación anterior y lo que es sin duda más trascendente, aprovechar la energía y apoyo movilizados para ir más allá añadiendo el crecimiento, diversificación económica y empleo que se necesitan particularmente en Canarias. Este enfoque solo es posible por ser parte de la Unión Europea y por las decisiones enérgicas y rápidas que se han tomado para la movilización de recursos e instrumentos imprescindibles a este fin.

En estas fechas, también han ido culminando los procesos administrativos para hacer que las voluntades se plasmen en la disponibilidad legal de los recursos, llegando el momento crítico de hacer que las previsiones presupuestarias alcancen a la vida real, a las personas, a las empresas y las instituciones, esto «no va a ser fácil».

El Gobierno del Estado ha iniciado formalmente el proceso (la movilización general ya se estaba produciendo con gran incertidumbre, entre otras circunstancias a la espera de esta ley) con la publicación el 31 de diciembre del «Real Decreto Ley 36/20111, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia». Esta es una primera y crítica acción para tratar de hacer posible el mejor aprovechamiento del futuro Marco de Financiación Plurianual (MFP) 2021/2027 y el instrumento europeo de recuperación Next Generation EU (de 750.000M€) de los que España «puede llegar» a movilizar hasta unos 140.000M€ en transferencias y préstamos. La finalidad de estos fondos, tiene además un doble objetivo, de un lado paliar los daños directos de la Pandemia y el fortalecimiento contra este tipo de problema y similares en el futuro, para el cual el criterio de distribución es la necesidad y el otro objetivo es impulsar la pronta recuperación económica, sentando las bases del crecimiento de las próximas décadas, para el cual el criterio estará ligado al potencial económico, tanto de los proyectos en sí, como la previsión de sus resultados futuros.

Está ley y su aplicación son claves, su aplicación y desarrollo permitirá ir contrastando su eficacia, no obstante, es momento de un primer análisis que haga posible la mejor orientación y posicionamiento en las  decisiones que correspondan a los implicados/afectados. La primera lectura del Decreto-Ley (necesita muchas y más detalladas) señala algunas características que serán determinantes para el buen fin que se propone.

La primera y más importante refleja la certeza de que con el marco legal actual de gestión español es imposible ejecutar administrativamente lo necesario para conseguir los objetivos previstos del Plan.

El Decreto-Ley es complejo y casuístico, solo la introducción tiene diecisiete apartados en más de catorce páginas para explicar/justificarlo, afectando a una infinidad de leyes reglamentos y regulaciones de diverso orden que es imposible a priori saber si son, o no, las necesarias y suficientes.

Refleja el debate administrativo permanente entre facilitar la ejecución y mantener el control absoluto de todos los procesos, así se encuentran una multitud de decisiones de acortar plazos, junto al sostenimiento del criterio defensivo de “silencio administrativo negativo” para el acto simple de acceder a un registro (Artículo 10 Apt.1d).

La gobernanza se resuelve con una estructura que culmina en un órgano colegiado “La Comisión para la recuperación Transformación y Resiliencia” incluido el Consejo de Ministros completo y seis miembros más, qué es la cúspide de un sistema complejo y poco definido de foros y grupos de alto nivel (quedando uno solo identificado, constituido con las organizaciones empresariales y sindicales), incluyendo además específicamente una Conferencia Sectorial especifica  con las Comunidades Autónomas.
Este entramado organizativo y de gestión complejo, es en sí mismo competitivo territorialmente y por sectores, a lo que se han de añadir la competitividad derivada de las características de ser público-privado, de apoyo al tejido productivo, la transición ecológica y digital, la resiliencia y la cohesión.

En este contexto, el Crecimiento Azul reúne los elementos claves para ser agente destacado en el conjunto del Estado y particularmente en Canarias, lo que comparte con otros sectores económicos. El éxito de participación tendrá un alto nivel de dependencia de la capacidad que tengan los agentes propios de cada sector para organizarse, definir los proyectos y aportar en los momentos y formulaciones adecuadas que se irán especificando.

Se va conociendo que la dimensión será clave, lo cual es una dificultad para las Comunidades donde el tamaño de las empresas es relativamente más pequeño, como el caso de Canarias, esto implica la necesidad de mayor esfuerzo de coordinación entre todos los actores. El tiempo necesario para el trabajo complejo, “convertido en prisa” debe ser un estímulo generalizado de trabajo cooperativo y no una excusa para justificar errores.

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