El próximo viernes 26 de abril se cumplirán 35 años de la aprobación en el Parlamento de Canarias de la Ley de Reorganización Universitaria de Canarias, responsable de la creación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), mediante la reorganizaron de los centros académicos existentes, distribuyéndolos por situación geográfica entre la Universidad de la Laguna (ULL) y la recién creada ULPGC.
Cualquier aniversario de hechos relevantes como lo es este, puede ser adecuado para hacer una reflexión, aunque también lo es que el significado de cada aniversario va cambiando con el paso del tiempo.
Personalmente formé parte del núcleo de personas concernidas directamente en el proceso, participando como último presidente del Consejo Social de la Universidad Politécnica de Canarias (que conceptualmente desaparecía) y el primero de la recién creada Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. En aquel momento la elección del presidente en las universidades canarias era una excepción en el país, ya que se realizaba directamente por y entre los miembros de cada Consejo Social (en la actualidad se hace en todas igual, por designación directa del Gobierno Autonómico).
El nombramiento por elección aumenta de forma objetiva y sustancial la responsabilidad personal del electo y en mi caso tuve una percepción muy clara de la transcendencia, no solo en relación con las decisiones concretas que se adoptaban en aquel momento, sino por las consecuencias que estas tendrían en el futuro.
Creo con total certeza que la educación en su conjunto y la universitaria en concreto, han sido claves para el desarrollo de todas las sociedades y lo van a ser más en un futuro altamente tecnificado, que debe hacer posible la subsistencia de la humanidad de forma compatible con el equilibrio medioambiental global del planeta.
La aprobación de la Ley se vivió en Gran Canaria con satisfacción, fundamentalmente porque venía a resolver una situación descabellada en cuanto a la oferta de estudios en la isla y a la precariedad con que se prestaban los estudios universitarios que dependían de la ULL.
Este éxito como todos los éxitos ha sido objeto de reivindicación por muchas de las personas e instituciones que de alguna forma ayudaron a que finalmente se consiguiera y es absolutamente cierto que el apoyo social era prácticamente total. Los reconocidos han sido muchos, justamente en proporción a la magnitud de los apoyos que hicieron posible el logro, aunque personalmente creo que sigue existiendo una deuda de reconocimiento con el doctor D. Juan Díaz que fue pieza clave, no por ocupar una posición político-administrativa circunstancial, sino por una convicción personal profunda sobre la necesidad de disponer de una universidad en Gran Canaria, mantenida activamente de forma continuada durante decenas de años (puedo señalar directamente los trabajos desarrollados por él desde los años sesenta en el Museo Canario, para impulsar la creación de una “Universidad de Pesca” en Gran Canaria, que sirvieron mucho tiempo después como referencia para dar soporte a la creación de la Facultad de Ciencias del Mar).
Los 35 años que ahora se alcanzan en el qué los mayores de aquel momento empiezan a dejarnos (hace pocas fechas Lorenzo Olarte, que firmó la Ley como presidente del Gobierno de Canarias) y el tiempo transcurrido de una generación, permite valorar en qué medida la ULPGC ha venido a satisfacer la demanda social que impulsó su creación.
No pretendo hacer aquí un balance cuantitativo apoyado en datos y estadísticas, sino un análisis cualitativo y subjetivo basado en sensaciones y percepciones propias de cuáles han sido las consecuencias de la reorganización universitaria que la Ley determinó, para el sistema educativo en Gran Canaria y en Canarias en general.
Por despejar una primera valoración: la oposición a la solución argumentaba que el desmantelamiento y la desorganización que suponía para la Universidad de la Laguna la creación de otra en Gran Canaria (perdiendo su implantación allí), iba a ser un daño importante a muy largo plazo, quizás irreparable. La realidad es que en Canarias hay dos universidades de dimensiones e impacto muy parecido, sin que se hayan evidenciado consecuencias negativas significativas.
La cuestión inmediata para responder es si la solución aportada dio satisfacción a la “demanda social” que la impulsó, aquí se puede responder sin duda: que se ha conseguido el nivel cuantitativo y cualitativo similar al que se aporta desde la ULL y desde la mayoría de las universidades comparables en España. Esta normalización alcanzada que era el objetivo central de la reivindicación, sin embargo, no ha permitido desarrollar lo que a la mayor parte de los implicados en aquel momento nos parecía un valor singular con muchas perspectivas: la estrecha y muy amplia relación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria con su entorno social.
Como baremo objetivo, recuerdo la desproporción en aquellos años en la asistencia a los actos anuales de apertura del curso de la ULPGC en Las Palmas (multitud de peticiones de plaza para asistir que no podían ser atendidas, estando cubierto siempre el 100% del aforo disponible), frente a las aperturas en el Paraninfo de La Laguna con abundancia de sitios disponibles, como viene ahora a ocurrir en la ULPGC. Es verdad que encontrar la fórmula de cómo poner en valor recíproco la interacción Universidad/Sociedad privilegiada que existió en los años iniciales, no es fácil de hacer (tampoco son conocidos otros ejemplos en el país).
Ahora es fácil afirmar que la creación de la ULPGC fue un acierto, que vino a satisfacer una necesidad social existente y claramente percibida por la sociedad y que la universidad conseguida se corresponde bien con el nivel de otras universidades públicas españolas similares (franja media).
Esta realidad se encuentra en gran medida condicionada por la financiación de las universidades en Canarias, que no alcanza para dar soporte a las necesidades y potencialidades que les permitan ser parte del impulso imprescindible, dirigido a tratar que la sociedad canaria pueda alcanzar las rentas necesarias para conseguir niveles de vida medios, alejados de los últimos lugares nacionales y europeos.
Tener un coste de matrícula de los más bajos (sino el más bajo del país), es sin duda necesario por la situación social, pero debe ser acompañado por una financiación al menos equivalente a la disminución de los ingresos que el valor real de las matrículas supone.
Al soporte económico se añade como condicionante en gran medida las consecuencias del marco legal y regulatorio específico, que ni siquiera el recién aprobado el año pasado propicia un tipo de universidades nuevas, más adaptadas a las necesidades actuales y más importante: a las futuras, para lo que se requiere, como primera y crítica condición una gobernanza más abierta y parecida a las mejores referencias del entorno
El aniversario también puede y desde mi punto de vista debe, propiciar una revisión de la situación y una nueva propuesta de universidad de futuro en la que se debería volver a contar con una interacción y soporte socialmente alto, probablemente imposible conseguir numéricamente el inicial, pero suficiente cualitativamente para tratar de vincular el futuro de la ULPGC a las circunstancias propias de contexto local y a las europeas e internacionales
