El Consejo de Ministros del pasado martes 27, acordó autorizar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la comunicación a la Comisión Europea del borrador de actuación del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PENIEC) 2021/2030, para el periodo 2023/2030, además de la creación de nuevas cualificaciones profesionales vinculadas a diversas familias profesionales de sectores productivos identificados como “estratégicos” en el Plan de modernización de la Formación Profesional, así como, la extensión de seis meses en el plazo para la obtención de la autorización de construcción para proyectos renovables (43 GW de potencia). Todo ello dentro del Real Decreto-ley de apoyo al impacto de la guerra y otras situaciones de vulnerabilidad y una Línea de Avales de Estado para financiar las operaciones de crédito destinadas a la renovación de la flota controlada por armadores españoles.
Estos acuerdos, están entresacados de la larga lista de los producidos en los últimos Consejos de Ministros y forman parte del esfuerzo de orden del final de legislatura: tratar de dejar cerradas determinadas políticas y reflejo del principal problema de la acción gubernamental española en las Estrategias y Planes de mayor trascendencia, como son los objetivos climáticos y las acciones y procesos necesarios para su consecución.
Para comparación, recogíamos en su momento (dentro de estas reflexiones sobre el Crecimiento Azul), el proyecto danés: “Isla Energética” de energías renovables marinas que movilizaba 28.000 M€ en cooperación público-privada, del que se resaltaba fundamentalmente que: el proyecto se ponía en marcha como fruto del acuerdo de ocho partidos políticos (tanto del gobierno como de la oposición), lo que aportaba la única base sólida posible para que se puedan tratar de superar las dificultades objetivas que se plantean para alcanzar los objetivos climáticos imprescindibles.
Todas las “Estrategias Ambientales Globales” incorporan matices y puntos de vista políticamente diferenciales, b asta con comparar las aproximaciones en Europa respecto de la energía nuclear que tienen Alemania (cierre completo) y Francia (nuevo y acelerado programa de crecimiento). Aunque esta realidad por drástica y difícil, no imposibilita encontrar espacios de acuerdo en la multitud de acciones necesarias en la política ambiental común de la Unión Europea, no es fácil, pero si es la clave del éxito.
La revisión del PENIEC se produce como parte de las obligaciones que los Estados Miembros EEMM de la Unión Europea tienen para el desarrollo de las políticas ambientales y objetivos comunes. Esta actualización, como el plan original es un documento denso y complejo de muy difícil ejecución si previamente no se alcanzan los acuerdos políticos, territoriales y sociales necesarios (como ya se viene comprobando).
El conjunto supone un esfuerzo adicional en elevar la magnitud de los objetivos propuestos en su momento, entre los que se pueden señalar: Pasar de la reducción de GEI prevista para 2030 del 23% al 32%. En el porcentaje de renovables en generación eléctrica del 74 al 81%. En la reducción de la dependencia energética del 61 al 51% y en el porcentaje de renovables en el transporte pasar del 15 al 25%… entre otros; “señalando exclusivamente” la voluntad de acelerar el alcance de los objetivos. Simultáneamente y a la vez que se remite a la Comisión, se abre un proceso de información pública que debería ser aprovechado para perfeccionar el documento y propiciar la concertación. Se debe indicar que los objetivos para la Eólica Marina se mantienen (constatando la evidencia de que los existentes ya son de difícil consecución).
Hoy, los ejemplos señalados tratan de objetivar que la Estrategia Climática para ser eficiente requiere de impulso horizontal por un conjunto de procesos fruto de acuerdos lo más amplios posibles. Estos consensos deben ser promovidos, trabajados y cuidados permanentemente, porque no son fáciles y tienen costes sociales y económicos difíciles de distribuir y aceptar. En el propio MITECO convive la tensión permanente entre la voluntad de acelerar la consecución de los objetivos climáticos y la de conservación medioambiental que deben ser materializadas de forma paralela (los POEM elaborados y revisados por dos de sus Direcciones Generales han sido un ejemplo claro).
En el Real Decreto-ley se señala que en la actualidad en todo el territorio nacional hay proyectos renovables que suman 43 GW de potencia y que deben obtener la autorización de construcción antes del próximo 25 de julio, en caso contrario, decaerán y deberán volver a iniciar toda la tramitación administrativa. Cuando se forzó (hace un mes), para resolver las declaraciones de impacto ambiental (día que permitió llegar hasta aquí), todos los implicados tenían el conocimiento claro de que los plazos no eran en general básicamente cumplibles, lo que como el propio texto señala es consecuencia de: “aplicar el régimen de protección ambiental español entre los más restrictivos de la Unión Europea” (que es lo mismo que decir de los más restrictivos del mundo), es claro que el perfeccionamiento del marco jurídico administrativo y la dotación de medios materiales y humanos suficientes que permitan plazos ajustados a las necesidades (sin merma del sistema de control ambiental), debe ser objetivo central de la máxima urgencia y consenso político.
La horizontalidad que debe impulsar y que requieren las Estrategias como la Energética se evidencia de forma casual en la referencia de este Consejo de Ministros, donde entre las 30 nuevas cualificaciones profesionales aprobadas se incluyen: operaciones y mantenimiento de centrales eléctricas, gestión de operaciones centrales solares termoeléctricas, montaje y mantenimiento de instalaciones eólicas y desarrollo de proyectos de instalaciones térmicas. Que dan respuesta a necesidades contrastadas señalando la conveniencia de conexión de la formación con las necesidades futuras.
Debemos reseñar aquí, un textualmente pequeño acuerdo del Consejo de Ministros, por el que se aprueba una Línea de Avales del Estado para financiar las operaciones de crédito, destinada a la renovación de la flota “controlada por armadores españoles” para mejorar su rendimiento medioambiental. Lo que viene a ser una ayuda evidente para el Sector, pero que reconoce explícitamente el abanderamiento de la flota nacional fuera del pabellón español (principalmente en Madeira) en detrimento del Registro Canario (REBECA), consecuencia de la dejación en articular condiciones y procedimientos administrativos (al menos similares a los portugueses), desaprovechando así el marco de las ventajas adicionales que podría aportar el Régimen Económico Fiscal de Canarias, para materializar el que podría ser uno de los pabellones internacionales más atractivos. Un ejemplo más para mostrar que las oportunidades por muy específicas que sean (para Canarias) no generarán valor si no se hace el trabajo necesario.