El Registro Especial de Buques y Empresas Navieras de Canarias, conocido coloquialmente por REBECA, es un ejemplo sin paliativos del fracaso absoluto en el aprovechamiento de una oportunidad de Crecimiento Azul en España y particularmente en Canarias. El Registro, su necesidad y su potencialidad es ampliamente conocido por las instituciones públicas y los sectores privados directamente implicados y todos, sin ninguna duda, reconocen la magnitud del fracaso. Como es habitual en consideraciones de esta naturaleza, la coincidencia total disminuye cuando se trata de establecer cuál debería ser la respuesta y aún más al tratar de determinar a quién corresponde decidir la/s iniciativa/s necesaria/s y cuando se han de realizar.
En las circunstancias actuales, las consecuencias de tomar aquellas decisiones necesarias en el contexto de la salida de la crisis, podrían ser una contribución de suficiente importancia y especificidad en Canarias para movilizar, aunar, sincronizar las voluntades y acciones necesarias que eviten volver a perder esta oportunidad.
La incapacidad frecuente de aprovechar oportunidades como éstas, se deriva de elementos causales comunes: Difíciles intrínsecamente, son multinivel (ya que afectan y son afectadas, en ámbitos internacionales, nacionales y territoriales diversos), no son estables en el tiempo e inciden directamente en espacios competenciales y de interés público privado concurrente (en muchos casos solapados).
El ejercicio de simplificación que se presenta, no pretende minimizar las dificultades señaladas, solo tiene como objetivo aportar información que permita evidenciar que el “premio» por alcanzar una solución eficiente es grande, oportuno y de gran interés para Canarias.
Existe una primera idea simple y clara, todos y cada uno de los barcos que operan en el mundo tienen una bandera que identifica el país al que están legal y jurídicamente vinculados, que se encarga de hacer cumplir los requisitos y requerimientos internacionales que cada país de bandera reconoce y obviamente, el ordenamiento propio y específico de cada uno de ellos.
El crecimiento de la flota internacional producido para atender el enorme desarrollo del comercio mundial, han hecho aparecer las diferencias económicas notables para los operadores de buques según los distintos países de abanderamiento, así como, los beneficios que se derivaban para los países según la dimensión de la flota abanderada, es a partir de ahí que se produce el nacimiento y consolidación de los pabellones-banderas de conveniencia, con consecuencias de enorme magnitud.
A modo de ejemplo, no haber atendido en tiempo y forma la propuesta de creación del Registro Especial, realizada en 1986 por el Gobierno de Canarias, ANAVE y ASERPETROL, tuvo como consecuencia, que entre esa fecha y 1994 (en que se hizo la Modificación del Registro Canario), se perdieran del pabellón español 350 buques, con más de 400.000 toneladas de registro y aproximadamente 12.000 empleos directos.
La respuesta a los pabellones de conveniencia en base a países con poca regulación, se ha ido sustituyendo por pabellones de países formalmente aceptables, que han instituido y regulado segundos registros o registros especiales, como se hizo en España y Portugal (registro de Canarias y de Funchal) o la adaptación de registros preexistentes muy dinámicos y flexibles como los Malta y Chipre al incorporarse estos países a la Unión Europea.
A partir de ese momento se vuelve a desestabilizar REBECA, como se puede ver en el último dato disponible (2020), donde se muestra que más de la mitad de los barcos de armadores españoles están inscritos en otros Registros europeos (muchos en el de Funchal). Por lo que al ser Registros europeos las ventajas que los hacen atractivos no se derivan de criterios inadmisibles, sino de la incapacidad de adaptación y mejora del Registro propio.
El organismo administrativo que gestiona en España el Registro es la Dirección General de Marina Mercante, qué es una DG sobre la que recaen una enorme cantidad de competencias complejas, que gestionan con un marco jurídico muy rígido y con una limitación de recursos muy importante (básicamente de personal cualificado), lo que produce multitud de dificultades y retrasos (como ejemplo, en la imagen se puede ver el submarino Ictineu3 que a pesar de estar diseñado y fabricado íntegramente en España necesitó abanderarse en un país con marco jurídico más flexible y recursos suficientes para realizarlo, Francia).
Lo referido señala los condicionantes derivados de la normativa y la gestión técnica del Registro, cómo causas que pueden ser mejoradas estudiando como lo hacen otros (el éxito de captación general de flotas y de la española en particular del Registro de Funchal, puede ser un buen ejemplo inicial), que como ha señalado reiteradamente el presidente de ANAVE y el Clúster Marítimo Español, requiere que se agrupen todas las competencias dispersas en una entidad pública empresarial con gran autonomía de gestión y un enfoque eminentemente competitivo.
Adicionalmente es imprescindible considerar que el Registro Especial de Canarias tiene un potencial que va más allá de ser un instrumento administrativo, que se deriva de estar incluido como una de las herramientas del REF canario, con el objetivo de que contribuya directamente y en su conexión con el resto de herramientas, en la finalidad de esta normativa que trata de incentivar la atracción de actividad económica general a Canarias para ayudar a la estabilidad y bienestar de los ciudadanos, en un ámbito jurídico seguro y estable.
El Registro puede y debe ser un primer atractivo que haga conocer a las empresas armadoras y sus clientes las posibilidades que las medidas singulares y potentes del REF ofrecen, así como el contexto de las empresas y cadenas de valor de la Economía Azul situadas en Canarias y de forma particular en sus complejos portuarios internacionales.
Es urgente, si se quiere aprovechar la oportunidad que supone dinamizar el Registro junto con el resto de oportunidades coincidentes, que alguna de las administraciones competentes tome la iniciativa, que se cree el Ente necesario (bien en su formato definitivo o en uno provisional), se establezca una estrategia compartida y concertada público-privada entre las administraciones competentes, que permita poner en marcha de forma inmediata y acelerada todas las acciones necesarias. En mi opinión el Ente debería establecerse en Canarias y el Gobierno de Canarias debe ser el principal dinamizador, ya que aunque no es la Administración con las mayores competencias, si es la que debe enmarcarla en la Estrategia Regional y de proyección nacional y europea, que le corresponde plenamente.
